El Banco del Bienestar ha tenido más escándalos que directores. A casi tres años y medio de su creación, la institución que pretendía consolidarse como el canal de distribución de recursos para los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleva tres titulares y un sinfín de problemas que apuntan a corrupción, malos manejos y recursos dilapidados.
Por la dirección de la institución, conocida anteriormente como Bansefi, han pasado Rabindranath Salazar , Diana Álvarez Maury y su actual titular, Víctor Manuel Lamoyi . Los primeros dos fueron destituidos con señalamientos de malas prácticas en los procesos de compra, lo que Lamoyi parece tampoco haber entendido, pues ha otorgado contratos millonarios, violando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Además, mantiene esquemas de outsourcing que el Presidente pidió eliminar.
Al escandaloso caso del contrato de los cajeros automáticos coreanos de Rabindranath, y al de las tarjetas de débito y crédito panameñas de Álvarez Maury, se suma ahora el del “Servicio especializado de asistencia técnica para el seguimiento, atención e implementación de diversos programas para el fortalecimiento de actividades que lleve a cabo el Banco del Bienestar en el ejercicio fiscal 2022”, correspondiente a la administración de Lamoyi.
Aunque en el concepto está disfrazado, se trata de un servicio de subcontratación de personal para el ejercicio fiscal de 2022, por un monto máximo de 407 millones de pesos. Un contrato que, de entrada, pasa por alto las disposiciones que en agosto 2020 estableció la entonces directora, Diana Álvarez, para reducir en 40% el presupuesto para recursos humanos contratados mediante esquemas de tercerización.
En aquel entonces (2020), el Banco del Bienestar operaba con una nómina de outsourcing contratada por 464 millones de pesos a la empresa Servicios Empresariales Teram, que daría servicio por un periodo de 12 meses. Para este 2022, el contrato por 407 millones, adjudicado de manera directa el pasado 19 de abril, abarca sólo ocho meses y 11 días de operación, por lo que el presupuesto no sólo ignora el recorte solicitado, sino que lo encarece considerablemente.
Si dichos montos causan extrañeza, el proceso de adjudicación del servicio es todavía más irregular, pues se entregó a una empresa que había sido descalificada por incumplimiento en la licitación: Corporativo Sag de To S de RL de CV, cuya propuesta fue desechada en el procedimiento LA-006HJO001-E14-2022 por “no acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”.
En el concurso resultó victoriosa la compañía Visión y Estrategia Negocios SA de CV, otra de las consentidas de la 4T en la adjudicación de contratos de outsourcing, que para esta licitación participó con una comisión sorprendente de 0.01%. Los expertos en la materia explican que la comisión es insostenible para efectos de rentabilidad, y así debió haberlo considerado también la compañía, pues decidió no presentarse a la firma del contrato programada para el 13 de abril.
El Banco del Bienestar recurrió de emergencia a una adjudicación directa en la que, con base en un supuesto estudio de mercado, asignó el contrato para servicios de outsourcing al Corporativo Sag de To, que opera desde abril la nómina externa a pesar de que no cumplía con obligaciones fundamentales como causante ni como empleador.
La tercera es la vencida, dice el refrán, pero el tercer director del Banco del Bienestar parece que tampoco tendrá un buen final.
Sedena compra a proveedor sin aval
El pasado 10 de febrero, la empresa Protective Materials Technology S.A. de C.V. se adjudicó un contrato por 319.4 millones de pesos, como resultado de la adquisición LA-007000998-E227-2021 de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La tarea era proveer más de 24 mil juegos de placas balísticas Stand Alone nivel especial FAVE 01-01 de 18x18 y otros 24 mil de 25x30; sin embargo, a la fecha siguen sin ser suministradas de acuerdo con fuentes del sector, pues los envíos de los insumos para su fabricación en Estados Unidos se encuentran atorados en puertos chinos por la nueva ola de Covid. No obstante, competidoras del ramo aseguran que los artículos llegan terminados al vecino del norte para su reetiquetado y venta a supuesta calidad americana.
Entre los detalles sobre el caso destaca que desde 2019 Protective Materials Technology, o PMT como se le conoce, se quedó sin la certificación que el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos, el cual se entrega para estos productos tras verificar su calidad. Los registros revelan que el aval quedó suspendido en el caso de las placas III A, mientras que en el caso de las de nivel IV quedó inactivo.
Sobre la compañía se sabe que el 6 de mayo de este año quedó inhabilitada para celebrar cualquier contratación con dinero de las arcas federales por la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo, durante los siguientes 21 meses.
mario.maldonado.padilla@gmail.com
para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.