Birmex, la empresa que por decisión presidencial se convirtió en la principal distribuidora de medicamentos del gobierno federal, reconoció finalmente que no cuenta con un Sistema Nacional de Distribución de medicamentos que cubra las necesidades del sector salud del país. Pese a esto, el ISSSTE, encabezado por su anterior director, Pedro Zenteno, acaba de asignarle un contrato por mil 660 millones de pesos para atender la logística de fármacos y de materiales de curación para lo que resta del 2022 y todo el 2023.
En mayo pasado, el laboratorio propiedad del Estado había sido rechazado por el IMSS para convertirse en su proveedor de servicios logísticos y de distribución de medicamentos en una licitación en la que una empresa privada nacional tuvo que salir al quite: Grupo Traxion, que proveerá el servicio para 7 de las 11 regiones en las que se dividió al país.
Como resultado de sus capacidades limitadas y evidentes deficiencias en su operación, Birmex participó en ese concurso con una oferta única para la región centro del país, que comprende la CDMX y el Estado de México, pero obtuvo sólo 7.5 de un máximo de 60 puntos que se otorgaron en la evaluación, además de que su oferta, que rondaba los 170 millones de pesos, fue 38% más elevada que la ganadora de Grupo Traxion.
A esto se suman las deficiencias que Birmex, actualmente dirigida por el general retirado Jens Pedro Lohmann, admitió en su Informe “Avance y Resultados 2021”. La empresa estatal reconoció que, “debido al nivel de complejidad que implica el desarrollo de un Sistema Nacional de Distribución que cubra las necesidades de un territorio como la República Mexicana, no se ha concluido el desarrollo del proyecto”.
Aun así, el pasado 15 de agosto, el ISSSTE –a donde mandaron a Pedro Zenteno después de mal dirigir a Birmex– recurrió a la adjudicación directa identificada con la clave AA-051GYN005-E89-2022 para contratar con Birmex el “Servicio Integral para la Administración y operación de la cadena de suministro de medicamento, material de curación e insumos para la salud, desde un Centro Nacional de Distribución (Cenadi) hacia las Unidades Médicas Usuarias (UMU’s) del Instituto”.
El contrato, cuya vigencia dará inicio oficialmente el próximo 1 de octubre, comprende la “recepción, resguardo, almacenamiento, selección y preparación de pedidos, empaque, embarque, transportación, distribución, entrega en UMU’s, control de lotes, caducidades y conteos de existencias utilizando la plataforma tecnológica designada por el proveedor, así como la recolección y transferencia entre UMU’s y logística inversa entre UMU’s y Cenadi, para los ejercicios 2022 y 2023”. Todo por un total de mil 659 millones 900 mil pesos.
Previamente, el 8 de julio de 2022, el Insabi de Juan Antonio Ferrer le había adjudicado directamente otro contrato para el “Servicio integral de logística, recepción, almacenamiento, distribución y recolección de bienes terapéuticos grupos 010, 020, 030, 040, 060, 070, 080 y demás insumos para la salud para el ejercicio fiscal 2022” por 50 millones de pesos.
El sistema nacional de distribución de medicamentos, desmantelado durante los cuatro primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, integraba a unas 200 empresas distribuidoras que manejaban alrededor de mil 200 claves de fármacos. Este es el universo que deberá llenar Pedro Lohmann en Birmex para intentar corregir el desabasto que se arrastra desde el inicio del gobierno.
Birmex ha recurrido a la subcontratación de proveedores para manejar los fármacos de cadena de frío, para lo que ha contratado por 25 millones de pesos a Transportes Refrigerados Cova SRL de CV, empresa transportadora de alimentos constituida en 2017.
SCJN, reforma a LFRyTV y prisión preventiva
Como se esperaba, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas hechas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyTV) promovidas en 2017 para que los comunicadores dieran a conocer si lo que dicen en sus espacios es una opinión o información, así como la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir lineamientos de derechos de las audiencias. El máximo tribunal de justicia argumentó acciones inconstitucionales y violación en los procesos legislativos.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión consideró que la Corte protegió la libertad de expresión. Ahora corresponderá al Congreso federal llevar a cabo una nueva reforma que escuche a todas las voces involucradas, lo que sucederá hasta que se notifique la sentencia.
La próxima gran decisión de la SCJN será el siguiente lunes, cuando se vote el proyecto del ministro Luis María Aguilar que busca eliminar la prisión preventiva oficiosa y obliga al ministerio público y a la policía de investigación a mejorar sus pesquisas y la integración de carpetas para justificar por qué un presunto delincuente debe permanecer en la cárcel durante su proceso judicial.
El PRI y la elección en el Edomex
El domingo pasado el exgobernador Arturo Montiel convocó a una reunión “de unidad” para que las aspirantes a encabezar al PRI –y posiblemente la Alianza Va Por México– limaran asperezas y se comenzara a delinear la estrategia a seguir hacia 2023, toda vez que el PAN y Movimiento Ciudadano ya tienen a su candidato.
Al desayuno fueron convocadas las tres posibles candidatas: Alejandra del Moral, Ana Lilia Herrera y Laura Barrera. La primera, secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Alfredo del Mazo, luce como la favorita para quedarse la candidatura, aunque la diputada Ana Lilia sigue teniendo el apoyo de algunos exgobernadores y legisladores del PRI. La también diputada federal, Laura Barrera, se encuentra en un lejano tercer lugar.
La noticia de la reunión es que Ana Lilia Herrera decidió no asistir, lo que no cayó bien en el seno del Grupo Atlacomulco. Sus razones tendrá la diputada, que por cierto cumplió años ayer, pero para el PRI mexiquense, acostumbrado a guardar las formas, no fue buena señal.
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