El presidente Andrés Manuel López Obrador lo tenía calculado y a través de un interlocutor se lo hizo saber a sus tres ministr@s de confianza: sería mejor que la Corte vote contra las reformas del gobierno federal para tener un argumento electoral más poderoso hacia el 2024.
En el fondo, al Presidente le tienen sin cuidado los reveses en la Corte, según uno de sus interlocutores con el Poder Judicial. La realidad es que las resoluciones adversas del máximo tribunal de justicia del país no van a cambiar mucho las cosas en materia electoral ni de seguridad, hablando de las invalidaciones de reformas al mando de la Guardia Nacional y el Plan B electoral. En el primer caso, en los hechos las cosas se mantienen prácticamente igual: el Ejército tiene el control de la seguridad pública, y en el segundo el gobierno ya tiene cierto control del INE y desde los cargos de l@s nuev@s consejer@s va a reducir su presupuesto y su estridencia.
Con lo que ha ocurrido en las primeras sesiones de la comisión de presupuesto del INE, y ante la insistencia de los morenistas de revaluar todos los programas y gastos del instituto, se explica la razón por la que el ministro Arturo Zaldívar votó en favor de echar atrás la primera parte del llamado Plan B. Parece ser que, ya con el control total del órgano electoral, cualquier reforma para destazarlo resulta inservible.
El nuevo instituto, ahora bajo el mando de Guadalupe Taddei, empezó a sesionar tal y como en Palacio Nacional hubieran querido, diciendo que para el próximo año solicitarán un presupuesto apegado al principio de “austeridad republicana”. De hecho, la primera acción de la nueva presidenta fue renunciar a una buena parte de su salario para ajustarse al parámetro de percibir menos ingresos que el titular del Ejecutivo Federal.
Con los consejeros recientemente designados en el Congreso, López Obrador tiene segura la mayoría en el Pleno del INE. Además de la presidenta, cuenta con los votos de los recién llegados Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo. Puede sumar también a los que ya tenía de manera previa, como el caso de Norma Irene de la Cruz y Uuk-kib Espadas, y en muchas ocasiones los de Martín Faz y Carla Humphrey.
Fue esta última quien, como presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto 2024, advirtió que la solicitud de recursos para el próximo año sería para evitar cualquier acto de corrupción y en apego a la rendición de cuentas “para modificar y erradicar tendencias del pasado”, aunque a diferencia de los morenistas puros que proponen un diseño de presupuesto base cero se mantiene firme en la propuesta de tomar como referencia los 17 mil millones de pesos del presupuesto de 2018, el último año en que se realizó una elección presidencial.
El jaloneo por el presupuesto se augura muy intenso. Según lo expresado públicamente por los consejeros que acaban de llegar, la misión es renovar la imagen del órgano electoral ante la ciudadanía, lo que también conlleva que para la jornada electoral del siguiente año, la más grande de la historia por los 20 mil cargos públicos que estarán en juego, pedirán a la Cámara de Diputados un “presupuesto que se adapte a las necesidades económicas del país”.
Además del Consejo General, el morenismo controlaba ya en el INE el Órgano Interno de Control, con el abogado Jesús George como titular. Se trata de un funcionario cercano al presidente López Obrador desde los tiempos en que gobernó el entonces Distrito Federal, y más cercano todavía al extitular de Aduanas y hoy coordinador de campaña en el Edomex, Horacio Duarte, con quien por años mantuvo sociedad en un despacho de abogados.
De hecho, cuando George Zamora llegó al encargo, impulsado por la mayoría morenista en el Congreso, había intentado sin éxito forzar a los consejeros a bajarse el sueldo y aplicar la política de austeridad a la que exhortó el mandatario nacional. Pero se topó en ese momento con el amparo que ya había tramitado Benito Nacif contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por orden por supuesto de la entonces cabeza del INE, Lorenzo Córdova.
A un año de que termine la administración del presidente López Obrador y después de la férrea confrontación que habían mantenido con el INE, los morenistas por fin parece que están logrando su cometido y van ganando terreno al interior del órgano electoral. Siete u ocho votos de un pleno de 11 consejeros es una contundente mayoría, suficiente para quitarle atención y apoyo al Plan B.
Con Lorenzo Córdova fuera de la jugada y un INE caminando hacia los terrenos que quiere López Obrador, el Plan B se convierte en un pretexto para mantener una confrontación con la Corte, y para legitimar sobre todo la dureza con la que vendrá la ya anunciada propuesta de reforma al Poder Judicial.
Posdata
La reforma al Poder Judicial es también un ardid electoral, pues ni Morena y sus partidos aliados van a conseguir la mayoría calificada en el Congreso federal en 2024 (no la obtuvieron en 2018, pese al voto masivo que catapultó a AMLO a ser el Presidente más votado de la historia) ni va a ser realidad la elección de ministros por voto popular.
Todo quedará en una estrategia electoral para que Morena no pierda tanta fuerza en el Poder Legislativo y no se le vaya a echar a perder la elección con viraje de último momento de una de sus “corcholatas”, como lo expusimos ayer.
Y lo mismo que con el INE: tampoco se necesita renovar la institución de fondo. El siguiente sexenio salen cinco ministros de la Corte: Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar, en diciembre de 2024; Jorge Pardo, en febrero del 2026, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán en diciembre del 2027. Si todo sale como planea AMLO y gana Morena el 2024, podría hacerse de la mayoría del máximo tribunal.
Mientras tanto, irá por sus fideicomisos y su presupuesto. Para quien no quiera verlo todavía, es la guerra entre Poderes de la Unión.
@MarioMal