La investigación que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar, además de un numeroso grupo de integrantes y exintegrantes del Poder Judicial, es una apuesta puramente electoral. Lo confirma el comunicado que liberó en la semana el órgano que encabeza la ministra Norma Piña, al aceptar que la filtración de los documentos sobre el tema es también una falta grave que amerita su propia indagatoria y que, en los hechos, esta elimina la posibilidad de que se llegue a fincar responsabilidades o a establecer una sanción.
En la Corte y en el Consejo de la Judicatura se tiene claro que la normatividad que rige la operación de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas establece una línea de trabajo similar a la de un proceso judicial, por lo que una violación al “debido proceso”, como la filtración a los medios de comunicación de los datos sobre lo que se indaga o a quién se investiga, hace imposible que la indagatoria llegue hasta sus últimas consecuencias.
En pocas palabras, quien decidió hacer público el acuerdo de investigación contra ministros, jueces, magistrados y demás funcionarios que presuntamente apoyaron con resoluciones judiciales los temas de interés de la 4T, terminó blindándolos de posibles sanciones. La ministra Piña lo tenía claro, incluso hay jurisprudencias en la materia, pero las pretensiones electorales de la jugada pudieron más que los criterios técnicos de la jurista, que se quedará sin herramientas para condenar a su antecesor.
El texto que difundió el CJF el miércoles confirma lo que adelanté en este espacio, respecto a los lineamientos establecidos en el Artículo 132 del Acuerdo General del pleno del Consejo que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas: ahí se obliga a los denunciantes ―incluidos los anónimos― a aportar las pruebas suficientes para que sus señalamientos puedan detonar una investigación, de lo contrario estos serán desechados de manera automática.
El equipo de Norma Piña se vio obligado a aceptar esos términos, pero luego intentó justificarse asegurando que, “a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones”.
No se detalla en la comunicación a qué se refiere con esas “circunstancias”; probablemente a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador de la conferencia matutina del pasado 21 de febrero, cuando apuntó que pedía ayuda al ministro Zaldívar para intervenir con los jueces autores de resoluciones importantes para el proyecto de la 4T. Aun así, los datos no son suficientes para involucrar en una investigación a más de 60 integrantes del Poder Judicial, tampoco a diversos grupos empresariales.
El CJF asegura también que bajo ese último supuesto del “escenario evidente”, establecido en la reforma de 2020, “desde el 2018 se han iniciado investigaciones a partir de 326 denuncias anónimas”.
El texto termina obviando dos años en los que, sin reforma de por medio, se le dio entrada a denuncias anónimas que carecían de sustento, poniendo en duda otra vez la seriedad con la que en otros tantos y en este mismo asunto está actuando un cada vez más desprestigiado Poder Judicial.
Posdata 1
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, manda carta aclaratoria para contrapuntear lo escrito ayer en este espacio. A la letra dice que: “Nuevamente se me acusa de falta de imparcialidad al vincularme con un partido político y con miembros de éste, ofreciendo —como supuesta prueba de esta acusación— mi voto en contra de retirarle el registro de la candidatura plurinominal a Diputado Federal a Francisco Javier García Cabeza De Vaca. Ello sin aportar argumento ni evidencia que muestren algún sesgo partidista o predisposición de mi parte a favor o en contra de alguna fuerza política”. En ese caso, como en réplicas anteriores, le respondo con hechos que vinculan gran parte de su carrera profesional al PAN y a los asesores jurídicos del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tanto en la coordinación de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República con Felipe Calderón y en la secretaría técnica de la Comisión de Justicia del Senado.
En la segunda parte de su texto, Reyes Rodríguez asegura que, si bien Cabeza de Vaca fue objeto de dos órdenes de aprehensión emitidas en su contra: una de 2021 y otra de 2024, “un juez de amparo le concedió una suspensión definitiva al imputado respecto de la orden emitida en 2021 y otro juez de amparo le otorgó una suspensión provisional respecto de la orden de 2024. Por lo tanto, el ciudadano no se encuentra prófugo de la justicia porque -hoy por hoy- ejerce legalmente su libertad, conforme con el sistema penal de nuestro país”. En este caso, es claro que el reclamo tendría que ir dirigido al total de sus compañeros magistrados de la Sala Superior, quienes resolvieron mantener para el exgobernador la calidad de “prófugo” y le terminaron por negar la candidatura, pues el político que dice no estar evadido de la justicia y que “ejerce legalmente su libertad”, ni siquiera ha pisado el país para defender personalmente sus derechos políticos.
Posdata 2
Comenzó bien la 87 Convención de Bancos en Acapulco. Pese a que se anticipó un día flojo, se dio información interesante por parte del sector bancario, como un programa para flexibilizar los requisitos para las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder al crédito, impulsado entre el gobierno y el sector privado, entre estos el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes, y la Asociación de Bancos de México, a cargo de Julio Carranza.
El ánimo en el primer día de la Convención fue bueno. Llegaron prácticamente todos los representantes de los bancos grandes, mediamos y pequeños, además de otros intermediarios financieros; también estuvieron la subgobernadora de Banxico, Galia Borja, hablando de la política monetaria e inflación, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien también comentó sobre la reactivación de Acapulco, tras el paso del Huracán Otis.
Hoy es el día clave para el futuro del sector, con la pasarela de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y el candidato Jorge Álvarez, amén del discurso de la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien clausurará el evento.
Posdata 3
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, también anduvo muy activo desde temprano en la Convención Bancaria. Apenas regresó de Washington de las reuniones del FMI y el Banco Mundial, a las que asistió junto con el secretario Ramírez de la O.
Yorio habló sobre el perfil financiero de México y la intención de acelerar la transición hacia los bonos soberanos sustentables, lo que ha puesto al país a la vanguardia en esta materia. Asimismo, se enfrentó a los cuestionamientos sobre el elevado déficit fiscal propuesto para este año, aunque aseguró que los inversionistas, empresarios y el mercado en general han entendido que no se mantendrá en 5.5% y que se reducirá en 2025, durante el primer año del nuevo gobierno federal.
Por cierto, tanto Ramírez de la O como Yorio podrían repetir en sus respectivos cargos en la siguiente administración, sobre todo si gana Claudia Sheinbaum. Veremos si así sucede.
@MarioMal
