En un recuento de las razones que impulsaron esta semana la toma de instalaciones por parte de elementos policiacos de la Universidad de las Américas Puebla, además del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien por años ha buscado apropiarse del nombre de esa institución, están también diversos intentos gubernamentales por apoderarse no sólo de los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins, sino de una infraestructura universitaria de índole privada que ha convertido a la zona de Cholula en uno de los espacios más atractivos para la educación superior.
Entre sus primeras acciones, el gobierno de Luis Miguel Barbosa redactó y presionó a su Congreso estatal para aprobar, el 15 de mayo de 2020, la Ley de Educación del Estado de Puebla, con la que pretendió apropiarse de bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares de su entidad, a través del artículo 105 de su legislación que estableció que la infraestructura de la educación particular con reconocimiento de validez oficial formaría parte del Sistema Educativo Estatal.
Con la llamada Ley Barbosa, el mandatario buscó controlar el nivel y el destino de las colegiaturas que se cobran en las escuelas privadas, así como imponer multas cercanas al medio millón de pesos a las instituciones que, por falta de pagos, retuvieran documentos a estudiantes o no les brindaran el servicio. En suma, Barbosa soñó con una expropiación fáctica de las escuelas privadas que, a la luz de lo que se vio el pasado martes en las instalaciones de la UDLAP en Cholula, parece que puede convertirse en realidad.
La UDLAP debía ser la primera institución sobre la que actuara el Estado autoritario de Barbosa, y no sólo porque esa Universidad tiene vínculos con el candidato con el que disputó la gubernatura en 2019, Enrique Cárdenas, presidente del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, quienes tuvieron bajo su control por años la administración de la Fundación Mary Street Jenkins, sino porque alrededor de esa institución existen desde hace tiempo muchos intereses de tipo económico y reputacional que tocan a varios funcionarios de la administración pública estatal y federal.
En este espacio publicamos sobre el conflicto de interés que existe con el fiscal General de la República, quien ha mantenido una disputa con la UDLAP por el nombre, el logo y el lema de la institución; un conflicto en el que aparece, según documentos a los que ha tenido acceso este columnista, como propietario y Rector de la Universidad de las Américas AC., y en el que el representante legal de esta segunda institución, con sede en la CDMX, sigue siendo incluso Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
También forma parte de esos intereses el proyecto que emprendió el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para apropiarse de los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins, una intentona que fue recogida y perpetuada por el gobierno de Barbosa a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, la cual pretende apoderarse de la administración de unos 14 mil millones de pesos que la familia Jenkins sacó del país para evitar que las autoridades pusieran las manos sobre la fortuna que forjó su abuelo William Oscar Jenkins. A la postre, ese movimiento de recursos fue el detonante de sus órdenes de aprehensión giradas desde la FGR.
En su cruzada personal contra la familia Jenkins, Luis Miguel Barbosa ha contado con la asesoría legal del despacho Accuracy Legal and Consulting SC, representado por Roberto Juárez Salinas; el mismo que ha asesorado al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca en sus negocios energéticos.
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