El sistema de salud mexicano se ha deteriorado a una velocidad inusitada en los últimos años. Las malas decisiones de los encargados de dictar las políticas en este sector siguen cobrando factura a la población en términos de cobertura, calidad y costo de los medicamentos para tratar las enfermedades.
La admisión del fracaso que resultó el Insabi, después de casi cuatro años de su creación, y la destrucción del Seguro Popular son apenas la punta del iceberg de una serie de decisiones que, si bien por ser contrarias al bien popular son actos de corrupción, en los hechos también muchas prácticas pueden considerarse de este modo.
A la desastrosa gestión del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, frente a la pandemia de Covid-19, se suma ahora la compra de costosos medicamentos de patente a empresas señaladas en México y el mundo y cuyos principales inversionistas resultan ser muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nos referimos a la reciente compra de medicamentos realizada por el nuevo responsable del sector salud en el país: el IMSS Bienestar, que asignó más de 4 mil millones de pesos al laboratorio Gilead Sciences para la adquisición de los antivirales destinados al tratamiento del VIH, prácticamente por adjudicación directa.
Los procesos licitatorios que se registran en la plataforma Compranet se convocaron a finales del año pasado, pero concluyeron en los primeros meses de este 2023, con la participación única del laboratorio que lleva a nivel global Daniel O’Day y en medio de protestas de organismos de la sociedad civil que reclamaban el alto costo de los medicamentos de este proveedor.
Como referencia, el fármaco ofertado por Gilead, que contiene en su sustancia activa los compuestos emtricitabina y tenofovir, tiene un costo en el mercado de 10 mil pesos y se vende bajo la marca Biktarvy. Anteriormente, el fármaco que se utilizaba para brindar tratamiento a los pacientes con VIH era el del laboratorio Sandoz. Las mismas sustancias, con un precio en farmacias que no rebasa los 2 mil pesos, es decir, 80% más económico.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Salud, los responsables de cambiar la prescripción general del medicamento fueron Hugo López-Gatell y el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán. Cambiaron un genérico autorizado que se fabrica en Europa por un fármaco cuyo costo es 400% más alto.
Gilead tiene como principal accionista al fondo de inversión BlackRock, del magnate estadounidense Larry Fink, amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador y con quien sostuvo una reunión apenas en marzo pasado para “hablar de proyectos para México” en los que el fondo está dispuesto a invertir.
Aquel fue el cuarto encuentro que Fink ha sostenido con el presidente López Obrador en lo que va de la administración, los cuales le han valido hacerse de contratos millonarios desde su negocio farmacéutico. El año pasado, Gilead se llevó igualmente unos 4 mil 100 millones de pesos en el marco de la pandemia por Covid-19.
Desde 2019, Larry Fink se ganó las simpatías del jefe del Ejecutivo cuando en una carta dijo que el fondo de inversión estaba “fuertemente comprometido con México”, por lo que estaba preparado “para asociarnos en la construcción de infraestructura de servicio de internet en todo el país y para desarrollar el Istmo de Tehuantepec”.
Posdata
Viene un nuevo capítulo en el encontronazo de dimensiones insospechadas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza la ministra Norma Piña.
Este lunes, la Corte discutirá el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que invalida la primera parte del llamado Plan B de reformas electorales. Sobre la filtración de los detalles de dicho proyecto, la Consejería Jurídica de la Presidencia se quejó amargamente y ayer fue más allá al decir que de invalidarse el llamado Plan B se violaría el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos, pues el máximo tribunal de justicia del país estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.
A estas alturas y con la reciente aprobación de reformas fast track en la Cámara de Diputados y en el Senado, las cuales fueron enviadas o dictadas por el Ejecutivo federal, y la invitación a Palacio Nacional que hizo el Presidente a los senadores de Morena y partidos aliados para que no “titubeen” en la votación de estas y otras leyes, ya no se sabe dónde está la división de poderes y mucho menos cómo va a terminar ese pleito entre el Presidente y la 4T con el Poder Judicial.
@MarioMal
