La polémica reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es resultado del llamado “pacto de los dos años”, es decir, un acuerdo entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, para que funcionarios del lopezobradorismo se mantengan en cargos clave dentro de la nueva administración.
Los senadores de Morena y sus aliados reconocen que la línea para votar por la peor calificada de la terna, quien basó su candidatura en documentos falsos, vino directamente de Palacio Nacional y no precisamente de Palenque, Chiapas. Fue Sheinbaum quien giró la instrucción de votar por Piedra Ibarra, pese a que también impulsó a Nashieli Ramírez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, como parte del acuerdo con AMLO. La única esperanza era que los legisladores de la 4T se rebelaran y votaran en contra, pero el coordinador morenista, Adán Augusto López, los puso a raya.
De acuerdo con fuentes de Morena, la hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra forma parte de esa lista de personajes que López Obrador dejó encargados a su sucesora. Otros nombres son los de Rosa Icela Rodríguez, Rogelio Ramírez de la O, Ariadna Montiel, Raquel Buenrostro, Octavio Romero, Zoé Robledo y Leticia Ramírez.
Algunos integrantes de ese pacto se incluyeron porque entregaron buenos resultados a los objetivos políticos del movimiento y se consideran indispensables para mantener una línea de continuidad. Otros, sin embargo, fueron elegidos porque son extremadamente cercanos a López Obrador y no los quiso dejar en el desamparo.
Las tres herencias más importantes son la de Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, la de Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar y la de Raquel Buenrostro en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. La primera para garantizar los recursos de los programas sociales, sin importar que las calificadoras internacionales coloquen al país en perspectiva negativa; la segunda para distribuirlos con estrategia, siempre con fines electorales; y la tercera para cuidar las espaldas de los involucrados en todos estos movimientos.
También se considera como herencia estratégica al exdirector de Pemex, Octavio Romero, ahora como director general del nuevo Infonavit, quien tendrá la tarea de construir más de 150 mil viviendas anuales con una bolsa superior a los 80 mil millones de pesos. La idea es construir un modelo similar al que en la CDMX tiene el INVI, relacionada con el grupo cercano a Martí Batres, otro funcionario impuesto por López Obrador al frente del ISSSTE.
Otro caso es el del director del IMSS, Zoé Robledo, acotado ahora en las compras de fármacos e insumos médicos por el actual secretario de Salud, David Kershenobich, pero muy activo todavía en las compras de otro tipo de materiales y en la contratación de los llamados servicios integrados, en especial para el caso de los estudios de laboratorio, los servicios de anestesia y el banco de sangre.
Desafortunadamente, los resultados de este “pacto de los dos años” empiezan a hacerse presentes de manera muy temprana en el sexenio. Este jueves Moody’s bajó la perspectiva de calificación de México de estable a negativa, resultado de las malas señales que la Secretaría de Hacienda ha emitido en vísperas de dar a conocer el Paquete Económico del próximo año.
Malas noticias.
Posdata
Y precisamente, la agencia Moody’s cambió la perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa, apenas un día previo a la entrega del Paquete Económico de 2025.
Pésima señal y peor en la víspera de la entrega del Paquete Económico.
