La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy cuidadosa en sus palabras y referencias hacia Andrés Manuel López Obrador, para quien ha pedido respeto y que lo dejen “descansar” en su aparente retiro en Chiapas, de manera tal que su imagen y legado no se vean manchados.
Sin embargo, Sheinbaum y otros integrantes de Morena podrían no tener las mismas concesiones con otros personajes que, por sus antecedentes y presuntos actos de corrupción, se han convertido en verdaderos lastres para el movimiento.
Desde Palacio Nacional se estaría buscando la manera de implementar una estrategia para desechar a personajes indeseables, entre ellos los exgobernadores de Veracruz y Morelos, Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco. Para dicho objetivo, Sheinbaum cuenta con el apoyo y la operación de las mandatarias en turno en esas entidades, quienes impulsan denuncias e investigaciones contra sus antecesores, principalmente por delitos relacionados con corrupción.
Hace unos días se confirmó en Veracruz que el llamado Órgano de Fiscalización Superior, encabezado por Delia González Cobos, tiene abiertos alrededor de 300 expedientes contra la administración de Cuitláhuac García, los cuales podrían derivar en denuncias penales por presunto daño patrimonial al estado. La afectación al erario veracruzano se calcula en más de 200 millones de pesos, entregados a un puñado de empresas fantasma.
La punta de lanza de las investigaciones es la razón social denominada Soluciones y Milagros, una empresa constituida el 9 de septiembre de 2019 bajo el régimen de Sociedad por Acciones Simplificada —el único que puede concretarse en internet, en 24 horas y sin intervención de un notario— y colocada como una proveedora recurrente de la Secretaría de Educación de Veracruz tan sólo tres meses después. El administrador de la firma es Mauricio Gómez Castañeda, un militante activo de Morena.
Las pesquisas tendrían el aval de la gobernadora veracruzana, Rocío Nahle, quien habría dado la instrucción de acelerarlas y “socializarlas” hace un par de semanas, justo cuando la presidenta anunciaba a regañadientes en Palacio Nacional la designación de García Jiménez como director general del Cenagas, donde se anticipan días negros por el desconocimiento del sector de su nuevo, y quizá fugaz, titular.
Algo parecido sucede en Morelos con la cruzada de la gobernadora Margarita González Saravia, quien comenzó a denunciar públicamente las irregularidades de su antecesor Cuauhtémoc Blanco. En este caso, se sabe de la animadversión que Sheinbaum tiene por el exfutbolista, a quien bloqueó en todos sus intentos de colarse a la política capitalina. Blanco enfrenta seis denuncias penales y administrativas, y otra por presunto abuso sexual.
Otro caso es el del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien ya debió haber sido relevado por el exgobernador interino de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, pero el cambio no se ha concretado porque estaría en riesgo de quedar desamparado y enfrentar a la justicia por la muerte de 40 personas en la estación migratoria de Chihuahua, en el sexenio de López Obrador.
El viernes pasado, Garduño logró suspender su proceso penal por la tragedia de Chihuahua, por lo que su “periodo de transición” con el que Sheinbaum justificó la presencia de dos directores en la dependencia que cambiará su nombre por el del Instituto de Apoyo a la Movilidad Humana terminará en breve.
Así como estos personajes, se irán sumando otros que dejaron de gobernar sus estados o de dirigir dependencias federales y que, pese a haberse integrado al gobierno de Sheinbaum o al Congreso como legisladores, se buscará defenestrarlos y, de ser posible, llevarlos a juicio.
Posdata 1
La suspensión de visas que ordenó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para funcionarios del gobierno de Colombia por haberse negado a recibir dos vuelos de deportación de migrantes de su país, es un mensaje para todos aquellos gobiernos que se resistan a recibir a sus connacionales.
Más aún, la aplicación de aranceles de 25% y 50% que anunció el presidente Donald Trump como medida de represalia contra Colombia.
México, uno de los que más migrantes recibirá, deberá ser muy cuidadoso y no tomar a la ligera esa situación, al tiempo que negocia con Estados Unidos otros temas relacionados a la seguridad fronteriza, el tráfico de drogas y la imposición.
Y como dijo un empresario este fin de semana en sus redes sociales: que los funcionarios de la 4T que tanto gustan de viajar a Estados Unidos de vacaciones, enviar a sus hijos a estudiar o residir por temporadas en este país vayan poniendo sus barbas a remojar.
Posdata 2
A propósito del tema, se asegura que los dos hijos del expresidente López Obrador que solían viajar o pasar largas estancias en California y Texas, hoy tienen prohibido pisar Estados Unidos.
José Ramón y Gonzalo López Beltrán fueron instruidos de no viajar a Estados Unidos, por lo menos durante el mandato de Trump. Ambos se asentaron por un tiempo en Texas y California, respectivamente. José Ramón en la polémica “Casa Gris” de un contratista de Pemex y Gonzalo mientras hacía trabajos para el equipo de los Gigantes de San Francisco.
En esta situación están muchos otros hijos e hijas de morenistas que, si bien no temen alguna represalia del gobierno de Trump, fueron instruidos por el movimiento de la 4T de abstenerse a enviarlos a estudiar o trabajar a Estados Unidos, simplemente porque está “mal visto” ahora que las relaciones están muy tensas.
Posdata 3
Empresas trasnacionales como Coca Cola, Pepsico y Grupo Modelo fueron víctimas de ataques a repartidores en Acapulco, Guerrero, por lo que suspendieron sus operaciones.
El gobierno de la morenista Evelyn Salgado instruyó intensificar las acciones para que se reanuden las actividades de las empresas.
Las autoridades estatales argumentaron que estos ataques fueron una respuesta de los delincuentes ante las detenciones que se han realizado de líderes provocadores de violencia en El Puerto, así como por el decomisos de drogas y armas que se han realizado de manera coordinada con el gobierno federal.
Posdata 4
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas llevó a cabo la audiencia inicial en contra del extitular de la pasada administración estatal de la Secretaría de Bienestar Social, Rómulo "N".
Como resultado de dicho procedimiento, el 24 de enero pasado se determinó su vinculación a proceso por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, y desempeño de funciones judiciales o administrativas.
El juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso.
Rómulo Garza fue secretario de Bienestar Social en el gobierno panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y, junto con otros ex funcionarios, están siendo investigados y denunciados por presuntos actos de corrupción y otros delitos.
@MarioMal
