El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no logra poner en orden los servicios médicos para la población nacional ni para los trabajadores de la salud, con dos organismos (IMSS e ISSSTE) que sufren por presupuesto, mientras que dependencias de la administración pública federal destinan recursos multimillonarias para contratar servicios médicos adicionales para sus funcionarios.
Esto sería positivo si los procedimientos de contratación se mantuvieran dentro de la legalidad e involucraran a empresas o grupos hospitalarios reconocidos; no obstante, una revisión de los contratos otorgados en esta categoría arroja que las firmas beneficiadas carecen de amplia experiencia en el ramo y, peor aún, las integran personajes vinculados al gobierno federal.
Es el caso de Atlantis Operadora de Servicios de Salud SA de CV, a la que se le han adjudicado este año contratos por mil 400 millones de pesos para operar consultorios y ofrecer servicios médicos a funcionarios del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Nacional Financiera y Lotería Nacional, así como para los usuarios del recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
En el caso del Indep, de Ernesto Prieto, y de Nafin, de Luis Antonio Ramírez, se trata del monto más elevado para este tipo de servicios: un contrato por más de mil millones de pesos en el que se incluye el servicio médico y hasta hospitalización para derechohabientes y jubilados de los organismos que están en liquidación en estas instituciones, por ejemplo el desaparecido Banrural.
La sola adjudicación del oneroso contrato a Atlantis Operadora de Servicios de Salud resulta extraña, porque a pesar de que se entregó por licitación, no alcanza a entenderse cómo es que en el concurso participaron sólo esta empresa y otra razón social denominada Corporativo Purépecha SA de CV, cuando se trata de una industria en la que participan jugadores de la talla de Star Médica, de Carlos Slim.
Las sospechas crecen cuando se advierte que la empresa fue constituida el 19 de diciembre de 2018, a inicios del gobierno actual, y cuando se confirma que extrabajadores de Atlantis han llegado a ocupar cargos clave en gobiernos morenistas. Es el caso de Modesto Solís Silva, otrora subdirector de Factor Humano y Beneficios Laborales de Atlantis, quien es gerente de Desarrollo Organizacional en Banco del Bienestar.
Se sabe también de la historia, a la inversa, de Mariam Castillo Rupit, hasta septiembre de 2019 funcionaria del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y hoy supervisora de la firma Corporativo Médico Community Doctors, que ha competido en consorcio con Atlantis para ganar contratos en el servicio público, como lo hace la razón social 3TI SA de CV.
A estas empresas, de escasa experiencia en la prestación de servicios médicos, pero amplios ingresos por contratos del gobierno, habrá que sumarle a Distribuidora Médica Daport SA de CV. Si se acumulan los montos que esta última obtuvo en 2021 con las ganancias que se llevó Atlantis ese año, se consolidan otros mil 680 millones de pesos, nada despreciables para un gobierno con grandes adeudos en salud.
La Auditoría Superior de la Federación
ya encendió las alertas sobre los negocios y servicios que operan este tipo de empresas pues, respecto a acuerdos previos que se firmaron con Nafin y el Indep, el órgano de David Colmenares afirmó que “se contrataron prestadores de servicios sin capacidad técnica, humana, financiera e infraestructura propia”.
¿Harán algo en la 4T?
mario.maldonado.padilla@gmail.com
Twitter: @MarioMal
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