Las empresas aseguradoras encontraron una mina de oro en México. De acuerdo con cifras del propio sector, el valor del mercado ronda ya los tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, cerca de un billón de pesos en primas emitidas, en un país donde apenas dos de cada 10 personas cuentan con algún tipo de seguro. La penetración sigue siendo baja, pero el negocio es altamente rentable y, además, altamente concentrado. Precisamente por eso, en el gobierno y los legisladores consideran indispensable corregir abusos y ordenar el mercado.
Los datos más recientes disponibles muestran el tamaño de esa concentración. GNP Seguros lidera el mercado con alrededor de 12.2% de participación, seguida por MetLife México (10.5%), BBVA Seguros (9.1%), Banorte (8.1%) y AXA (6.6%). Detrás aparecen otros jugadores relevantes como Quálitas, Banamex Seguros, Monterrey New York Life, Chubb Seguros México e Inbursa. Se trata de un oligopolio que domina tanto el volumen de primas como la relación con hospitales, talleres, médicos y proveedores.
En ese contexto, legisladores de Morena, PT y PVEM presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la competencia y la protección de los usuarios, en particular en los ramos de salud y gastos médicos mayores, donde se concentra buena parte del malestar social. Es una de las propuestas más técnicas y razonables que han salido del Congreso en esta legislatura, por lo que no se anticipa una oposición frontal de otros partidos.
La iniciativa pone el dedo en llagas que llevan años abiertas: incrementos desproporcionados de primas, tabuladores médicos y hospitalarios opacos, negativas recurrentes de pago, exclusiones poco claras, pérdida de antigüedad al cambiar de aseguradora y una ausencia casi total de información comparable para los usuarios. No es casualidad que los seguros de autos y gastos médicos encabecen, año tras año, las quejas ante la Condusef. El problema afecta a millones de familias que pagan primas cada vez más altas y descubren las limitaciones de su póliza justo cuando la necesitan.
Los casos se repiten entre las principales compañías. GNP, históricamente la número uno por volumen de primas y con presencia en autos, vida, salud y seguros comerciales, aparece también entre las aseguradoras con mayor número absoluto de quejas, principalmente por negativas de indemnización y disputas sobre montos pagados. Quálitas, líder indiscutible en seguros de autos y flotas, concentra buena parte de las reclamaciones por rechazo de siniestros y tiempos de pago, además de haber sido el caso emblemático del conflicto fiscal con el SAT por el acreditamiento del IVA, cerrado recientemente con un ajuste cercano a 2 mil millones de pesos. Chubb, con fuerte presencia en seguros corporativos, y BBVA Seguros, apoyada en la banca integrada, tampoco están exentas de reclamaciones, aunque esta última suele registrar mejores tiempos de atención que sus competidores tradicionales.
Las que no presentan tan malas calificaciones ante la Condusef, pero que no por eso se libran de los escándalos, son ABA Seguros, AXA y GNP, mientras que entre las peor evaluadas aparecen Seguros Argos, Seguros Banorte Generali y ACE Seguros. El patrón, sin embargo, es el de un mercado concentrado, con márgenes elevados y una relación asimétrica con el usuario.
Uno de los ejes centrales de la reforma es obligar a la Condusef a construir y publicar indicadores de relación precio-calidad, particularmente en servicios hospitalarios privados, para que el consumidor tenga herramientas objetivas al contratar un seguro. Hoy, esa información no existe o está fragmentada, lo que deja a los usuarios en clara desventaja frente a compañías que sí conocen a detalle sus costos, márgenes y exclusiones.
A estos cambios regulatorios se suma un golpe fiscal de gran calado. A partir de este 2026, las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA pagado en la reparación o indemnización de siniestros, convirtiendo ese impuesto en un costo directo. Hacienda estima que esta medida generará una recaudación adicional de entre 20 mil y 25 mil millones de pesos anuales. El sector ya anticipa incrementos de entre 10 y 20% en gastos médicos y alzas superiores al 5% en autos.
El negocio asegurador seguirá creciendo, pero ahora bajo mayor escrutinio regulatorio y presiones fiscales. Si las compañías quieren sostener su rentabilidad, deberán ofrecer mejores servicios y precios. Todo indica que, para las aseguradoras, “la fiesta” está por terminar.
