El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió ayer acabar con los rumores sobre un posible relevo en la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró en su conferencia matutina que está “muy satisfecho” con el desempeño de Alejandro Gertz Manero, por lo que no existen indicios o señales de cambios. Apenas el 2 de diciembre, luego de nombrar a Juan Pablo de Botton como subsecretario de Egresos de Hacienda, había asegurado también que no haría más cambios en su gabinete para lo que resta del sexenio, “sólo que se presente algo especial”. Dos semanas después anunciaba el relevo del titular de la Procuraduría Fiscal, Carlos Romero Aranda, y de la directora del Banco del Bienestar, Diana Álvarez Maury.
La esperanza no está entonces perdida para los detractores del personaje, quienes quieren verlo lejos de los trabajos de procuración de justicia; entre ellos varios funcionarios o exfuncionarios del gobierno federal, una buena parte de los fiscales estatales, la totalidad de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, diversos integrantes de la comunidad científica y, por supuesto, su familia política: los hermanos Castillo Cuevas, quienes empiezan a sospechar que la permanencia en prisión de su madre, Alejandra Cuevas Morán, será tan larga como la presencia de Gertz Manero en la silla de la Fiscalía.
Asimismo, por más que López Obrador insista en que la remoción del titular de FGR no está en sus manos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 102, Fracción IV, y la recién modificada Ley de la Fiscalía General de la República, en el Capítulo VI, Artículo 24, son muy claras: el único que puede destituir a la cabeza de este órgano autónomo es el Ejecutivo Federal, siempre y cuando el Senado no se oponga por mayoría a dicha decisión. Las causas pueden ser diversas, desde faltas graves a la ley como delitos contenidos en el Código Penal Federal, violaciones graves a la Constitución o adquirir incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses, dictaminada por el ISSSTE.
No es necesario indagar de más para percatarse de que las violaciones que Gertz Manero estaría cometiendo contra los integrantes de la familia Castillo Cuevas, en caso de comprobarse la versión de estos últimos, serían faltas graves a los derechos humanos y por lo tanto a la Constitución, suficientes para validar los requisitos constitucionales y legales. Tampoco es un misterio que la edad del fiscal —82 años cumplidos el pasado 31 de octubre— podría ser un obstáculo para que concluya su encargo de nueve años, incluso para ser considerado un eventual blindaje transexenal para López Obrador, pues cuando la administración actual llegue a su fin tendremos un fiscal de 85 años para procurar justicia a un país que, a mitad de sexenio, reporta un crecimiento en el índice delictivo de alrededor de 11%.
Queda claro que, por estrategia, para AMLO no es momento de hacer un relevo en la crucial posición; en caso de ser necesario, por causas de fuerza de mayor, ha empezado a sonar el nombre del posible sustituto, o mejor dicho sustituta, una figura que a principios de sexenio acompañó ya a Alejandro Gertz Manero en la terna de candidatos para llegar a la FGR y que fue invitada en su momento a trabajar en los Ministerios Públicos por el propio fiscal. Se trata de la actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal, Eva Verónica de Gyvés Zárate.
De Gyvés es el perfil perfecto para el plan B del Presidente. Cortada con la misma tijera que una Rosa Icela Rodríguez de la Secretaría de Seguridad o Raquel Buenrostro, del SAT, y esposa además de Rafael Guerra Álvarez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad que gobierna su consentida Claudia Sheinbaum.
Al parecer en la 4T nada está dicho.
MAL Y DE MALAS EN EL BANCO DEL BIENESTAR
Vaya sorpresa que se llevó el nuevo timonel del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi, cuando se enteró que su director General Adjunto de Finanzas, José Miguel Palacios Fernández, suspendió temporalmente al encargado de manejar la tesorería del Banco.
El Acta Administrativa se levantó luego de que dicho departamento participó en una Subasta de Liquidez con el Banco de México, operación para la cual está facultado el departamento y que es una práctica muy común que realiza cualquier institución de crédito con el fin de no caer en falta de liquidez en caso de estrés de los mercados financieros.
Y hablando de liquidez, habrá que sumar la adjudicación directa que, con falta de presupuesto, el banco otorgó en octubre pasado a la firma BAHUD PROCESSING MEXICO S DE RL DE CV, filial de la firma panameña Global Recash SA de CV, para los “Servicios integrales administrados de procesamiento de operaciones y transacciones bancarias mediante tarjetas de crédito o débito”, por un monto de 18 mil millones de pesos.
@MarioMal
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