En los últimos meses, la Ciudad de México ha sido escenario de episodios que parecen tener un hilo conductor: la intención de desestabilizar al gobierno de Clara Brugada y minar sus posibilidades rumbo al 2030. No se trata de simples protestas o coincidencias por varios errores cometidos por la jefa de Gobierno. Los cabos sueltos en realidad apuntan hacia un nombre conocido, un político hábil y curtido en la confrontación: Martí Batres. El exjefe interino de Gobierno y actual director general del ISSSTE ha reaparecido como el presunto responsable de una serie de movimientos que, desde la CNTE hasta los colectivos antisistema y los grupos estudiantiles de la UNAM buscan evidenciar la imagen de una capital en crisis. Su operador de confianza, el secretario de Gobierno capitalino César Cravioto, funge como el engrane táctico de una maquinaria que actúa a la sombra del Palacio del Ayuntamiento.
Tres episodios recientes sirven como ejemplo. La reactivación radical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el movimiento emergente contra la gentrificación y los disturbios del pasado 2 de octubre, cuando casi un centenar de policías resultaron heridos. Ninguno parece responder a causas genuinas o coyunturales; todos confluyen en un mismo efecto, que es el de deteriorar la imagen de la CDMX como una ciudad estable y segura, justo a meses de que se convierta nuevamente en sede de la Copa del Mundo.
A ello se suma la efervescencia inducida en la UNAM. En varias preparatorias, CCH y facultades se han detectado células que intentan revivir la narrativa de los setentas y ochentas, esa mezcla de insurrección estudiantil y represión policial y militar, para provocar una respuesta autoritaria. Fuentes de inteligencia ya han documentado la participación del llamado Frente Joven por la Vivienda, un grupo que conecta tanto con el movimiento antigentrificación como con liderazgos afines a la vieja estructura de Batres.
En el centro de esta trama aparece César Cravioto, actual secretario de Gobierno y responsable de la gobernabilidad en la capital. Su historial lo liga directamente con Batres: fue su subordinado cuando el ahora titular del ISSSTE encabezaba la Secretaría de Desarrollo Social con Marcelo Ebrard; lo acompañó como suplente en el Senado y ha sido su brazo político en momentos clave. De acuerdo con fuentes consultadas, cada crisis reciente —desde las protestas magisteriales hasta los desmanes urbanos— ha tenido una respuesta errática de Cravioto, que prefiere culpar a otros miembros del gabinete o minimizar los hechos. Esa actitud escurridiza y omisa sería parte del plan para desgastar a Brugada y su primer círculo.
Las protestas de la CNTE, lejos de centrarse en demandas educativas, tienen como detonante una iniciativa de reforma al marco normativo del ISSSTE promovida por el propio Martí Batres. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum terminó por retirarla públicamente, el daño estaba hecho: el movimiento se encendió y las movilizaciones continuaron. No es la primera vez que Batres y la CNTE convergen. Sus lazos datan de la época en que René Bejarano lo introdujo al mundo de la política magisterial. Aquel vínculo de confianza y clientelismo ideológico se mantiene vivo, ahora revestido de un discurso de justicia social y resistencia burocrática. Además, desde su posición en el ISSSTE, Batres alentó la permanencia de un plantón que durante varios meses se mantuvo frente a Palacio Nacional, utilizando a extrabajadores y pensionados inconformes como herramienta de presión política, un recordatorio para el gobierno federal de que puede mover bases y agitar las calles cuando le convenga.
Antes de ser funcionario, Batres fue promotor de vivienda popular y ocupador de predios. En la organización Benita Galeana, donde está otro de sus aliados, el diputado local Gerardo Villanueva, aprendió a capitalizar el descontento urbano y a canalizarlo hacia objetivos políticos. Desde esa misma estructura se han impulsado las protestas contra la gentrificación y los ataques a comercios y estaciones del Metrobús. La fórmula es encender conflictos sociales, posicionar a sus operadores como intermediarios y luego negociar políticamente la “pacificación”. Es una vieja táctica de manual que Batres ha perfeccionado durante tres décadas de militancia.
Los disturbios del 2 de octubre fueron el punto de quiebre. Más de 800 personas movilizadas desde Ciudad Universitaria buscaron provocar una reacción represiva que evocara los fantasmas del 68. Batres, formado en la izquierda universitaria, sabe perfectamente qué resortes emocionales tocar para reavivar la indignación estudiantil y generar titulares adversos.
Todo indica que detrás de estas maniobras no hay un interés ideológico, sino estratégico. Martí Batres busca descarrilar el eventual proyecto presidencial de Clara Brugada y posicionarse como el líder del ala más radical de la Cuarta Transformación. Desde el ISSSTE, con poder presupuestal, una base sindical numerosa y una estructura administrativa con presencia nacional, teje una red paralela de influencia. Cravioto funge como su enlace en el gobierno capitalino; la CNTE, como su músculo de presión; y los colectivos urbanos, como su brazo social. El caos como vehículo de poder.
Sin embargo, el plan podría salirse de control. El endurecimiento de las protestas y la creciente violencia en las calles amenazan con desbordar la gobernabilidad de la ciudad y, por extensión, la imagen de estabilidad que busca proyectar el nuevo gobierno federal. En Palacio Nacional ya hay preocupación. Algunos cercanos a Sheinbaum reconocen que “la capital se le está incendiando desde dentro” y que los mismos cuadros que fueron útiles para ganar elecciones hoy representan un riesgo para la continuidad política de la 4T. Martí Batres, el eterno militante de la izquierda dura, parece haber retomado su papel histórico: el del agitador que se mueve entre las instituciones y la calle, entre el poder y la protesta. Pero esta vez, el costo podría ser demasiado alto por el Mundial de futbol.
