La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está entrampada no solo por el juicio político que la líder demócrata Nancy Pelosi busca abrirle a Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de 2020, sino también por el factor de ‘incertidumbre’ e ‘inestabilidad’ que significan Andrés Manuel López Obrador y su autodenominada Cuarta Transformación en materia de seguridad.
Un dirigente de la iniciativa privada que ha estado al tanto de las negociaciones del T-MEC considera que Estados Unidos –y en particular los demócratas– están poniendo a prueba al gobierno mexicano, no solo en el capítulo laboral con su intención de enviar inspectores a las empresas mexicanas, sino en materia de seguridad y Estado de derecho.
Los sucesos violentos que han encendido las alertas de seguridad en Estados Unidos, entre ellos el malogrado operativo en Culiacán para atrapar al hijo de El Chapo Guzmán; la masacre de la familia Lebaron en Sonora; y las declaraciones de Donald Trump en torno a designar a los cárteles de la droga como terroristas, han jugado en contra de la ratificación del T-MEC.
Según la internacionalista del TEC de Monterrey, Ileana Rodríguez , estos temas han afectado el proceso legislativo para la ratificación del nuevo acuerdo comercial, pues el fortalecimiento y cumplimiento de la ley –que se debe hacer valer con cualquier país con el que Estados Unidos tiene tratados– no se está cumpliendo.
De ahí las declaraciones que hizo Trump la semana pasada al presentador de Fox, Bill O'Reilly , sobre ayudar a México en el combate de los grupos criminales. "En realidad, le he ofrecido (al presidente mexicano) que nos deje entrar y limpiar, y hasta ahora ha rechazado la oferta. Pero en algún momento tiene que hacerse", afirmó el mandatario.
A esto se sumarían los demandas de los demócratas sobre permitir que inspectores estadounidenses viajen a México periódicamente a revisar la implementación de la reforma laboral. Además de un asunto de cumplimiento –que a todas luces vulneraría la soberanía nacional– tiene que ver con la preocupación de los congresistas estadounidenses y del propio Donald Trump en materia de violencia, inseguridad y falta de garantías para los ciudadanos estadounidenses que viven o trabajan en el país.
Es probable que así como sucedió con el tema migratorio, en el que se obligó al gobierno mexicano a diseñar una estrategia –en contra su voluntad– para frenar considerablemente el flujo de centroamericanos hacia Estados Unidos, a México se le vuelva a pedir mejorar los niveles de seguridad para poder ratificar al T-MEC.
Como se ve, la renovación del acuerdo comercial más importante que tiene México, y el cual tanto el secretario de Hacienda, A rturo Herrera , como el subsecretario, Gabriel Yorio , han dicho que es muy relevante para generar confianza y atraer la inversión, podría obligar al gobierno de la Cuarta Transformación a cambiar su estrategia en seguridad y combate al crimen organizado, por más y que el Presidente se aferre a los “abrazos, no balazos”.
Posdata
Y el asilo político al ex presidente de Bolivia, Evo Morales , era algo que tampoco le iban a perdonar.
Semovi vs Uber, Didi y Cabify
Las plataformas de transporte como Uber , DiDi y Cabify enfrentarán un nuevo embate de las autoridades de la Ciudad de México para revelar sus algoritmos de operación; en específico, para abandonar sus ventajas competitivas frente al transporte concesionado.
El reciente caso de la joven Katsuko Nakamura , quien denunció un intento de secuestro por un conductor de Uber con historial perfecto en la aplicación, revivió el debate sobre la información que este tipo de empresas deben compartir con las entidades de gobierno.
La respuesta de Uber, que en México dirige Federico Ranero , no ayudó mucho, pues al negarse a revelar detalles sobre posibles manipulaciones en las cuentas de sus operadores —que explicarían cinco estrellas perfectas para un conductor con más de 4 mil 400 viajes—, abrió la puerta también a investigar un posible mercado negro de cuentas.
En este contexto, y tras los compromisos adquiridos con los grupos de taxistas de la capital, el Congreso de la CDMX prepara modificaciones a la Ley de Movilidad y a su reglamento, las cuales obligarían a las plataformas a compartir con detalle los datos estratégicos de su sistema, entre ellos la metodología de reclutamiento y de control de operadores.
Diputados de oposición aseguran que, ante todo, se busca establecer la obligación de revelar a la secretaría de Movilidad, de Andrés Lajous , el algoritmo de tarifas y de definición de comisiones; es decir el modelo matemático que ha permitido a estas plataformas acaparar a nivel internacional un mercado valuado en 34 mil millones de dólares anuales.
Esto se sumaría a las reformas al Reglamento de la Ley de Movilidad publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 24 de abril, las cuales obligan a los operadores de las aplicaciones a tramitar un Tarjetón Distintivo ante la autoridad, a pasar revista y a utilizar vehículos cuyo costo de factura original no sea menor a los 250 mil pesos.
Para los especialistas en la materia, dichas disposiciones, replicadas en otras grandes urbes del país, serían violatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, específicamente en los temas referentes a las Prácticas Monopólicas y a la Prohibición de Barreras a la Libre Concurrencia.
IUSA-Cofece-MCCI
Hablando de la Cofece , resulta que la resolución emitida sobre el caso de IUSA y sus contratos para suministrar medidores a la CFE tiene dos particularidades muy poco comunes: la primera es que la exoneración de la compañía de Carlos Peralta es uno de los casos contados en que la Comisión de Alejandra Palacios absuelve a un ente económico, toda vez que en 98% de los casos se declara la culpabilidad. Y la segunda es, ni más ni menos, la derrota ante la opinión pública de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organismo sobre el que la empresa señalada prepara ya una demanda legal por violación de derechos.
@MarioMal
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