Pablo Gómez cumple hoy 70 días de que fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en lugar de Santiago Nieto, y 54 días de haber sido ratificado por el Congreso. En este tiempo, la curva de aprendizaje ha sido muy larga y poco alentadora para quienes creían que el manejo político sería menor que con sus antecesores.
Esta oficina, que en teoría debe ser puramente técnica, se ha usado por prácticamente todos los gobiernos como una herramienta política de presión y extorsión. Y con Gómez al frente, ahora todo parece encaminado a lo que le dictan desde la Presidencia o la Fiscalía General de la República, pues como lo reconoció él mismo, la UIF “no sirve si no tiene un propósito político”.
Esa fue la pauta que marcó Gómez para sus labores en la UIF, consideradas por diversas tesis y resoluciones del Poder Judicial como de seguridad nacional, y reguladas por diversos convenios internacionales cuyos principales lineamientos están depositados en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
En el tiempo que lleva en el cargo, poco se ha escuchado en materia de investigaciones de operaciones financieras ilícitas. Apenas apareció la semana pasada para anunciar que la esposa del exgobernador Javier Duarte, Karime Macías, había ingresado a la Lista de Personas Bloqueadas. Previamente se escuchó que dio luz verde para solicitar información sobre 79 personajes públicos cuyos nombres figuran en las investigaciones sobre los capitales enviados a paraísos fiscales.
El político, eterno parlamentario, no acaba de agarrar los hilos de su nueva oficina, básicamente por desconocimiento de la técnica que tanto desdeña, por lo que ha dejado la estratégica operación de las indagatorias en uno de sus colaboradores más cercanos, Sandino Luna Almeida, quien se desempeñaba previamente como secretario técnico en la Mesa Directiva del Congreso de la Unión.
Mientras tanto, Pablo Gómez se dedica a hacer política y a mostrar a través de sus redes sociales el perfil comunista que le ha caracterizado a lo largo de su trayectoria. Muestra de ello son las manifestaciones que realizó a finales de la semana pasada sobre la venta del negocio de Banamex, en las que sugirió convertir a la institución bancaria en un banco mixto, con muchos capitalistas asociados y el Estado.
También se recuerda cuando defendió a los hijos del Presidente frente a las versiones periodísticas que los señalaban por enriquecimiento ilícito. El encargado de investigar esas presunciones se limitó a manifestar que “no nos merecemos esa prensa”.
El rol y las posturas de Pablo Gómez podrían ser los esperados por el presidente López Obrador, pero han causado preocupación entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos, quienes intentan construir una colaboración con sus pares mexicanos. De entrada, no es buen mensaje para la DEA o el FBI que las credenciales que el nuevo titular de la UIF ha querido presumir en su llegada a su nuevo encargo sean sus liderazgos dentro del Partido Comunista Mexicano y del Partido Mexicano Socialista.
Tampoco es buena señal que el nuevo funcionario tenga entre sus principales objetivos el modernizar un convenio de colaboración con la Fiscalía General de la República, en el que se contempla un acceso inmediato del Ministerio Público a las bases de datos en poder de la Secretaría de Hacienda.
Los contrapesos y la especialización son positivos en la administración pública, sobre todo cuando ésta empieza a ser copada por la política. El titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, debería tomar acuse de esto, pues hasta ahora ha brillado por su ausencia en la toma de decisiones, por ejemplo, en los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Subsecretaría de Egresos o la UIF. Tampoco se le ha visto activo en anuncios tan relevantes como la venta de Banamex. Los espacios vacíos del secretario en Hacienda los ha ido llenando el Presidente… imponiéndole políticos e incondicionales.
Banamex, van por fideicomiso
Como lo publicamos el viernes, una de las opciones más viables para la compra de Banamex es que sea a través de un fideicomiso integrado por distintos empresarios e inversionistas nacionales.
El fin de semana, el empresario regiomontano Javier Garza Calderón propuso conformar ese fideicomiso. El también fundador del organismo Empresarios por la 4T (E4T) busca incluir a varios inversionistas, junto con un equipo de analistas y especialistas nacionales e internacionales, para evaluar las líneas de negocio de CitiBanamex y hacer una oferta.
Garza Calderón estaría siendo impulsado por Alfonso Romo, el exjefe de la Oficina de la Presidencia y todavía cercano a Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, la idea de que un extranjero se quede los activos y el negocio de Banamex se ve cada vez más cuesta arriba, no sólo por el deseo de AMLO de “mexicanizar” al banco, sino por los dichos del canciller Marcelo Ebrard, sobre que el gobierno debería quedarse con el patrimonio cultural.
Crece comercio electrónico
Con la pandemia de Covid-19, el comercio electrónico se disparó. En México, este canal sumó ventas por 316 mil millones de pesos en 2020, lo que significó un crecimiento de 81% en comparación con 2019. Este rubro ha sido una de las apuestas del organismo NYCE, que acaba de entregar a la empresa mexicana TSI ARYL (Qualisys) el Dictamen de Conformidad por aprobar el proceso de evaluación de la Norma Mexicana NMX-COE-001-SCFI-2018.
La firma NYCE, que encabeza Carlos Pérez, ha utilizado el “Comercio Electrónico – Ofrecimiento, Comercialización, Venta de Bienes o Productos” para detonar su crecimiento. NMX es la primera que regula a detalle el comercio electrónico y establece las disposiciones que deben cumplir las personas físicas o morales que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios a través de los canales digitales, ya sea a través de sus páginas en internet o mediante algún intermediario como Shopify, Amazon y Mercado Libre.
La norma comprende una lista de recomendaciones con las mejores prácticas para entrar en el mercado digital y tener una estrategia en este ámbito. Además, busca enriquecer y fortalecer la protección a los diferentes intereses involucrados, desde usuarios, empresas y productores.
Valera inhabilitada busca contratos
La empresa Intec Medios de Pago, especializada en la emisión de tarjetas de servicios, monederos electrónicos de despensa, gasolina, bonos, alimentación y viáticos para entidades de gobierno y de la IP, a pesar de estar suspendida e inhabilitada, ha sido una activa participante en las licitaciones públicas.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) le revocó el año pasado el permiso para, precisamente, operar como emisora de monederos electrónicos de vales de despensa y demás.
Sin embargo, la empresa a cargo de Héctor Anaya presentó documentos para concursar en la licitación lanzada por el Conalep en Durango para proveer el servicio.
Hay otros antecedentes. A principios de 2020 también fue inhabilitada por la Contraloría Ciudadana del Gobierno de Zapopan para convenir contratos por un periodo de tres años.
@MarioMal
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