El caso Samsung se ha convertido en el nuevo símbolo del desencuentro entre el gobierno y las grandes corporaciones manufactureras del país. La filial mexicana de la multinacional surcoreana enfrenta un litigio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por una presunta doble tributación derivada del programa IMMEX, bajo el cual las empresas importan temporalmente insumos para fabricar productos destinados a la exportación. El SAT argumenta que Samsung y otras compañías aplicaron indebidamente créditos fiscales en operaciones virtuales tipo V5, lo que habría provocado una duplicidad en el cobro del IVA. El monto en disputa supera los 300 mil millones de pesos y la empresa ha solicitado diálogo directo con el gobierno federal para alcanzar una solución.
Junto con Samsung está toda la arquitectura del modelo exportador mexicano. Cientos de empresas operan bajo el esquema IMMEX, y aunque no todas enfrentan auditorías o créditos determinados, el riesgo jurídico y financiero es compartido. En el sector electrónico y automotriz, los corporativos de Estados Unidos son los más expuestos: Lear Corporation, con más de 52 mil empleados en plantas de autopartes en Chihuahua, Sonora y Guanajuato; Aptiv, de capital irlandés con fuerte presencia estadounidense, con alrededor de 75 mil trabajadores en México; Whirlpool, con cinco fábricas en Apodaca, Ramos Arizpe y Celaya; Honeywell y Sanmina-SCI, ambas estadounidenses, que concentran cadenas de proveeduría electrónica y aeroespacial bajo esquemas de importación temporal; además de HP, Dell y Jabil, con centros de manufactura y diseño en Jalisco y Baja California. Todas ellas podrían verse afectadas por una interpretación fiscal que las obligue a pagar impuestos duplicados en operaciones que hasta ahora estaban exentas o acreditadas.
A su lado están gigantes europeos y asiáticos igualmente integrados al programa: Bosch y Continental, de Alemania; Magna, de Canadá; Yazaki y Panasonic, de Japón; LG y Samsung, de Corea del Sur; y Safran, de Francia, entre otros. La exposición no sólo es sectorial, sino geográfica. Los estados de Chihuahua, Baja California, Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato concentran la mayor parte de la producción IMMEX, con más de 2.8 millones de empleos directos. Un cambio de criterio fiscal podría tener un impacto devastador en regiones enteras donde la industria maquiladora es la base de la economía local.
En ciudades como Juárez, Reynosa, Tijuana, Celaya o Apodaca, una resolución adversa significaría la pérdida inmediata de competitividad frente a plantas gemelas en Texas, Arizona o Canadá. Para los trabajadores, la consecuencia serían recortes, suspensiones de turno o congelamiento de nuevas inversiones. Para los gobiernos estatales, una merma en el flujo de exportaciones ocasionaría menos divisas y una presión social.
El problema, sin embargo, trasciende lo tributario. En un escenario extremo, la imposición de una doble tributación en operaciones IMMEX podría interpretarse como una violación indirecta a los compromisos de México en el T-MEC y en el acuerdo con la Unión Europea, que garantizan trato no discriminatorio a bienes y empresas extranjeras. Un gravamen adicional o arbitrario a exportadores extranjeros podría activar consultas o mecanismos de controversia bajo los capítulos de Trato Nacional, Administración Aduanera e Inversión. Además, debilitaría la percepción de certeza jurídica justo cuando la revisión del T-MEC se acerca en 2026 y México necesita mantener la confianza de sus socios para consolidar el nearshoring.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció hace unos días que “hay expectación en Estados Unidos por ver cómo funciona la reforma judicial mexicana y su impacto en el estado de derecho”, aunque aseguró que no hay señales de fuga de inversiones ni ruptura comercial. “La actitud allá es de observar qué pasa con la reforma; no hay juicio anticipado”, dijo en el Senado, al tiempo que reiteró que el T-MEC “va a permanecer” y que México “no tiene por qué perder inversiones si hay claridad en las reglas”. Sin embargo, cualquier indicio de arbitrariedad fiscal o debilitamiento del Poder Judicial mexicano será leído como una amenaza a la estabilidad de las inversiones y a los compromisos adquiridos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el último muro de contención en esta controversia. Ahí se litigan decenas de amparos vinculados a importaciones virtuales y devoluciones de IVA, y de su interpretación dependerá si la llamada “doble tributación IMMEX” se vuelve doctrina o se archiva como exceso administrativo. En las discusiones internas ministras como Yasmín Esquivel han dicho que “la Corte debe equilibrar el principio de legalidad con el de estabilidad económica”, mientras que Lenia Batres ha insistido en que las empresas “no pueden pretender una exención generalizada bajo el argumento de fomento a la exportación”. Otras voces, en contraste, advierten que una sentencia que avale el doble cobro del IVA sería regresiva y contraria a los tratados internacionales de comercio e inversión.