Posdata 1
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este 5 de febrero en el Teatro de la República de Querétaro la ceremonia conmemorativa del 109° aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, acompañada por las titulares de ambas cámaras del Congreso y el presidente de la Suprema Corte. El acto oficial incluyó discursos de autoridades y un llamado al respeto del pacto social que rige al país. No hubo desplantes ni malos tratos, como ocurrió hace tres años con el expresidente López Obrador y la entonces presidenta de la Corte, Norma Piña.
Durante su intervención, Sheinbaum subrayó que la Constitución sigue siendo el pilar de la soberanía, la democracia y la justicia social, y enfatizó que México “no se arrodilla ni se vende”, frase que marcó su discurso en el contexto de las cada vez más frecuentes presiones de Estados Unidos.
En ese mismo escenario, el gobernador panista Mauricio Kuri aprovechó la conmemoración constitucional para refrendar públicamente su respaldo a la Presidenta y a la política de no intervencionismo, afirmando que “México no acepta dictados del extranjero” y que en la defensa de la patria no se antepone ningún interés externo.
El evento se desarrolló en un contexto político delicado: las escaramuzas de Estados Unidos sobre una intervención y sus elecciones intermedias, la próxima renegociación del T-MEC y, en el contexto local, la reforma electoral y la antesala de las elecciones del próximo año.
Posdata 2
El anuncio del Plan de Acción bilateral en materia de minerales críticos entre México y Estados Unidos —dado a conocer por el representante comercial estadounidense Jamieson Greer y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard— marca una ruta estratégica previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá prevista para mediados del año. Este plan busca identificar minerales críticos de interés común y mecanismos de cooperación comercial coordinados, además de que introduce la posibilidad de herramientas como pisos de precios ajustados en la frontera para reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro que han sido expuestas por distorsiones globales —en particular por la preponderancia de China en el procesamiento de estos insumos—, y que se consideran esenciales para la industria de semiconductores, EV, baterías y tecnologías de defensa.
México acordó vincular esfuerzos con Estados Unidos sin poner en riesgo su soberanía ni contravenir su marco constitucional, como lo subrayó Ebrard en su comunicado oficial: “Todo el trabajo de cooperación se realizará en el marco de nuestra soberanía y con respeto a nuestra Constitución”. En términos prácticos, el diseño contempla cooperación técnica y regulatoria, estándares para minería y procesamiento, intercambio de información geológica, y la identificación de proyectos prioritarios en ambos países o incluso terceros mercados, todo ello con miras a fortalecer las cadenas de valor en Norteamérica.
El acuerdo se inscribe dentro del proceso de revisión del T-MEC, en el que temas como reglas de origen más estrictas, defensa contra prácticas desleales y cadenas de suministro seguras están sobre la mesa. La administración estadounidense ha señalado que busca robustecer su contenido industrial, mientras que México ha insistido en que la revisión no debe convertirse en una renegociación que quiebre el tratado. Para el sector privado, cuya participación es clave en manufactura y exportaciones que representan más del 80% del total hacia Estados Unidos, la agenda de minerales críticos podría traducirse en contenido regional agregado y mayor competitividad, pero también en nuevas exigencias y estándares compartidos.
Posdata 3
El tema de seguridad sigue siendo el reto más importante de los gobiernos estatales y municipales, por lo que resulta de especial interés el trabajo que se está realizando en Oaxaca, donde el gobernador Salomón Jara acaba de superar su primera prueba en la elección de revocación de mandato, en la que no salió muy bien librado.
El Programa Estatal de Paz con Justicia y Bienestar para el Pueblo de Oaxaca que ha implementado el gobernador fue bien evaluado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur (CIESAS), en el período que comprende del 2023 al 2025.
Al ser una entidad con alto nivel de conflicto social, la atención debía ser enfocada desde una perspectiva de desescalamiento de la violencia asociada a la conflictividad social, con atención especialmente en problemáticas estructurales históricas mediante cuatro ejes integrales: Eje Hablamos, no Bloqueamos; Eje Pa’ las Oaxaqueñas; Eje Viviendo la Paz; y Eje Paz Territorial.
El diagnóstico del CIESAS reconoce el enfoque territorial y preventivo basado en la presencia directa del Estado, con el diálogo, la conciliación y la mediación no coercitiva como instrumentos básicos para la solución de conflictos, la contención de bloqueos, así como la ampliación de presencia institucional en zonas históricamente rezagadas. Se trata de una política pública estratégica, que por sus resultados podrá permear a otras entidades y, posiblemente, a nivel nacional.