En la trama de Adán Augusto López, su cuñado, el exgobernador de Chiapas, también aparece como un personaje principal. No es coincidencia que durante su mandato se haya disparado la violencia y la inseguridad en el estado, ni que las denuncias por corrupción y enriquecimiento ilícito lo persigan incluso fuera del país. Bajo su gobierno, grupos criminales como La Barredora encontraron tierra fértil para expandirse en Chiapas, en un escenario de impunidad y complicidad institucional. Hoy, Rutilio Escandón vive “refugiado” en Coral Gables, el corazón diplomático y financiero del sur de Florida, donde despacha como cónsul general de México en Miami. Pero su estancia podría no durar mucho tras varias denuncias en su contra, pues está denunciado por irregularidades, corrupción y enriquecimiento inexplicable.
Hace unos días, el periodista Jorge García Orozco documentó que el chiapaneco declaró ingresos anuales por casi 1.5 millones de pesos y una fortuna con 17 propiedades, entre casas, terrenos y un rancho de 320 mil metros cuadrados. Según su declaración patrimonial, obtiene más de 2.4 millones de pesos al año en rentas. Y mientras en Chiapas la pobreza, la violencia y la corrupción se disparaban durante su sexenio, hoy el cuñado de Adán Augusto López vive como rey en Florida.
A esto se suma la red de contratistas favorecidos por licitaciones amañadas, entre ellos ALZ Construcciones S.A. de C.V., que recibió 14 contratos por más de mil 200 millones de pesos de la administración de Escandón. Muchos de esos procesos duraron menos de diez días y fueron aprobados con anticipos millonarios; las obras, en su mayoría, quedaron inconclusas o con defectos graves.
El sexenio pasado fue de terror para los chiapanecos. El estado cerró el 2024 con más de mil homicidios —un aumento del 53 % frente al año anterior— y miles de desplazados por la violencia. Municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo o La Concordia se convirtieron en corredores del crimen. Según testimonios de exautoridades locales, La Barredora se asentó en la región desde 2019, operando bajo la mirada permisiva del gobierno estatal. El político chiapaneco, Willy Ochoa, lo resumió así: “El crimen organizado no entra solo. Entra cuando hay omisión, complicidad o cobardía desde el poder. Y eso fue exactamente lo que ocurrió bajo el gobierno de Rutilio Escandón”.
Los documentos filtrados por Guacamaya Leaks confirmaron que La Barredora, nacida en Tabasco bajo la protección del entonces secretario de Seguridad estatal, Hernán Bermúdez, extendió su red hacia Chiapas durante el mandato de Escandón. Y en julio de 2025, el portal Breitbart News, cercano a Donald Trump, publicó un reportaje donde se mencionaba directamente a Escandón, vinculándolo con la permisividad del crimen organizado.
La Auditoría Superior de la Federación detectó múltiples observaciones de daño patrimonial y opacidad en el gasto público de Chiapas, durante el mandato de Escandón. En salud, los desvíos alcanzaron cientos de millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; en infraestructura, los contratos se concentraron en unas cuantas empresas. En lugar de exigirle cuentas, Escandón recibió inmunidad diplomática.
Su nombramiento como cónsul general en Miami, anunciado en diciembre de 2024, fue interpretado como un premio político. Sin carrera diplomática, sin dominio de idiomas y sin experiencia internacional, Escandón fue enviado al puesto más rentable de la red consular mexicana en Estados Unidos. Miami no solo es enclave financiero y sede de comunidades de alto poder adquisitivo; es también una plaza de influencia para políticos latinoamericanos. En otras palabras, un refugio dorado.
Hoy, desde su oficina en 2555 Ponce de Leon Boulevard, el exgobernador goza de una posición que le garantiza inmunidad diplomática, sueldo en dólares y una vida cómoda en el sur de Florida. Goza de chofer, vehículo oficial y personal de apoyo administrativo costeado por el erario mexicano, lo que le permite mantener un nivel de vida alto.
Desde hace unos siete años, Escandón renta otra propiedad en Miami, destinada a su hijo Andrés, quien tiene la residencia estadounidense y además realizó sus estudios universitarios en esa ciudad. Andrés Escandón es identificado como miembro del Partido Republicano, participando en actividades locales y manteniendo un estilo de vida acomodado financiado en parte por su padre.
Su hija, María Escandón, ha sido vista en círculos sociales de Coral Gables y Brickell, y sus redes sociales muestran una vida de viajes, moda y exclusividad.
De acuerdo con datos de medios y registros públicos en México, el patrimonio declarado de Escandón supera los 16 millones de pesos, pero su fortuna real podría ser mucho mayor si se consideran empresas familiares, fideicomisos y rentas inmobiliarias.
