La difusión en redes sociales de una conversación entre Alejandro Gertz Manero y su mano derecha, el fiscal Especializado en Control Competencial, Juan Ramos López, activó una bomba de alcances gigantescos para la primera Fiscalía General de la República –cuya independencia quedó muy pronto en entredicho–, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su palacio de cristal ve cómo se hacen pedazos dos de sus más cercanos colaboradores: el fiscal y su exconsejero Jurídico, Julio Scherer.
La injerencia del fiscal general en la Suprema Corte –por lo menos en cuatro o cinco ministros–, el uso del principal Ministerio Público del país para resolver asuntos personales y no haber dado grandes golpes al crimen organizado –de lo que se ha quejado Estados Unidos– han puesto a Gertz en una posición de suma debilidad y muy probablemente en la antesala de su salida de la FGR.
Para los ministros, la única forma de tratar de salvar su nombre es resolver la libertad de Alejandra Cuevas Morán en el corto plazo; de lo contrario, sobre ellos pesará la sombra de la manipulación desde el titular de la FGR, quien ya ha dejado claro que la prioridad de los funcionarios del órgano encargado de procurar la justicia para la nación es mantener en prisión a la sobrina de su hermano, Federico Gertz.
Por si fuera poco, el proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán –quien circuló el proyecto a la Fiscalía– no significa siquiera la libertad o absolución para Alejandra Cuevas o para su madre, Laura Morán Servín. En términos muy aterrizados, el jurista en realidad decidió no entrar al fondo del caso y propone en su sentencia que los jueces y magistrados repongan un proceso en el que no se hizo una adecuada valoración de las pruebas.
Entre otorgar o no la libertad a Cuevas Morán y declararla culpable o inocente, la Corte planea quedarse a la mitad. Como lo dijo el propio Gertz Manero en la presunta llamada con Ramos, el ministro Pérez Dayán sólo aplanó el terreno para que los jueces encargados del caso puedan dictar más adelante la libertad, algo que en el escenario actual es positivo, pero que en los hechos también puede calificarse como una manera de “patear el bote”.
Las dos mujeres sobre las que el fiscal ha puesto todo su poder, una de 94 y otra de 68 años, aseguran tener diversos secretos financieros, familiares y personales sobre Gertz, mismos que fueron acumulando durante 50 años de convivencia con su familia y que hoy, según los hermanos Ana Paula, Alonso y Gonzalo Castillo Cuevas, son la razón por la que uno de los funcionarios públicos más poderosos del país quiere destruirlos.
En los siete años que lleva este proceso, Gertz ha intentado que los hermanos Castillo Cuevas, que no tenían contacto con su hermano Federico, se declaren culpables de lo que él busca calificar como un homicidio. También existen registros que revelan que emprendió una cruzada contra su yerno, José Fernando Fernández Portillos, esposo de Alejandra Gertz Lozaiga, a quien acusó de violencia intrafamiliar y no le permite ver a sus hijas.
Posdata
La bomba que estalló el fin de semana alcanza, de manera personal, a un ministro de la Corte que arrastra varias polémicas, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien de forma indirecta está relacionado con el caso que la FGR va a intentar definir este martes: el llamado abogate. La Fiscalía busca encarcelar a cuatro abogados y a un financiero, supuestamente cercanos a Julio Scherer. Uno de ellos es ni más ni menos que su sobrino.
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