Posdata 1
Otra batalla entre el SAT y empresas privadas tuvo un primer desenlace este fin de semana. Después de años de litigios y presiones, Hacienda decidió no aplicar retroactivamente la medida que buscaba recaudar más de 200 mil millones de pesos de las aseguradoras. La instrucción rompe con la línea que impuso Raquel Buenrostro cuando dirigía el SAT y que continuó su pupilo, Antonio Martínez Dagnino, en un intento por fortalecer la recaudación a cualquier costo.
La resolución fue comunicada oficialmente por Hacienda e implica que las aseguradoras ya no tendrán que enfrentar cobros acumulados por indemnizaciones en las que acreditaron el IVA directamente a los clientes. A partir de 2025 deberán pagarlo ellas mismas, sin traslado a terceros, con lo que se cierra una disputa de más de siete años. En el sector aseguran que esta decisión da certidumbre jurídica y fiscal a un mercado dominado por grupos internacionales —españoles, estadounidenses, británicos y canadienses— que habían advertido sobre el riesgo de demandas por violaciones a tratados de inversión.
Si Hacienda hubiera insistido en cobrar retroactivamente, México habría enfrentado paneles internacionales por violar el TMEC y el TLC con la Unión Europea, al modificar unilateralmente las condiciones fiscales de empresas extranjeras. En términos políticos, la decisión también marca distancia entre la nueva Secretaría de Edgar Amador y el estilo punitivo del SAT, enviando una señal de conciliación al sector financiero, justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum busca proyectar estabilidad y respeto a los acuerdos comerciales.
Posdata 2
Ooootro asunto pendiente y de preocupación con el SAT es el nuevo paquete de reformas al Código Fiscal de la Federación que volvió a poner a las plataformas digitales en la mira del gobierno. Con el argumento de mejorar la fiscalización y combatir la evasión, se ampliaron las facultades del SAT para requerir información detallada de las operaciones y los usuarios de servicios comer Uber, Amazon, Mercado Libre, Airbnb o Netflix. Tras el discurso de “equidad tributaria” hay un trasfondo económico, pues el Estado busca compensar la caída en ingresos petroleros y el estancamiento del IVA tradicional, trasladando la presión recaudatoria al ecosistema digital, uno de los pocos sectores con crecimiento sostenido en los últimos años.
Desde el punto de vista empresarial, los cambios generan incertidumbre. Las tecnológicas, muchas con casa matriz en Estados Unidos o Europa, advierten que la nueva redacción del Código Fiscal les obliga a compartir datos sensibles de sus clientes, proveedores y patrones de consumo, incluso cuando no hay sospecha fundada de irregularidades. Esta obligación eleva los costos de cumplimiento y puede contravenir las leyes de protección de datos en sus países de origen. Asimismo, abre la puerta a sanciones desproporcionadas y bloqueos de servicios por “incumplimiento administrativo”, una figura ambigua que preocupa a cámaras empresariales y especialistas en comercio electrónico.
El impacto más delicado recaerá sobre los usuarios. Con la justificación de “verificación fiscal”, el SAT podrá cruzar información personal, direcciones IP, cuentas bancarias y hábitos de compra, lo que especialistas en privacidad consideran un exceso de vigilancia sin contrapesos judiciales. Además, el nuevo esquema también podría chocar con las cláusulas de libre flujo de datos del TMEC y con los compromisos de México en la OCDE, generando potenciales controversias con Estados Unidos y Canadá.
La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la American Chamber ya advirtieron que las reformas fiscales a plataformas digitales podrían afectar la competitividad regional y violar los principios del TMEC sobre comercio electrónico y transferencia de datos. Ambas organizaciones pidieron diálogo con Hacienda para evitar medidas “punitivas o discriminatorias” que limiten la innovación y ahuyenten inversión tecnológica del país. ¿Les harán caso?
Posdata 3
La imagen del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, comiendo tranquilamente en un restaurante de lujo desató una ola de indignación en redes sociales. No era una simple foto de sobremesa; para muchos simbolizó la impunidad que rodea los escándalos de corrupción en la Marina durante su gestión. Así, mientras se investiga el desvío de recursos y presuntos contratos amañados con empresas vinculadas a familiares y subordinados, Ojeda parece moverse con la calma de quien siente que ya pasó la tormenta.
Pero la tormenta no ha pasado. Su sobrino político, Juan Carlos Farías Laguna, señalado como uno de los operadores en las presuntas irregularidades dentro de la dependencia, sigue prófugo de la justicia y ha intentado ampararse para evitar ser detenido. Este lunes no se presentó a la audiencia de imputación convocada por la Fiscalía –la cual finalmente fue cancelada–, lo que agrava su situación judicial y reaviva las sospechas sobre las redes de protección que aún lo rodean.
La tranquilidad de la impunidad y la complicidad es más que evidente. Mientras Ojeda se pasea en restaurantes de lujo, oficiales de menor rango enfrentan procesos administrativos o penales por obedecer órdenes en los mismos casos en los que fueron señalados sus sobrinos políticos. Es el doble rasero de la justicia y el blindaje político que todavía cubre a quienes fueron parte del círculo más cerrado del expresidente López Obrador.
@MarioMal
