A las quiebras e intervenciones de Grupo Famsa y Accendo Banco está a punto de sumarse una empresa que ya dejó de pagar a sus inversionistas y estuvo relacionada con el escándalo de los 800 millones de pesos que invirtió Segalmex en contra de las leyes de administración de recursos públicos: la firma Corafi-Escorfin, que encabezan René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García .
Se trata de dos empresas que operan en grupo mediante un esquema de emisiones de deuda privada, con una red de promotores bursátiles y jugosas comisiones que se ofrecen a tesoreros de los gobiernos estatales, fondos de pensiones estatales, sindicatos y universidades públicas. También se colaron al negocio con casas de bolsa a las que no han pagado. Se habla de que el tamaño de la deuda colocada en el mercado rebasa los 10 mil millones de pesos y las autoridades investigan si existe un esquema piramidal –conocido como ponzi– en el que no hay fuente de pago.
Por lo pronto, el mes pasado la empresa Escorfin, de Guzmán García, envió a sus clientes e inversionistas un aviso de reestructura en el que reconocen que no tienen solvencia para pagar los vencimientos ni intereses de los bonos, por lo que están suspendidos.
En su propuesta piden un plazo de entre uno y tres años para “presentar una reestructura integral que incluya todas las garantías legales y financieras, para que los flujos correspondientes al grupo se deriven directamente a nuestros tenedores”. En pocas palabras, lo que buscan es ganar tiempo, esperando un rescate y el cambio de sexenio y de autoridades financieras.
La propuesta para sus inversionistas es estructurar tres bonos: el primero por el 30%-40% a un plazo de cinco años, a fin de que los tenedores puedan tener acceso a un mercado secundario para estos papeles; el segundo por el 30%-40% a 10 años; y el tercero por el 20%-40% a 10 años también.
El grupo asegura que cuenta con un portafolio de 25 productos involucrados en el sector social, residencial, corporativo, comercial, hotelero y una reserva territorial con valor de 3 mil 500 millones de pesos y un valor neto de mil 750 millones. También expone que, con una colocación de alrededor de 600 millones en capital de trabajo y 450 millones en créditos de construcción, el portafolio pudiera tener un valor de hasta 7 mil 500 millones y un valor neto de 2 mil 500 millones.
Si se considera que por lo menos hay entre 3 mil y 4 mil millones de pesos colocados entre inversionistas de casas de bolsa, ni siquiera haciendo líquidos estos activos lograrían cubrir los pagos, sin mencionar los acuerdos que tiene con entidades de gobierno, como el Sindicato de Maestros y el Fondo de Pensiones del Estado de México.
En sus 10 años de operación, Escorfin ha estado involucrado en varios escándalos. Uno de ellos fue cómo se hizo del control de la Casa de Bolsa Bursamétrica. El fundador de la misma, Ernesto O’Farrill , acusa a Guzmán García, a su abogado Roberto Olea y a Raúl Garduño de haberlo despojado de esta ilegalmente.
El caso más sonado tiene que ver con la colocación de miles de millones de pesos provenientes del erario que empresas públicas y organismos autónomos hicieron en la bolsa de valores a través de intermediarios como Corafi y Escorfin. En el asunto de Liconsa, subsidiaria de Segalmex, ya se recuperaron 800 millones de pesos y fue vinculado a proceso a René Gavira , exdirector financiero de Segalmex.
Posdata
La serie documental ‘Caníbal, indignación total’ ha sido un éxito de audiencia. En los primeros cuatro capítulos transmitidos en el canal Las Estrellas, de Televisa, registró más de 22 millones de televidentes. Falta sumar el viernes. También se convirtió en el programa de TV más visto en el horario de las 11 de la noche. El Canal 22 registró un récord de 300 mil personas de audiencia. La serie aborda el delito de feminicidio y fue coproducida con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la historia de Andrés Filomeno Mendoza Celis , conocido como el “monstruo de Atizapán”.
CATEM se extiende a EU
La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que encabeza Pedro Haces , inauguró el jueves pasado su primera oficina en el extranjero. Fue en Washington, Estados Unidos, donde se pretende establecer contacto con los millones de trabajadores mexicanos que residen en este país, a quienes buscan afiliar y representar.
Esta oficina será un punto de encuentro para empresarios mexicanos con operaciones en Estados Unidos y Canadá.
Hace un par de semanas, la CATEM pidió afiliación a la Confederación Internacional Sindical con sede en Bruselas, Bélgica, pues México no tenía representación al haber sido expulsado de la Confederación Internacional Sindical por no cumplir con la reforma laboral.
La oficina de la CATEM en Estados Unidos tiene cinco objetivos: promover el capital humano mexicano; establecer un espacio para el cumplimiento del Capítulo 23 del T-MEC; implementar un punto de encuentro para empresarios mexicanos que invierten en Estados Unidos y Canadá, para los trabajadores; colaborar con las organizaciones sindicales de Estados Unidos; y establecer un vínculo con instituciones académicas, gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil para elaboración de planes de capacitación y desarrollo humano.
Esta Confederación obrera cuenta con 32 federaciones estatales y mil 189 sindicatos afiliados, con los cuales, en los últimos años se han firmado más de 16 protocolos de cooperación con diferentes organizaciones del mundo.
A reposición, compra en IMSS
En el IMSS, de Zoé Robledo , pusieron manos a la obra en cuanto a las inconformidades que llegan a la oficina del Órgano Interno de Control, a cargo de Salim Arturo Orcí Magaña . Así se observa en la resolución 00641/30.15/5128/2022 donde la autoridad concluyó que debe reponerse la compra de tóners por 20 millones de pesos que se llevó a cabo a inicios de año en Tamaulipas, pues estaba direccionada a beneficio de Lexmark, fabricante estadounidense, a cargo de Allen Waugerman .
Tal como se publicó en este espacio, el encargado de la Coordinación de Abastecimiento, David Adonai Cano , requirió cartuchos producidos en suelo mexicano y aunque los de Lexmark no son de origen nacional, sí se reensamblan en Ciudad Juárez, Chihuahua, característica que le valió ser elegida dentro de la propuesta presentada por Grupo Paliba, empresa relacionada a Lorenzo Bujaidar Blackaller que, según testimonios, tuvo acompañamiento personalizado del funcionario durante el desarrollo de la licitación pública nacional LA-050GYR018-E19-2022.
Entre las características de estos cartuchos está además que solo generaban 6 mil páginas y costaban 25% más que los adquiridos el año pasado, aunque los de 2021 tenían capacidad hasta para 18 mil páginas. Así, tras la resolución del titular del Área de Responsabilidades del OIC del IMSS, Gustavo Aguirre Lona , el siguiente paso es que el IMSS Tamaulipas realice un nuevo proceso, aunque en esta ocasión se espera que sea de corte internacional para incentivar la competencia y obtener mejores ofertas.
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