El gobierno de Claudia Sheinbaum comienza a enfrentar una contradicción cada vez más evidente en el mercado del gas LP, pues mientras mantiene topes de precios y acuerdos políticos con el sector formal, el llamado “huachigas” gana terreno en regiones completas del país y exhibe uno de los problemas menos atendidos dentro de la estrategia de seguridad y energía.
La narrativa oficial sobre el combate al robo de combustibles ha estado históricamente concentrada en las gasolinas y el diésel, aunque el negocio criminal migró desde hace tiempo hacia un mercado menos visible, pero, en algunos territorios, igual o más rentable. El gas LP tiene una ventaja para las organizaciones delictivas, ya que es un producto de consumo masivo en México. Más de siete de cada 10 hogares lo utilizan diariamente para cocinar, calentar agua o abastecer pequeños negocios.
Datos de Pemex sistematizados por el observatorio ciudadano IGAVIM muestran que el robo de gas LP se disparó en los últimos años. Puebla volvió a colocarse como el principal foco rojo del país con 426 tomas clandestinas detectadas en ductos de gas LP durante 2024. En el primer semestre de 2025 acumulaba ya 218 perforaciones, equivalente a más de 40% del total nacional. Municipios como Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo y San Martín Texmelucan continúan operando como corredores plenamente identificados de extracción y distribución ilegal.
En el sector sostienen que el problema hace tiempo dejó de limitarse a las perforaciones en ductos. El “huachigas” evolucionó hacia una estructura mucho más sofisticada con pipas clonadas, facturas alteradas, permisos falsificados, códigos QR apócrifos, estaciones clandestinas de carburación y redes completas de distribución que operan a plena luz del día.
Empresarios gaseros aseguran que en algunas regiones de Puebla el combustible ilegal ya abastece hasta 30% del mercado, impulsado por precios imposibles de igualar para cualquier competidor formal. Mientras el kilo de gas legal ronda entre 18 y 20 pesos dependiendo de la zona, el producto ilícito puede ofrecerse hasta en 7 pesos o incluso menos. Y detrás de ese menor precio, además de evasión fiscal, hay grandes redes criminales.
Ahí comienza el verdadero dilema para el gobierno de Sheinbaum. Las empresas establecidas enfrentan controles de precios, regulaciones, verificaciones y márgenes cada vez más comprimidos. En tanto, el mercado ilegal opera casi sin restricciones. En la industria la molestia crece porque buena parte de las inspecciones terminan concentrándose en compañías formales, mientras las redes clandestinas siguen expandiéndose.
En los corredores de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y parte de Veracruz el fenómeno ya es visible incluso para quienes transitan diariamente por las carreteras. Operadores describen movimientos nocturnos de pipas que cargan combustible robado durante la madrugada y lo redistribuyen horas después hacia estaciones irregulares y puntos de venta clandestinos.
Las pérdidas anuales se estiman entre 143 y 300 millones de pesos en ventas por robo de producto y competencia desleal. Pemex también absorbe el golpe patrimonial. Cada tonelada sustraída representa pérdidas para la empresa que ahora encabeza Juan Carlos Carpio Fragoso.
En comparación con el huachicol tradicional, en ductos de petrolíferos Pemex registró 4 mil 882 tomas clandestinas entre enero y junio de 2025, equivalente a una perforación cada 53 minutos. Hidalgo concentró mil 247 tomas, más de una cuarta parte del total nacional. Para el primer trimestre de 2026, los reportes de IGAVIM ya ubicaban 2 mil 563 tomas clandestinas de hidrocarburos en el país. La diferencia es que el robo de gas LP crece sobre un mercado doméstico más atomizado y con mayor contacto directo con el consumidor final.
Así que una buena parte del mercado energético nacional está siendo abastecida por redes criminales, mientras el gobierno regula a los formales y busca topar los precios sin desmontar el negocio paralelo.
