La presidenta Claudia Sheinbaum cerró la semana con una señal de alarma dirigida al sector privado. ¡México necesita inversión! No lo dijo expresamente con esas palabras, pero así se leyó en las subsecuentes reuniones con la cúpula de la iniciativa privada del país —los ultrarricos de México— del miércoles y jueves.
Tras el anuncio de la creación de un nuevo Consejo para la Promoción de Inversiones este jueves, ayer la Presidenta sostuvo otra reunión clave con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el grupo que concentra a los dueños de las compañías más grandes e influyentes del país. Asistieron 48 empresarios, entre ellos líderes industriales, financieros, comerciales, mineros y de telecomunicaciones, en un encuentro que marcó un cambio en la relación del nuevo gobierno con la élite corporativa. La mandataria escuchó diagnósticos duros y planteamientos puntuales, consciente de que la economía se encuentra en uno de los momentos de mayor debilidad en años y que el país requiere una estrategia de inversión inmediata.
Las cifras que llevaron a Sheinbaum a activar esta operación de contención hablan por sí solas. El Banco de México proyecta un crecimiento de apenas 0.3%, mientras que bancos globales y consultoras internacionales describen el escenario como una recesión técnica, tras varios meses de caídas consecutivas en la actividad industrial, en el empleo formal y en las exportaciones agroindustriales. La señal más crítica proviene de la inversión fija bruta, el termómetro clave de la capacidad productiva del país, que registró en septiembre una caída de 8.4% anual y cumplió 13 meses consecutivos en números rojos. La construcción se desplomó más de 10% y la maquinaria y equipo retrocedió 6%, confirmando un deterioro que compromete el crecimiento potencial de mediano plazo.
Incluso los montos récord de inversión extranjera directa —uno de los indicadores más presumidos por la administración de Sheinbaum— resultan insuficientes frente al retroceso de la inversión interna. La mayor parte de la IED (70%) corresponde a reinversiones o adquisiciones, no necesariamente a nueva planta productiva o equipamiento. La paradoja es que México aparece en los discursos como uno de los grandes ganadores del nearshoring, pero está debilitando la infraestructura, la modernización industrial y la ampliación de capacidades necesarias para capitalizar ese proceso.
En la reunión de este jueves, el CMN llegó con un paquete de 38 proyectos de inversión, muchos de ellos listos para avanzar, pero condicionados a tres garantías fundamentales: menos trámites, mayor seguridad jurídica y reglas del juego claras. Empresarios que estuvieron en Palacio Nacional aseguran que la Presidenta se mostró receptiva y dispuesta a acelerar la revisión de permisos, licencias y autorizaciones estratégicas, especialmente para industrias de exportación y proyectos de infraestructura privada. Sheinbaum también dedicó un reconocimiento público a Francisco Cervantes, quien concluye su periodo al frente del CCE y que en los últimos meses se convirtió en un interlocutor necesario y cómodo para el gobierno.
No obstante, el reto de Sheinbaum va más allá. La confianza empresarial se ha visto afectada por la reforma judicial, los cambios a la Ley de Amparo, el endurecimiento del SAT contra los grandes contribuyentes y la próxima renegociación del T-MEC, un proceso que exige señales de certidumbre regulatoria y coordinación con el sector privado. Por eso, el encuentro de ayer fue un SOS económico, un llamado urgente para evitar que el estancamiento se profundice y que México pierda una de las ventanas de oportunidad más relevantes de las últimas décadas.
Sheinbaum sabe que el tiempo juega en contra. La inversión requiere urgentemente decisiones de política económica, fiscal, financiera y regulatoria, acompañadas de seguridad jurídica y condiciones favorables para operar. La reunión con el nuevo consejo empresarial y el CMN fue el primer movimiento serio para reconstruir la confianza; ahora falta convertir esa apertura en inversión real.
Posdata 1
No debe pasar desapercibido que el acelerado interés de la presidenta Sheinbaum con la élite empresarial —las reuniones consecutivas con el CMN y la instalación del nuevo consejo para “detonar la inversión”— ocurre exactamente en el tramo final de la sucesión del Consejo Coordinador Empresarial, que será encabezado por José Medina Mora. El exdirigente de Coparmex, institucional pero crítico del gobierno, asume la presidencia del CCE en enero de 2026, y su llegada redefinirá el tono y el peso político de la representación empresarial frente a Palacio Nacional.
