La batalla por Banamex pasó de ser una simple transacción financiera a una guerra de poder entre dos visiones del capitalismo mexicano. De un lado, Fernando Chico Pardo, el money maker, con su estilo corporativo, disciplinado y su propuesta de apertura bursátil; y del otro, Germán Larrea, el magnate minero, discreto pero implacable, que ha decidido apostar buena parte de su patrimonio para quedarse con el banco más emblemático del país.
El viernes, Larrea, el segundo hombre más rico de México con una fortuna cercana a los 30 mil millones de dólares según Bloomberg, presentó una oferta vinculante por el 100% de Grupo Financiero Banamex, en efectivo. Inicialmente Larrea no busca socios, quiere control total. Su rival, Chico Pardo, con un patrimonio estimado en 2 mil 800 millones de dólares, lidera la otra propuesta: la compra del 25% y una Oferta Pública Inicial (OPI) que permitiría a Citi vender una parte del banco y poner a flotar el resto en los mercados, garantizando una transición “ordenada” y más digerible para el gobierno y los reguladores.
Citi, por ahora, parece más cómodo con la opción de Chico Pardo. En el banco estadounidense gustan las operaciones limpias, públicas y previsibles. En sus directivos se habla de que Banamex prefiere el modelo de OPI porque reduce riesgos políticos y de reputación. Pero como dirían los propios banqueros: money talks. Y Larrea habla el lenguaje del efectivo, con una oferta que podría alcanzar entre 7 mil y 10 mil millones de dólares, una cifra difícil de ignorar para los accionistas de Citi.
Chico Pardo (73 años) garantiza continuidad, regulación y una salida corporativa elegante, mientras que Larrea ofrece lo que más ansía Citi después de tres años de idas y vueltas: liquidez inmediata. El gigante estadounidense tiene compromisos con sus inversionistas de concretar la venta este año, y cualquier intento de priorizar lo “políticamente correcto” sobre lo económicamente conveniente podría abrirle un frente legal en Nueva York. Si Citi no vende al mejor postor, tendrá un problema fiduciario (fiduciary duty).
La historia tiene antecedentes. Larrea ya participó en la puja inicial durante el sexenio de López Obrador, cuando Citi empezó a explorar su salida de México. Su grupo conoce los pasivos, las resistencias y la compleja relación política que rodea a Banamex. No es una irrupción repentina, sino el regreso de un jugador que quiere a Banamex al costo que sea. Su conglomerado empresarial deslistó recientemente a Grupo México Transportes, en una operación valuada en más de 35 mil millones de pesos.
Larrea (71 años) busca coronar su carrera con una jugada maestra: pasar de ser el rey del cobre al banquero improbable. Si gana, no solo se convertirá en uno de los financieros más poderosos de México, sino en el empresario que logró reunir bajo su control a tres pilares del desarrollo nacional: minería, transporte y banca. Es, en esencia, el retorno del empresario total, de la élite industrial al sector financiero del país.
Chico Pardo tiene otro estilo. Formado en el ecosistema de las casas de bolsa y los fondos de inversión, con su “joya de la corona” Asur y su participación en puertos con SSA Marine, apuesta por un Banamex más moderno, transparente y abierto al mercado. Su plan de OPI propone un banco con participación pública y presencia bursátil, una estructura que, según Citi, facilitaría la supervisión de la CNBV y calmaría las aguas políticas. Sin embargo, el modelo conlleva riesgos: es más lento, depende del apetito de los inversionistas y podría dejar menos dinero en la caja.
Lo curioso de todo esto es que el propio Chico Pardo ya ha intentado hacer este tipo de ofertas hostiles en México. Hace más de una década protagonizó una de las ofensivas más recordadas del mundo corporativo mexicano: un intento de take over para quedarse con el control de Gruma, el gigante global de la harina de maíz. La jugada terminó frustrada cuando la familia Hank y los herederos de don Roberto González Barrera se interpusieron con una contraofensiva que blindó la empresa.
Detrás de Banamex no hay solo cuentas, clientes y sucursales, sino muchos símbolos. El banco fundado en 1884 representa la vieja élite financiera mexicana, aquella que cruzó por las épocas de estatizaciones, privatizaciones y la globalización. Ahora, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, su destino se ha vuelto una cuestión política. La venta será también un gesto sobre el tipo de capitalismo que la 4T quiere para México en los próximos años.
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“Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia.” Ese fue el mensaje que debió calar hondo tanto a adversarios como a militantes de la llamada Cuarta Transformación, durante el mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino con motivo de su primer año de gobierno. La frase fue una advertencia interna: la presidenta habló de lealtad al movimiento y de no repetir viejos vicios.
Sheinbaum también reclamó unidad frente a quienes, dijo, “han tratado de separarnos, de romper el objetivo de nuestro movimiento, pero eso no va a ocurrir, porque hay valores, hay honestidad, justicia y amor al pueblo de México”.