Posdata 1
La visita del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, a México no fue tersa y tampoco faltaron avisos de que podrían venir más señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense sobre políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado. Las imágenes de la reunión en Palacio Nacional dieron cuenta de ello, pero sobre todo la lectura entre líneas de los mensajes posteriores. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum habló de cooperación “en el marco del respeto” entre ambos países, Mullin fue mucho más explícito y expuso las prioridades reales de su país, que son fortalecer los esfuerzos de México contra los “narcoterroristas”, mantener el combate al tráfico de personas y narcóticos, y reforzar compromisos operativos en seguridad fronteriza.
En Palacio Nacional se intentó proyectar una relación institucional y controlada, pero del lado estadounidense el mensaje fue de exigencia y supervisión. El titular de seguridad interior de EU utilizó públicamente el término “narcoterroristas” para referirse a los grupos criminales mexicanos, lo que deja bastante clara hacia dónde va el gobierno de Trump en torno a los señalamientos contra los criminales y sus cómplices, llámese políticos o empresarios.
En los últimos días han aumentado las versiones sobre nuevas acusaciones judiciales contra figuras políticas mexicanas presuntamente vinculadas con estructuras criminales.
Quizá por eso la presidenta retomó este fin de semana el discurso de la soberanía. Y también reivindicó a Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que no habrá distancia política porque forman parte del mismo movimiento, del mismo proyecto y prácticamente de la misma visión de poder. Para Estados Unidos no parece haber demasiadas distinciones entre administraciones cuando se trata de narcotráfico y de redes de protección política.
Posdata 2
Por cierto que la comparecencia de Rubén Rocha Moya ante la Fiscalía General de la República no parece ser un trámite cualquiera o una simple maniobra de control de daños. Todo indica que es el inicio formal de una ruta que, hace apenas unas semanas, parecía impensable. El gobernador con licencia de Sinaloa dice que acudirá “con la cabeza en alto”, pero se sabe acabado. La FGR confirmó que la cita es por la acusación presentada en Nueva York por presuntos vínculos con Los Chapitos.
En Palacio Nacional quisieron reducir el asunto a una exigencia de pruebas por parte de Estados Unidos, pero la realidad es que el caso Rocha ya cruzó ese umbral y deberá terminar en la cárcel. En el gobierno hay gran preocupación de que el expediente no termine en Sinaloa ni en Rocha, sino que sea el primer eslabón de una ofensiva más amplia contra cuadros de Morena, como ya se ha advertido.
Lo más delicado para Claudia Sheinbaum es que sabe que si México procesa el expediente con lentitud o intenta enterrarlo mediante el discurso de soberanía, el costo en la relación bilateral puede escalar. Si, por el contrario, permite que avance hasta sus últimas consecuencias, el golpe interno para Morena también sería brutal. Por todos lados pierde.
Posdata 3
La postura de soberanía y no injerencia que intenta consolidar el gobierno de Sheinbaum ya comenzó a mostrar fisuras dentro del oficialismo. Porque al tiempo que Ricardo Monreal impulsa una reforma para blindar constitucionalmente el principio de no intervención —una iniciativa que es la respuesta a la presión creciente de Estados Unidos crimen organizado y nexos de políticos mexicanos con grupos criminales— un grupo de legisladores de Morena decidió abrir un frente paralelo al expresar su respaldo a Raúl Castro. La respuesta desde Estados Unidos fue inmediata. Christopher Landau cuestionó públicamente que se invoque la autodeterminación para defender a una dictadura, lo que obligó a deslindes como el del vocero Arturo Ávila.
Dentro del bloque gobernante hay quienes no parecen dispuestos a acompañar sin reservas una estrategia de confrontación con Estados Unidos. La iniciativa de Monreal no genera consenso automático entre los aliados de Morena. En el Verde, figuras como Luis Armando Melgar ya han marcado distancia de otras agendas prioritarias del oficialismo. Y en el PT ocurre algo similar con liderazgos como Reginaldo Sandoval.
Resultó muy contradictorio que mientras desde Palacio Nacional se busca cohesionar al oficialismo bajo la bandera de la soberanía y el no injerencismo, legisladores del movimiento alimentan controversias ideológicas que tensan más y más la relación con Estados Unidos.
@MarioMal
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