Donald Trump revivió las amenazas de imponer aranceles si México no cumple de inmediato con la entrega de agua a Estados Unidos bajo el Tratado de 1944. La presión llega en el momento en que el Congreso aprobó, en fast track y en medio de protestas del sector primario, dos reformas que reconfiguran por completo las reglas de la distribución del agua del país. La nueva Ley General de Aguas y los cambios a la Ley de Aguas Nacionales recentralizan el control del recurso en manos del gobierno federal y buscan desmantelar décadas de discrecionalidad, mercado negro y acaparamiento privado.
La dimensión del problema interno explica por qué la amenaza de Trump caló tan profundo. Hoy existen entre 514 mil y 537 mil concesiones de aguas nacionales vigentes, pero el dato clave es la concentración: el 70% del volumen está en manos del 7% de los concesionarios. Investigadores de la Ibero y Agua Para Todos identifican a unas 3 mil grandes cuentas privadas como las principales acaparadoras del recurso.
Detrás de esas cifras están actores industriales que moldearon por décadas el acceso al agua en México, desde agroindustrias con megapozos; inmobiliarias que transformaron permisos agrícolas en fraccionamientos; mineras de alto impacto hídrico como Grupo México; embotelladoras como Coca-Cola FEMSA —vinculada a la matriz estadounidense—; papeleras como Kimberly-Clark de México, ligada a Kimberly-Clark Corporation; y procesadoras de alimentos como Bachoco, Lala y Herdez.
Las reformas alteran ese negocio y ecosistema. Al eliminar la transmisibilidad de concesiones entre particulares, se corta el mercado secundario que permitió vender, rentar o especular con títulos de agua. La facultad exclusiva del Estado para otorgar, revocar o reasignar permisos convierte a Conagua, que encabeza Efraín Morales, un incondicional de la presidenta Sheinbaum, en un árbitro absoluto y obliga a los grandes usuarios a justificar volúmenes, eficiencia y destino del agua. Para industrias intensivas, como minería, bebidas, papel, agroindustria, esto implica la revisión más profunda en décadas y el riesgo de perder concesiones históricas si se detecta subuso, sobreexplotación o uso indebido.
A ello se suma un factor que explica parte del enojo en Estados Unidos. Las empresas de ese país instaladas en México, particularmente en alimentos, bebidas y manufactura ligera, también quedarían expuestas a restricciones o revisiones. Coca-Cola FEMSA, Kimberly-Clark y diversas agroindustrias integradas a cadenas norteamericanas dependen de concesiones amplias y renovadas por inercia. La recentralización y el nuevo Registro Nacional del Agua introducen un riesgo regulatorio que podría encarecer su operación o limitarla. Para ciertos sectores en Estados Unidos, las reformas amenazan la estabilidad de cadenas de suministro que cruzan la frontera todos los días.
Por el lado estadounidense, las presiones tampoco son solo diplomáticas. Texas enfrenta pérdidas severas por el incumplimiento de México en la entrega de agua del Río Bravo. Agricultores de cítricos, productores de caña —incluido el ingenio Santa Rosa, ya cerrado por falta de agua— y hortaliceros del Valle del Río Grande reportan daños por cientos de millones de dólares, en uno de los peores ciclos agrícolas en décadas. Este bloque económico y político exige a Trump medidas firmes y represalias comerciales, argumentando que México no cumple con sus obligaciones mientras modifica internamente el régimen hídrico.
La amenaza de aranceles de Estados Unidos también se entiende en el contexto en el que México está reordenando su sistema de concesiones y cuyo proceso puede alterar la disponibilidad binacional del recurso. Mientras el gobierno mexicano busca un acuerdo técnico urgente que evite represalias, las reformas avanzan hacia la primera auditoría hídrica integral del país… con todo y las consecuencias, buenas y malas, que eso va a generar.
Posdata 1
Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que “es imposible entregar la cantidad de agua que pide Estados Unidos” debido a la sequía prolongada en la frontera, y recordó que el Tratado de Aguas de 1944 contempla flexibilidad en condiciones extraordinarias como las actuales; sin embargo, afirmó que México ya comenzó a “compensar la deuda” con entregas anticipadas en 2025 y confió en que las negociaciones técnicas con Estados Unidos permitirán cumplir sin sacrificar el abasto interno.
Posdata 2
Televisa cerró la jornada del martes con un incremento de 2.6% en la BMV tras la confirmación de que analiza la compra de las operaciones de AT&T México, la cual, de concretarse, marcaría el mayor reacomodo del sector en una década.
La operación, impulsada por el aumento de liquidez y caja del grupo que co-presiden Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, busca reposicionar la operación de AT&T, ahora a través de izzi, y recortar sus pérdidas tras años de estancamiento en el país. El movimiento enfrenta todavía la revisión de la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional Antimonopolio que tendrán que ponderar el impacto en la competencia frente al gigante América Móvil, de Carlos Slim.
Televisa busca revitalizar su negocio de telecomunicaciones y ve en la operación de AT&T una plataforma móvil robusta que complemente su infraestructura fija. A esto se suma el interés de la compañía en profundizar su participación en el mercado convergente, donde ya compite con Izzi, Totalplay y Megacable. La absorción del negocio móvil de AT&T abriría la puerta a un jugador con mayor escala, más espectro y mejor capacidad de empaquetamiento, justo cuando la administración de Sheinbaum quiere acelerar la digitalización y la cobertura nacional.
En paralelo, la posible compra de Movistar México por parte de Virgin Mobile se inserta en la misma lógica de reconfiguración del ecosistema telecom. La salida gradual de Telefónica del país y la presión por mayores inversiones en redes han dejado espacio para operadores móviles virtuales que buscan nichos específicos, pero cuya consolidación es inevitable. Televisa y Virgin, cada una con modelos distintos, están tratando de reposicionarse en un mercado que se mueve hacia la convergencia total: contenidos, conectividad fija, móvil y servicios digitales integrados.
Posdata 3
La Bolsa Mexicana de Valores cerró este martes con una ganancia de 0.50%, empujada por emisoras como Genomma Lab, Volaris, FEMSA y Televisa. El impulso, sin embargo, contrastó con el tono mixto de Wall Street, donde los inversionistas están a la espera de las últimas señales económicas y, sobre todo, ante el mensaje que la Reserva Federal dará esta miércoles cuando se anticipa el tercer recorte de tasas del año.
El ánimo en Nueva York sigue dividido. Mientras el Nasdaq avanzó de forma moderada, el S&P 500 y el Dow Jones se mantuvieron prácticamente planos al cierre, con movimientos marginales, afectados por reportes corporativos que decepcionaron y la lectura de que la economía de Estados Unidos podría entrar en una desaceleración más marcada a inicios de 2026. Esa mezcla de datos y expectativas condiciona también el desempeño de las bolsas latinoamericanas, que absorben la volatilidad global al tiempo que lidian con sus propios riesgos políticos y fiscales.
Los mercados siguen operando bajo un clima frágil, donde cualquier signo restrictivo de la Fed o un mal dato de empleo puede borrar rápidamente las ganancias del día. Y en México, el verdadero termómetro llegará conforme se conozcan los planes fiscales y el tono de la negociación del T-MEC del próximo año, que serán determinantes para saber si este tipo de jornadas volátiles se mantendrán.
@MarioMal