El discurso giró entonces hacia el referente inevitable: Andrés Manuel López Obrador. “Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió, nunca se rindió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios. Y escúchenlo bien: su Presidenta tampoco lo hará, porque tenemos convicciones, tenemos principios”, expresó.
Sheinbaum dedicó buena parte de su mensaje a hablar de la base social del movimiento. Habló de los 13 millones de personas mayores de 65 años que reciben su pensión; los 1.6 millones de personas con discapacidad que están amparadas por apoyos; los 3.9 millones de estudiantes que cuentan con beca universal por asistir a preparatoria pública; los 2.2 millones de familias con hijos en primaria que reciben becas educativas; los 400 mil universitarios que reciben apoyo económico; y las 63 mil escuelas que participan en La Escuela es Nuestra. Para la presidenta, esas transferencias no son dádivas, sino “justicia social” y prueba de que “se acabó la compra del voto”.
Hablando de dádivas y movilizaciones, al Zócalo lo abarrotaron las centrales obreras y los sindicatos, cuyos integrantes ondearon banderas, pancartas, estructuras inflables y los sellos de la CROC, la Catem y otras. Los más visibles fueron los de la central obrera liderada por Pedro Haces, quien mantiene una relación ambigua con el poder: se define como “soldado de la 4T” y presume cercanía con Palacio Nacional, aunque se asegura que no es del agrado de la presidenta. Aun así, la Catem se ha convertido en un brazo útil de movilización política y propaganda popular.
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El momento más comentado del evento en el Zócalo no fue el discurso, sino el abrazo. Previo al inicio de la ceremonia por su primer año de gobierno, y detrás de las vallas, Adán Augusto López y Andy López Beltrán se fundían en un gesto efusivo. El abrazo simbolizaba la cercanía de dos figuras que comparten algo más que un apellido político. Ambos arrastran señalamientos de viajes lujosos, relaciones incómodas con contratistas del gobierno y nombres que aparecen en carpetas judiciales vinculadas al huachicol y al tráfico de influencias. Juntos escucharon el discurso de la presidenta que apuntaba contra la opulencia y la corrupción.
Desde el templete, Sheinbaum hizo retumbar la siguiente frase: “Encabezaremos un gobierno honesto, honrado, sin influyentismos ni nepotismos, corrupción o impunidad”, y añadió: “Quienes nos conocemos sabemos que somos implacables contra cualquier acto de corrupción.” Las frases resonaron mientras el video del abrazo se propagaba en las redes. Así, mientras la presidenta apelaba a la ética republicana y a la austeridad franciscana, los viejos aliados del movimiento reaparecían juntos, sonrientes, en la arenga pública. Y todo, un día después de que el New York Times titulara una de sus notas de portada así: “El partido de los pobres luce relojes de lujo y viaja en primera clase… el partido que prometió austeridad se ahoga en su propia opulencia.” La contradicción, decía el diario, ya provoca “frustración y decepción” entre votantes que creyeron en el cambio.
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El actual subdirector de Operación Financiera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Francisco Edmundo Munguía Varela, fue acusado por actos de corrupción en dos de los gasoductos más polémicos del sexenio de Enrique Peña Nieto: El Encino–Topolobampo y Tuxpan–Tula. En ambos casos logró salir bien librado, no porque se demostrara su inocencia, sino por tecnicismos. En uno, la CFE no apeló la decisión judicial; y en el otro, los hechos solo se calificaron como una falta administrativa. Seis años después, los expedientes quedaron cerrados, pero no olvidados.
En 2021, nuevas auditorías internas de la propia CFE detectaron posibles irregularidades en el manejo de recursos del ejercicio 2019, cuando Munguía ya ocupaba cargos relevantes en el área financiera. Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República, que abrió cuatro carpetas de investigación por presuntos delitos relacionados con los gasoductos Samalayuca–Sásabe (FED/FEMCC/FEMCC CDMX/0000773/2021), La Laguna–Aguascalientes (0000779/2021), Tula–Villa de Reyes (0000787/2021) y Guaymas–El Oro (0000785/2021). Cuatro casos, cuatro años, y ninguna resolución de fondo.
De todas las investigaciones, solo la correspondiente a Guaymas–El Oro ha llegado ante un juez. Sin embargo, no fue vinculada a proceso y permanece sin sobreseimiento, lo que significa que el expediente sigue técnicamente vivo, aunque congelado. El resto continúa empolvándose en los archivos de la Fiscalía, que parece haber perdido el interés en avanzar en un caso que involucra directamente al área de finanzas de la empresa eléctrica más importante del país.
Mientras tanto, Munguía Varela sigue despachando con normalidad desde un cargo estratégico en la CFE. Ninguna sanción, ningún proceso, ningún impedimento. Ya se verá si la actual directora general, Emilia Calleja, y la secretaria de Energía, Luz Elena González, se deciden a tomar acciones.
@MarioMal
