La bomba en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estalló y apunta a detonar una crisis que podría desmoronar la de por sí resquebrajada estructura de David Colmenares .
Esto luego de que el máximo órgano contralor del Estado modificó su reglamento interno, presumiblemente para frenar las denuncias por desvíos de recursos que vendrán para las cuentas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las administraciones anteriores.
En este espacio dimos a conocer que los dictámenes técnicos con el potencial de convertirse en denuncias se retenían selectivamente en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, desde donde Víctor Andrade ha sido señalado de gestionar blindajes para los funcionarios de sexenios pasados y, más recientemente, para los integrantes de la Cuarta Transformación.
Aun así, en tres años y medio de gestión de David Colmenares se colaron 138 denuncias por alrededor de 20 mil millones de pesos, provenientes todas ellas de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, que hasta este lunes llevaba Gerardo Lozano Dubernard y que a partir de hoy se encuentra acéfala tras la renuncia de un funcionario que se volvió incómodo para un equipo que, según denuncias internas, se encargaba de ‘negociar’ los resultados de auditorías.
En su carta de renuncia, Lozano Dubernard señala que en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, que lleva Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre , están atorados otros 66 dictámenes técnicos susceptibles de convertirse en denuncias penales y que, según parece decir el firmante, ya no hay voluntad de que caminen, a pesar de que algunos de ellos cuentan ya con la revisión de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
El rompimiento se da entre los funcionarios de la ASF por diversos cambios realizados en el Reglamento Interno del órgano, con los que se oficializa que la única área facultada para presentar denuncias penales por manejo irregular de recursos públicos es la de Ibáñez Aguirre; es decir, se deja en una sola persona la posibilidad de decidir arbitrariamente el futuro de los funcionarios señalados por corrupción.
Desde su concepción, las modificaciones reglamentarias tenían vicios, al grado de que se decidieron publicar en el Diario Oficial de la Federación el pasado 25 de agosto; muy oportuno, o sospechoso, si se toma en cuenta que la LXIV Legislatura ya había terminado de sesionar y que faltaban seis días para la instalación de la legislatura LXV. Fue un movimiento a espaldas de la Comisión de Vigilancia del Congreso.
Los cambios también fueron violatorios de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, específicamente del artículo 43, así como del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ambos establecen la obligación para los funcionarios de la ASF de denunciar toda aquella irregularidad de la que tengan conocimiento. Con el nuevo reglamento se coarta incluso esta obligación y se promueve la impunidad.
Éste será quizá el round final de Lozano Dubernard con el equipo que dirige la ASF, por lo menos como pares o colaboradores dentro del órgano contralor. En el pasado se habían presentado desencuentros entre el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y Colmenares; el más sonado fue relacionado con los costos de cancelación del Aeropuerto de Texcoco, porque el segundo jamás quiso aceptar y revelar las equivocaciones de su evaluación económica.
El escenario es claro: la lucha anticorrupción en tiempos de la 4T se desmorona; se queda en manos de funcionarios que se caracterizan por una falta total de transparencia y por un manejo político de las investigaciones. Si bien la ASF es un órgano autónomo, no encaja en un régimen de supuesta lucha contra la corrupción y la impunidad.
Arrasan con presupuesto y priistas no votan
La madrugada del domingo se aprobó en San Lázaro el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, con 273 votos a favor de Morena y sus aliados del PT y PVEM, todo prácticamente sin cambiarle una coma a lo que mandó el Ejecutivo.
En medio del enojo de los partidos opositores, cuyas reservas fueron ignoradas, quienes dieron mucho de qué hablar fueron los diputados del tricolor Ricardo Aguilar Castillo , del Estado de México; Pablo Gamboa Miner , de Yucatán, y Karina Barrón Perales , de Nuevo León, quienes simplemente decidieron no votar. Esto provocó una investigación al interior del CEN Nacional del PRI, ya que este partido dio batalla junto con el PAN y Movimiento Ciudadano para ir en contra del Presupuesto dictado desde Palacio Nacional. Al final, el PEF 2022 contempla recortes de 8 mil millones de pesos a organismos y poderes autónomos, como la reducción de 5 mil 193 millones de pesos al INE, que encabeza Lorenzo Córdova , y de 3 mil millones de pesos al Poder Judicial, entre otros.
¿Para eso querían ser diputados?
