Un acuerdo entre el gobierno federal y magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dará paso a la colocación de unos 70 altos funcionarios en este órgano autónomo encargado de dirimir controversias y conflictos sobre actos administrativos y procedimientos en temas fiscales, de seguridad social, cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, daño al patrimonio del Estado, comercio exterior, cuotas compensatorias, entre otros.
A través del procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró que los magistrados del TFJA cedieran el control del órgano jurisdiccional que funge como juzgador de las controversias entre los particulares y la autoridad.
El presidente López Obrador mandará a poblar las salas regionales del TFJA con actuales funcionarios de la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de Seguridad e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional. A los magistrados de la Sala Superior, que preside Guillermo Valls, apenas se les permitió colar un puñado de perfiles cercanos a sus ponencias, algunos de los pocos que podrían cumplir con los requisitos para ocupar esos cargos.
Si bien la colocación de magistrados cercanos a los altos mandos de gobierno ha sido una práctica común en todos los sexenios, una buena parte de los 70 perfiles que integran la actual lista, que deberá ser ratificada por el Congreso, raya en el extremo, sobre todo en el caso de los nombres cercanos a la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, quien pretende meter al tribunal a su hija, Magali Irais Mendoza Ríos, además de a casi todo su primer cuadro de colaboradores: a su director general de Asuntos Jurídicos, Adrián Valdés Quirós; su consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, Claudia Angélica Nogales Gaona; su consejera adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales, Diana Tecontero Juárez; su director General de Defensa Jurídica Federal, Édgar Armando Aguirre González; su director General de Legislación y Estudios Normativos, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, y su consultora Jurídica General, María Dalia Cajero Jacinto.
La Secretaría de Gobernación, hasta hace unos días encabezada por Adán Augusto López, metió en la lista a seis de sus actuales funcionarios, encabezados por su director General de Enlace y Seguimiento, Antonio Villareal Pinzón, además de que hay otros seis perfiles que vienen del estado de Tabasco, entre ellos el titular de la Unidad de Servicios Operativos y Logísticos del gobierno local, Arturo Torres Martínez.
Asimismo, hay cuatro funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación ―justo la dependencia en la que, de acuerdo con las fuentes, se negoció la lista con los magistrados del TFJA―, dos más de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Sedena impulsa como magistrado el nombre de su actual Fiscal General de Justicia Militar, Miguel Carrasco Hernández.
Entre los perfiles que a cuentagotas lograron colocar los magistrados de la Sala Superior se encuentran los de Pedro Alberto de la Rosa Manzano, Pedro José María García Montañez y Pedro Rodríguez Chandoquí, los tres son asesores de la presidencia del Tribunal; también destacan en este grupo Alejandra Martínez Martínez y Lidia Margarita Roblero Hernández, ambas secretarias de Acuerdos de la Sala Regional de Chiapas.
En este grupo se encuentran precisamente los que, por especialización y experiencia, no tendrían impedimento para ser ungidos como magistrados, mientras que en el caso de los que propone el gobierno federal se sabe que casi la mitad no cuenta con experiencia mínima de ocho años en las áreas fiscal o administrativa, requisito que establece el artículo 45, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal.
En un proceso de ratificación apegado a la legalidad, el Congreso tendría que desechar por lo menos a 34 de las 70 propuestas enviadas por el titular del Ejecutivo Federal. No obstante, con la mayoría simple de Morena les sería suficiente para completar esta conquista. En cambio, hay tres espacios en la Sala Superior que se mantendrán vacantes, además de la silla que está pendiente para completar la Sala Anticorrupción, que requieren mayoría calificada.
Posdata
Vaya ruido el que se generó al interior de Pemex tras la denuncia que dimos a conocer el miércoles pasado respecto a la "desaparición" de 150 millones de dólares asignados al proyecto Campo Nejo en Tamaulipas, y la relación del director general de PMI, Ulises Hernández, con el asunto.
El director de Pemex, Octavio Romero, visitó esta semana Palacio Nacional no solo por el accidente que sucedió en la refinería Dos Bocas, sino para hablar del expediente que tiene el Órgano Interno de Control de la petrolera, donde se da cuenta de este y otros asuntos relacionados con el directivo en cuestión.
@MarioMal
