Este martes la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, acudirá a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional donde, si nada cambia de último minuto, será presentada como la nueva secretaria de Educación.
El relevo de Delfina Gómez, quien de por sí fue muy cuestionada por su falta de experiencia para encabezar la SEP, no pudo ser más escandaloso: Álvarez-Buylla arrastra una serie de acusaciones por corrupción, malversación de fondos, nepotismo, despidos injustificados y también por desahuciar el Sistema Nacional de Investigadores.
El lunes, Álvarez-Buylla se despidió de su círculo cercano en el Conacyt, donde hace algunos días se rumoraba entre los más íntimos de la bióloga que el Presidente le había ofrecido la Secretaría de Educación. El sueño se hizo realidad y, con todos los negativos que significa para el gobierno, el presidente y sobre todo para la educación pública, tomará el lugar de Delfina Gómez en los siguientes días.
La aún titular del Conacyt rehuyó, durante 10 meses, presentarse a comparecer ante la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados para aclarar el rosario de escándalos que acumula desde que tomó la titularidad del máximo organismo gubernamental mexicano en materia científica y tecnológica en diciembre del 2018.
Fue finalmente el jueves pasado cuando acudió a la comparecencia vía remota. En la reunión virtual, Álvarez-Buylla se exhibió sin recato frente a los legisladores de oposición, quienes la cuestionaron sobre el destino de los recursos de los fideicomisos que se extinguieron hace dos años.
“Parte de esos recursos fueron invertidos y el resto regresaron a donde debía estar, a los recursos disponibles de la Tesofe (Tesorería de la Federación) para proyectos prioritarios a nivel del gobierno federal, incluyendo los de ciencia y tecnología”, respondió Álvarez Buylla.
Algunos de estos proyectos prioritarios son el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, todos con sobrecostos considerables en sus presupuestos originales y con análisis técnico-económicos que apuntan a que ninguno será rentable.
De acuerdo con el periodista Antimio Cruz se calcula que de los cerca de 45 mil millones de pesos de fondos y fideicomisos para la ciencia y tecnología que se extinguieron, unos 22 mil millones se habrían entregado a la Federación para los llamados proyectos prioritarios.
Algunos otros escándalos que pesan sobre Álvarez-Buylla son: una denuncia penal por el delito de tráfico de influencias, tras la designación de su madre, Elena Roces Dorronsoro, como investigadora nacional emérita del Conacyt.
Una reforma al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores con el que se aprobó la eliminación de apoyos económicos para unos mil 632 académicos de instituciones privadas y de otros estímulos para científicos que trabajan en centros públicos.
Denuncias de académicos sobre que se han cambiado al menos a tres directores de centros de investigación públicos para poner en su lugar a perfiles afines al gobierno.
Las reformas al reglamento del Conacyt que disminuyeron los financiamientos a los proyectos de investigación, para concentrar los fondos en los denominados Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt.
Y la compra de 700 ventiladores para enfrentar la crisis del Covid. Para ello se destinaron 259 millones de pesos, no obstante, los aparatos se entregaron a destiempo y algunos no cumplían con las características requeridas.
Posdata
Sobre el relevo de Álvarez-Buylla en el Conacyt se habla –además de su segunda de abordo, Aideé Orozco, directora Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación– de los perfiles que trascendieron para encabezar la SEP: el director de Materiales Educativos de la SEP, Max Arriaga; la directora de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Raquel Sosa, y la encargada de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez.
Unifin, en reestructura
En medio de la volatilidad de los mercados financieros y el nerviosismo por la quiebra de empresas como Crédito Real, algunos jugadores del sector financiero no bancario son vistos con incertidumbre por parte de los inversionistas, aunque sus procesos sean distintos y vayan de la mano de las autoridades.
Ayer las acciones de Unifin, una empresa mexicana de arrendamiento enfocada a pequeñas y medianas empresas, cayeron cerca de 15% por este tema, pero la compañía asegura que está en proceso de reestructura conforme a las reglas del regulador del sector, la CNBV, y de la Secretaría de Hacienda.
La firma busca maximizar su flexibilidad financiera con el fin de apoyar a sus más de 10 mil pymes en México. Veremos si se logra.
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