A una semana de que se cumpla el plazo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció para que el gobierno mexicano entregue resultados en el combate al tráfico de drogas y la migración, el panorama luce más que incierto. Si bien la administración de Claudia Sheinbaum ha logrado victorias en esta materia, los parámetros que se establecieron durante la última llamada entre mandatarios no son claros y los aranceles de 25% a los productos mexicanos siguen siendo una amenaza.
Este lunes, Trump volvió a amagar con la imposición de tarifas comerciales. “Estamos a tiempo con los aranceles, y parece que eso está avanzando muy rápidamente”, dijo en la Casa Blanca. “Hemos sido muy maltratados por muchos países, no sólo Canadá y México. Se han aprovechado de nosotros”, se victimizó.
Ayer, el gabinete de seguridad, que encabeza Omar García Harfuch, presentó los números que han arrojado los primeros 20 días del denominado “Operativo Frontera Norte”. El trabajo conjunto de la Guardia Nacional, el Ejército, la Armada de México y el Centro Nacional de Inteligencia ha derivado en la aprehensión de 746 personas vinculadas con el crimen organizado, el aseguramiento de 705 armas de fuego y el decomiso de casi 12 toneladas de droga, entre las que se incluyen unos 50 kilos de fentanilo.
Los resultados, aseguran fuentes involucradas en la estrategia, podrían considerarse de tipo “quirúrgico”, porque, a diferencia de los operativos en los que se buscaba descabezar a las organizaciones criminales, como en tiempos de Felipe Calderón, en esta ocasión se han colocado como objetivos a los llamados “generadores de violencia”, aquellos jefes de plaza o sicarios que representan el mayor peligro para la sociedad y que son fundamentales para la distribución o el paso de las drogas en sus respectivas regiones. Hasta ahora, las aprehensiones no han sido un detonante de mayor violencia.
También destaca en este trabajo conjunto la participación de la Fiscalía General de la República y de los Ministerios Públicos locales, que acompañan a las fuerzas de seguridad en los operativos para evitar esos errores judiciales que más adelante permitan a los criminales obtener su libertad. Se busca acabar con el fenómeno de la “puerta giratoria”, además de capacitar a los soldados, marinos y efectivos policiacos en el diseño de expedientes criminales que cumplan con todos los requisitos para que sus detenidos sean llevados con éxito ante un juez.
Son formas y datos que, en el discurso, Claudia Sheinbaum no quiere o no puede presumir del todo, porque sería acreditar que la estrategia de los “abrazos no balazos” de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, fue un rotundo fracaso; sin embargo, ante el escenario de crisis bilateral es momento de sacarlos a la luz. Llegó la hora de presumir los resultados en materia de seguridad que se han obtenido en los cinco primeros meses del sexenio, los que García Harfuch trae bajo el brazo y que han generado pérdidas financieras por más de 50 mil millones de pesos a los grupos criminales.
Hablamos de más de 10 mil personas detenidas por delitos de alto impacto, más de 90 toneladas de droga decomisadas y casi 5 mil armas de fuego aseguradas. A esto se suma que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Migración, en el último mes los flujos migratorios ilegales disminuyeron en cerca de 40% en la frontera norte del país y hasta 90% en la frontera sur. Los resultados a entregar a Estados Unidos parece ser aceptables, ahora habrá que ver cómo retumban ante los ojos de Trump, quien por cierto no ha movido un dedo para poner freno a la venta a granel de sus armerías.
Posdata 1
La cereza del pastel es, sin duda, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, a quien, según fuentes de seguridad de alto nivel, se tiene cercado tras los operativos de la semana pasada en los que las Fuerzas Armadas apresaron a Kevin Alonso Gil Acosta, alias “El 200”, responsable de la seguridad del hijo mayor de “El Chapo”, así como su operador financiero y mano derecha, José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito”.
Posdata 2
En poco más de 90 días tendrá lugar el proceso para elegir a cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se da por hecho que las tres ministras que buscan continuar en su cargo Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, cuentan con el respaldo para salir airosas en la jornada electoral.
La interrogante principal es quiénes podrían ser las otras dos mujeres que llegarían a la Corte, y entre las que ven con simpatía en los círculos de la 4T están Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR; Darlene Rojas, quien fuera titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la CDMX, y la magistrada Fabiana Estrada, cercana al ministro en retiro, Arturo Zaldívar.
En el caso de los hombres se escucha el nombre de Arístides Rodríguez, comisionado de Transparencia en la CDMX, y el actual consejero de la Judicatura, Sergio Molina.
Posdata 3
Nacional Financiera entregó un contrato por casi 40 millones de pesos a la empresa “Ingeniería del Agua y Medio Ambiente”, con el que se ampara la incorporación al organismo de Luis Antonio Ramírez Pineda de por los menos 49 representantes de la contratista para llevar a cabo un aproximado de 50 “servicios especializados no preponderantes”, entre ellos auditoría interna, contraloría interna, servicios, contabilidad, presupuesto, legal, mercadotecnia, administración de servicios, seguimiento de contratos, control de clientes, control de archivo y atención a clientes.
Los servicios comenzaron su vigencia en el primer día de este mes de febrero y concluirán hasta el 31 de marzo del 2026.
Llama la atención que, en su sitio web, la empresa que dirige Sergio García Romero parece especializarse en servicios relacionados con el tratamiento del agua y con el impacto ambiental, por lo que resulta extraño que sus colaboradores hayan sido seleccionados para llevar a cabo los “servicios especializados” detallados en el anexo técnico del contrato.
Posdata 4
Parte fundamental para la reconstrucción de Acapulco ha sido la comunicación fluida y permanente entre el sector empresarial y el gobierno de Guerrero.
En su reciente sesión extraordinaria de trabajo del Consejo Coordinador Empresarial Guerrero, su presidente Julián Urióstegui Carbajal, reconoció el trabajo y la disposición de diálogo y colaboración del gobierno de Evelyn Salgado.
Las acciones para mejorar la seguridad pública y crear un clima favorable para los negocios en el estado, son necesarias para impulsar el desarrollo económico y el fomento al turismo después de la devastación que dejaron los huracanes Otis y John.
@MarioMal