No sería la primera vez que Batres usa la agitación como plataforma política. Él se atribuye haber descarrilado la candidatura de Omar García Harfuch a la jefatura de Gobierno, y considera que esa maniobra le dio derecho a sentirse dueño del gobierno de la CDMX. La pregunta ahora es si, en su intento por volver al centro del poder, no terminará convirtiéndose en el principal enemigo interno de la 4T.
Posdata 1
Este fin de semana trascendió que el gobierno de Estados Unidos habría cancelado la visa del exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, expriista y hoy uno de los agitadores políticos en el estado. El exmandatario tenía previsto participar en el Maratón de Chicago este domingo, pero según el periodista Ezequiel Flores, corresponsal de Proceso, no habría sido posible por la apertura de una investigación en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Astudillo reside actualmente en la Ciudad de México, en mansiones ubicadas en zonas de alta plusvalía como San Jerónimo, Lomas de Chapultepec y Santa Fe.
La noticia coincide con un hecho reciente que refuerza las sospechas sobre las redes financieras construidas durante su administración. El pasado 15 de agosto, agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron en la autopista Acapulco–Chilpancingo a Luis Alberto Hernández Santos, exoperador político de Astudillo y contratista de obra pública. Está siendo investigado por delincuencia organizada, lavado de dinero y trata de personas, delitos que, de acuerdo con las fuentes, podrían estar vinculados a una estructura más amplia de desvío y triangulación de recursos.
La detención de Hernández Santos y la presunta revocación de visa al exgobernador exhiben una red de complicidades entre políticos y empresarios que habría prosperado bajo la sombra del poder estatal y que ahora empieza a salir a la luz. Las investigaciones apuntan a que varias de esas empresas continuaron beneficiándose incluso después de que Astudillo dejó el cargo.
Posdata 2
La historia del Ingenio de Puga, en Nayarit, se ha convertido en un espejo de las viejas prácticas donde el poder financiero y político se entrelazan bajo el discurso del rescate económico. La Comisión Federal de Competencia Económica autorizó la adquisición de activos por parte de Altor Capital, pese a las dudas de miles de familias que directa e indirectamente han sido afectadas en esta historia.
El fallo de la Cofece abrió la puerta a un nuevo ciclo de control financiero sobre una empresa que llegó a emplear a más de 2 mil trabajadores y que fue símbolo de la agroindustria azucarera en el Pacífico mexicano.
Detrás de la operación persisten dudas entre los extrabajadores, productores cañeros y comunidades que dependen de la planta. La influencia de Altor Capital en el caso del Ingenio va más allá de una simple adquisición: representa la expansión de un fondo que se mueve en los márgenes del poder político y financiero para capitalizar activos en crisis.
Posdata 3
El nombre de Manuel Rodríguez Arregui, bastante conocido durante el gobierno de Felipe Calderón por su papel como subsecretario de Comunicaciones y Transportes, vuelve a aparecer en el radar político y empresarial. Considerado uno de los pupilos del financiero Roberto Hernández, hoy demuestra que tomó un rumbo distinto.
Lejos de seguir los pasos de su antiguo mentor, el calderonista ha enfocado su atención en los intentos por revertir la última licitación de Capufe.
Hace tres semanas revelé que el exfuncionario fue visto en una reunión estratégica en la que se discutieron asuntos clave de la institución federal. El objetivo era respaldar a un grupo de contratistas con los que mantiene vínculos y que desde hace más de 20 años han prestado servicios en la red de autopistas y puentes de cuota.
Tras la salida de proveedores históricos, como Controles Electromecánicos, Rodríguez Arregui ha insistido en cabildear fuerte. Sin embargo, su influencia se ha ido desvaneciendo, pues la exclusión de las empresas a las que representa han presentado fallas en el mantenimiento de los equipos de peaje y telepeaje, además de incumplimientos contractuales que se venían arrastrando desde hace tiempo.
Posdata 4
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, inauguró la rehabilitación del andador de la avenida Revolución, en el corazón de Tijuana, una obra emblemática con inversión estatal de 25 millones de pesos. El proyecto incluyó la renovación de redes de agua potable, alcantarillado y pavimento entre las calles Cuarta y Sexta de la Zona Centro, tras más de cinco décadas sin intervención. En total, se colocaron 4 mil 550 metros cuadrados de concreto, mil 350 de piedra pórfido, cenefas de cuarzo, bancas, luminarias y nueva infraestructura eléctrica y de fibra óptica, en coordinación con el Ayuntamiento de Tijuana.
La mandataria morenista dijo que el proyecto busca revivir la vocación cultural y comercial del corredor turístico más emblemático de la frontera, con la incorporación de actividades artísticas, circenses y teatrales. La intervención también contempló la modernización del drenaje sanitario, cuyo sistema databa de hace más de medio siglo, y la instalación de una red pluvial para prevenir encharcamientos.
Con este proyecto, que es parte del programa estatal de revitalización urbana, el gobierno de Baja California busca replicar el modelo en los siete municipios del estado, bajo una visión que combine infraestructura, identidad cultural y cohesión social.
@MarioMal