En su 25 aniversario, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mostró músculo con una Raquel Buenrostro que ha colocado el mote de “fiscal de hierro” en nueva dimensión: no importa quién seas o a quién conozcas, la mano de la aguerrida jefa de esta unidad de Hacienda va a caer con todo su peso.
Cuando se habla de la jefa del SAT y de los alcances que tiene, lo mismo dentro del organismo que hacia afuera, esto incluye al Poder Judicial y órganos jurisdiccionales que a menudo siguen el rumbo que establece la autoridad fiscal.
La hazaña de haber recaudado, en tres años, 86% lo que Enrique Peña Nieto obtuvo en todo su sexenio de los grandes contribuyentes es digno de presumir, aunque mucho de ello se sostiene de lo que se conoce como recaudación secundaria: aquella que proviene de juicios contenciosos y no de un crecimiento económico.
En otras palabras, el SAT se está dedicando a exprimir a las grandes empresas, a pesar de la crisis que enfrentaron por la pandemia, el aumento de los salarios, la escalada de los precios de materias primas por la guerra en Ucrania y el incremento de las tasas de interés.
En una economía que se desacelera y se vuelve menos productiva, la mano de la fiscal de hierro sigue cayendo sobre los que más tienen, por dos cosas: justicia social –que en parte tiene razón– y porque la directriz del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido “cobrarles a todos los ricos lo que deben y lo que tienen pagar de impuestos”.
A esta tarea se han sumado jueces y magistrados, quienes en la mayoría de los casos suelen fallar en favor del sistema tributario, con argumentos legales que en algunos casos difícilmente se sostienen en un profundo análisis jurídico.
El caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es bastante revelador, con magistrados que son objeto de investigaciones por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Difícilmente pueden resolverse casos a favor de los particulares cuando sobre los impartidores de justicia pende la espada de Damocles, que en cualquier momento puede detonarles un proceso judicial.
Se dice que de la misma presidencia del TFJA, que encabeza Rafael Anzures, surgieron los expedientes que hoy tienen en vilo a sus compañeros de la Sala Superior, y que sirve para presionar cada una de sus decisiones.
No fue sorpresa que, en este contexto, se diera a conocer que la española Iberdrola tiene cinco días hábiles para garantizar el pago de la multa de 9 mil 145 millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía, la más alta del sector en la historia.
Tampoco es fortuito el embargo a cuentas bancarias del corporativo Alsea, por el cobro de un crédito fiscal de 3 mil 881 millones de pesos, aun cuando la compañía tenía una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para suspender su cobro.
Son ya casi 300 mil millones de pesos los que el gobierno ha incorporado a su recaudación a través del cobro de créditos fiscales, de juicios contenciosos y presión judicial.
Faltan por recuperar unos 200 mil millones de pesos que vendrán precisamente de estos procedimientos.
El proyecto parece que alcanzará para cerrar con buenos números en el sexenio, pero compromete una recaudación a futuro que no consideró el tema de la sostenibilidad, aunque la jefa del SAT aseguró que de ahora en adelante los grandes contribuyentes van a pagar más y más impuestos.
En este o en el siguiente sexenio –porque muy probablemente Morena resultará vencedor en el 2024–, será difícil mantener esos datos de recaudación con un sector empresarial muy golpeado por la fiscalización y persecución de la que, en privado, se quejan todos los multimillonarios del Consejo Mexicano de Negocios.
Posdata
Ayer fue citado por la Fiscalía General Militar el general de Brigada Mauricio Ávila Medina para comparecer con carácter de indiciado este 7 de julio. El general en retiro ha sido crítico con el gobierno del presidente López Obrador y con las labores adicionales que se le han encomendado a las Fuerzas Armadas.
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