El caso de Rutilio Escandón es un reflejo del deterioro ético y las contradicciones de la llamada Cuarta Transformación: un gobernador que dejó tras de sí violencia, pobreza y corrupción, y que terminó despachando en una de las ciudades más opulentas del mundo.
Posdata 1
Ayer di cuenta sobre las investigaciones en torno al empresario Fernando Padilla Farfán, uno de los hombres más cercanos a Adán Augusto López y, quizá, el más influyente en el sector salud durante el sexenio pasado. Su nombre aparece ligado a una red de contratos por más de 2 mil millones de pesos a través de empresas como FMedical, Aspen Construcciones y Línea Médica del Sur, que se convirtieron en proveedoras habituales de hospitales, unidades móviles y programas del IMSS-Bienestar.
Resulta que Padilla no solo hacía grandes negocios, sino política. Según altos funcionarios del gobierno federal, fue el orquestador de las campañas negras que intentaron dinamitar la permanencia de Zoé Robledo al frente del IMSS, cuando el grupo de Adán Augusto buscaba controlar las compras consolidadas del sector. En el instituto lo tienen bien identificado. El empresario que se movía entre Puebla, Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México, con la bendición del poder, hoy es un “fantasma”, dicen quienes lo veían seguido en las oficinas de gobierno… o en la Segob.
Posdata 2
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acaba de pasar una prueba de legitimidad que, aunque en apariencia fue un simple trámite laboral, tiene una profunda carga política en el nuevo contexto de la industria petrolera. Con más de 86% de votos a favor, los trabajadores de planta avalaron el convenio de modificación al contrato colectivo que regirá de 2025 a 2027. La consulta, realizada el 6 de octubre bajo el formato de voto personal, libre, secreto y directo que ordena el artículo 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo, instaló más de 190 casillas en todo el país.
El resultado refuerza el control de la actual dirigencia sindical, al mando de Ricardo Aldana, que ha sabido mantener la cohesión de base en momentos de tensiones internas y vigilancia externa. Detrás del alto porcentaje de aprobación se lee también un mensaje hacia Pemex y hacia la propia Secretaría del Trabajo: el sindicato sigue siendo una fuerza disciplinada, con capacidad de operación territorial y de movilización masiva, justo cuando el gobierno federal busca redefinir su relación con los gremios estratégicos.
Los números anticipan una nueva etapa para el Sindicato Petrolero, más cercana a la narrativa de “estabilidad laboral” que promueve la administración de Claudia Sheinbaum, en contraste con los años de fracturas y escándalos de corrupción que marcaron a la vieja guardia. El STPRM, por cierto, estuvo presente el domingo pasado en el informe de la presidenta en el Zócalo.
Posdata 3
El panista Erik Rihani González llegó a la alcaldía de Progreso con el discurso de renovación, pero a un año de gestión arrastra los mismos vicios que su antecesor, Julián Zacarías Curi. Las auditorías de la ASEY y la ASF documentaron más de 38.7 millones de pesos desviados de fondos federales —destinados originalmente a seguridad y alumbrado— hacia propaganda, imagen urbana y eventos.
El primer gran ejemplo está en el caso de las luminarias, un contrato de modernización de alumbrado público firmado en 2016 con la empresa Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial GG, S.A. de C.V., por el que el municipio adeuda más de 65 millones de pesos, con intereses y recargos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó una sentencia firme desde abril de 2022 que obliga al municipio a pagar, pero el gobierno de Rihani ha decidido ignorarla. Ni ha realizado el pago ni ha buscado un convenio de reestructuración.
Además, los vínculos con el huachicol han terminado de exponer el deterioro institucional. En septiembre del año pasado, fuerzas federales aseguraron más de 180 mil litros de combustible ilegal en un predio ubicado en el Polígono Industrial de Progreso, propiedad del exalcalde Zacarías Curi. Aunque éste se deslindó alegando que sólo lo rentó, el hallazgo conecta su patrimonio con una red de actividades ilícitas y refuerza las sospechas de financiamiento paralelo en campañas locales.
Rihani reubicó y ascendió a funcionarios señalados por observaciones de la ASEY, como Pedro Maldonado, acusado de contratos sin soporte, y Luis Alberto Álvarez Cetina, actual secretario técnico pese a cuestionamientos por obras infladas. El presupuesto 2024-2025 aumentó 15% en comunicación social y propaganda, mientras los servicios esenciales, como el alumbrado público, permanecen sin incremento real. Las adjudicaciones directas siguen fluyendo hacia los mismos proveedores vinculados a la administración anterior y a campañas del PAN.
@MarioMal