La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un fuerte revés al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Raquel Buenrostro, en un caso que llevaba 14 años litigándose y que, con la sentencia del máximo órgano de justicia del país, el organismo recaudador tendrá que pagar cerca de mil millones de pesos a la familia de Carmela Azcárraga Milmo.
Ayer, los ministros de la Corte se sacudieron finalmente la presión de la Secretaría de Hacienda y firmaron sin cambios la sentencia al Amparo Directo en Revisión 7472/2019, la cual se había aprobado en sesión pública el pasado 14 de abril.
Con la firma del engrose, concluida en reunión de la Segunda Sala, el máximo órgano del Poder Judicial marcó un importante precedente en materia de autonomía y división de Poderes, justo cuando están por discutirse temas que involucran proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo, y en los que la mayoría de las ministras y ministros buscan dejar claro que resolverán únicamente conforme a la Constitución y en defensa de los derechos de los ciudadanos.
El caso se refiere a un cobro ilegal de impuestos que realizó el gobierno de Felipe Calderón en 2007, cuando el SAT, que llevaba José María Zubiría, impuso 338 millones de pesos en impuestos a la fallecida hermana de Emilio “el Tigre” Azcárraga por la venta de sus acciones en la compañía Acotel S.A. de C.V. El asunto de fondo fue que la cantidad se gravó indebidamente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El tema llegó a lo que hoy es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de que durante 14 años ni el SAT de Calderón ni el de la administración de Enrique Peña Nieto hicieron algo para ganar el caso. En su lugar, los magistrados se erigieron en los defensores del gobierno para negar la millonaria devolución. La actitud de los organismos recaudadores y de los juzgadores fue reprobada por la Segunda Sala de la Corte.
El SAT reaccionó cuando la decisión judicial ya estaba tomada y, con documentos que surgieron de la Secretaría de Hacienda intentaron modificar la resolución propuesta por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y aprobada con los votos a favor de Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. En contra votaron los ministros José Fernando Franco González-Salas y Javier Laynez Potisek.
Se tiene registro de que, a mediados de mayo, llegó a los escritorios de los ministros de la Segunda Sala una tarjeta con recomendaciones para “modificar” la resolución aprobada, las cuales, aunque sutiles, eran suficientes para cambiar el sentido de la sentencia y evitar la devolución de recursos que, con el paso del tiempo, era cada vez más onerosa.
“La relevancia del presente asunto se actualiza en virtud de que involucra: el impacto adverso que en el erario federal podría tener el efecto del amparo que se otorgue a la quejosa, dado que la devolución pretendida por la contribuyente involucra actualmente un monto aproximado a un mil millones de pesos”, decía la nota redactada en las oficinas de Hacienda.
La tarjeta buscaba que, por primera vez en la historia, se alteraran los efectos de una sentencia ya aprobada en sesión pública, bajo el argumento de evitar un impacto adverso a la tarea de recaudación del SAT.
La decisión de la Corte para ratificar los efectos de su sentencia se da justo cuando el ministro presidente, Arturo Zaldívar, declaraba en la Cumbre Internacional sobre el Estado de Derecho que “estamos viviendo una de las etapas de mayor vigor, independencia y autonomía del Poder Judicial”, aunque también confirma en sus dichos que este se encuentra sometido a enormes “tensiones” y “presiones”.
Posdata
El mercado del gas LP en México está concentrado en un puñado de empresas que, como lo ha advertido la Comisión Federal de Competencia Económica, tienen una influencia en la fijación de precios.
Si bien el incremento de este combustible tiene más que ver con los precios internacionales del petróleo, los cinco grupos que dominan el negocio, Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto y Gas Zaragoza, también han sido acusados de prácticas anticompetitivas, de accidentes con consecuencias penales y, algunos de ellos también han sido vinculados a personajes acusados de corrupción. Es el caso de Sergio Nieto del Río y su amistad y compadrazgo con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
La creación de una empresa estatal no va a funcionar. Se quedará en una intención del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el mercado del gas LP sí debe de regularse y se deben imponer multas a las empresas que han abusado de su poder dominante.
Proveedora irregular
Con contratos por 130 millones de pesos, Joad Limpieza y Servicios se posiciona como una de las principales proveedoras del aseo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sobre esta firma existen señalamientos por no reportar a casi la mitad de los trabajadores que tienen comprometidos en más de 10 convenios con dependencias como el SAT y la Función Pública, por mencionar algunas.
El expediente entregado al IMSS por parte de la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel) pone sobre la mesa una serie de fallos que implican a 3 mil afanadores, mientras que su registro obrero patronal sólo refleja a mil 600. Dentro de la solicitud de investigación también se apunta a la empresa como parte de un grupo en el que operan Cato Servicios, Mantenimiento Roc, Fejastek y Fireky, todas vinculadas al empresario Jorge Sanromán.
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