Francisco Cervantes, aún presidente del CCE, aprovechó sus últimas semanas en el cargo para amarrar un espacio de influencia paralelo, apoyado en la alianza que consolidó con Carlos Slim Helú durante estos años. La creación del nuevo consejo empresarial —pequeño, selecto y con acceso directo a la presidenta— garantiza que Cervantes seguirá siendo un actor clave en la interlocución económica, incluso después de dejar su silla en el organismo cúpula.
La maniobra no sólo rompe con las formas tradicionales de la representación empresarial; también desplaza, en los hechos, el peso institucional del propio CCE, justo antes de que sea encabezado por un líder menos alineado con el gobierno. Mientras Medina Mora prepara una agenda más exigente y menos complaciente, Cervantes y Slim dejan acomodada una estructura que les permite seguir marcando la pauta de la conversación económica, al margen de la formalidad gremial.
Posdata 2
En el inusual contexto del sorteo del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum y Donald Trump llegarán a su primera reunión cara a cara, pese a que ya han sostenido varias llamadas telefónicas en las que se habló de migración, seguridad y comercio. Aun así, el encuentro presencial ocurre apenas ahora y la presidenta ha advertido que será breve, casi protocolario, aunque nadie en Washington ni en la Cancillería se atreve a diagnosticar lo que realmente sucederá. Es una reunión de pronóstico reservado.
Los equipos de ambos gobiernos anticipan una conversación que tocará los temas más espinosos de la relación bilateral, como el combate al narcotráfico, el tráfico de fentanilo, el rediseño de la cooperación en seguridad, la presión en la frontera sur de Estados Unidos, las posibles redadas contra migrantes en pleno Mundial y la revisión del T-MEC, que se ha convertido en un arma política para Trump. Sheinbaum llegará con la línea de la no intervención, la defensa de la soberanía y el respeto a México, pero también con la necesidad de evitar un choque frontal que golpee —aún más— el clima económico en el arranque de su administración.
Aun así, la presidenta adelantó que le dirá a Trump un cordial “Viva México”, como símbolo de cortesía y diplomacia deportiva. Pero detrás del gesto habrá una conversación marcada por la tensión acumulada, por los mensajes cruzados sobre seguridad y por un socio estadounidense que vuelve a imponer su agenda con mano dura.
Posdata 3
La aprobación en lo general de la Ley General de Aguas volvió a colocar a los productores y empresarios en un choque frontal con el gobierno federal. Para el campo, la iniciativa significa una reconfiguración total de derechos: concesiones que ya no podrán venderse ni heredarse, nuevas facultades centralizadas de la Conagua y un sistema de control que, según sus críticos, abre la puerta a la discrecionalidad y a un eventual “estrangulamiento” administrativo de productores medianos y pequeños. En la agroindustria y en sectores como bebidas, alimentos procesados, minería y energético, la reacción fue más mesurada pero igual de preocupante, pues la ley cambia el agua de categoría, de activo económico a derecho público, lo que modifica modelos de negocio, inversiones y estrategias de expansión en regiones donde la disponibilidad ya estaba al límite.
Algunos conglomerados empresariales reconocen que era necesario actualizar el marco hídrico, pero advierten que sin reglas claras para transmisión de derechos, sin certeza en la renovación de concesiones y sin una ventanilla técnica dentro de Conagua, el riesgo país en materia hídrica puede elevarse justo cuando México compite por atraer nearshoring intensivo en uso de agua. En el agro, organizaciones de riego, productores de maíz y hortalizas, así como ganaderos, alertan que el golpe será inmediato, con menores márgenes para financiar tecnificación, más trámites, sanciones ampliadas y pérdida potencial del valor patrimonial de tierras cuyo atractivo dependía de sus derechos de agua.
La presidenta Sheinbaum mantuvo una postura firme durante todo el proceso. Aseguró que la ley no se negocia en su esencia porque pretende “acabar con la mercantilización del agua” y cortar de tajo la corrupción en concesiones y la operación de intermediarios que lucraban con el recurso. Su narrativa contrasta con la de la oposición, que desde el pleno acusó un intento de controlar políticamente al campo mediante concesiones que ahora dependerán, en gran medida, de la voluntad técnica y política de la Conagua. También contrasta con la realidad de las calles: bloqueos de tractores, carreteras tomadas y miles de productores que, por primera vez en décadas, identifican en un solo actor —el Ejecutivo— el riesgo de perder el agua que define su supervivencia. Aun así, la presidenta insiste en que el nuevo marco jurídico beneficiará a quienes históricamente estuvieron marginados y que la tecnificación del riego, la captación pluvial y un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales ofrecerán soluciones de largo plazo.
@MarioMal