El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó ayer por la mañana a Washington, D.C, la capital de Estados Unidos, con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y una comitiva integrada, entre otros funcionarios, por los titulares de Pemex, Octavio Romero, y de Agricultura, Víctor Villalobos.
El presidente viajó en el mismo avión que algunos de los empresarios mexicanos que participarán en la reunión del CEO Dialogue programada para el miércoles por la mañana, previo al regreso de AMLO a México. En el vuelo de United iban también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio Del Valle.
A Washington llegarán por separado otros empresarios invitados como el presidente vitalicio de Grupo Carso, Carlos Slim Helú, y el copresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Bernardo Gómez. En total son unos 18 directivos y directivas de empresas quienes acuden a la reunión. También se espera la llegada del exjefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo.
López Obrador llega a la capital estadounidense “artillado”, tras una serie de eventos que incendiaron la visita, tales como la solicitud de iniciar una campaña para remover la Estatua de la Libertad de Nueva York si no se indulta al exhacker Julian Assange y la explosiva publicación de The New York Times con respecto a la extrema cercanía y condescendencia del embajador estadounidense Ken Salazar con el presidente mexicano.
Tampoco debe olvidarse la descortesía del presidente de no asistir a la Cumbre de las Américas de principios de junio por la no invitación de los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La desatención se convirtió en una afrenta luego de que un representante de la Casa Blanca reveló que el presidente Joe Biden, personalmente, pidió que su homólogo mexicano asistiera a la reunión.
La rudeza con la que se ha conducido el presidente López Obrador con Estados Unidos tiene tres explicaciones que cruzan por lo político y lo económico: el acelerado desplome de la popularidad de Joe Biden, los multimillonarios litigios en puerta de las firmas estadounidenses contra el gobierno en el marco del TMEC, y el respaldo democrático que mantiene AMLO, el cual sustenta las disputas con sus “adversarios” verdaderos o imaginarios.
López Obrador, un fajador nato curtido en las calles, se enfrenta a todos por igual: republicanos y demócratas; embajadores, secretarios de Estado o cualquier enviado de la Casa Blanca: no hay quien lo convenza de usar los canales diplomáticos para dirimir las diferencias. La temeridad del presidente está fundada en el arrastre popular que tiene, sin importar que puede traerle consecuencias en el mediano plazo.
Además de los temas migratorios y de seguridad fronteriza, la prioridad de AMLO es tratar los litigios de inversionistas estadounidenses en el sector energético del país, los cuales superan fácilmente los 10 mil millones de dólares, y por los que ha entrado tantas veces como “Juan por su casa” el embajador Salazar a Palacio Nacional para reunirse con el presidente y los ejecutivos de las compañías en cuestión.
Por eso estarán en las reuniones algunos de los integrantes de la Cámara de Comercio Americana, entre los cuales están varios ejecutivos de empresas del sector eléctrico, y los del Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios. El problema para AMLO es que todos piensan lo mismo: que México no ha respetado los contratos en el sector energético y ha vulnerado las inversiones lo mismo de firmas extranjeras que nacionales.
Por todo esto, aunque las reuniones de hoy y mañana se hagan ver como que transcurrieron de forma apacible y diplomática, la realidad es que habrá mucha tensión y en cualquier momento, con la ligereza de las palabras del presidente López Obrador, puedan sacar chispas.
Posdata
Detrás de la solicitud del indulto a Julian Assange está la revancha de López Obrador por los constantes llamados de congresistas, altos funcionarios de la Casa Blanca y del propio embajador Salazar a frenar la violencia contra los periodistas en México, así como garantizar que puedan hacer su trabajo.
Cartograf, otro escándalo
Otro escándalo financiero en ciernes es el de Cartograf, empresa especializada en fabricación de empaques de cartón corrugado y cuya planta en Aguascalientes es una de las más importantes del continente. Cartograf pasa por una difícil situación de insolvencia desde hace más de un año, la cual ha afectado a los principales bancos del país con adeudos cercanos a cuatro mil millones de pesos.
A la crisis financiera de la empresa se le suman problemas legales frente a los acreedores por malos manejos, de manera que ya se han presentado denuncias contra la empresa y su dueño, Juan José Páramo Riestra.
De acuerdo con las investigaciones, se habrían dispuesto ilegalmente recursos que levantaron de sus principales clientes, pero cuyo derecho de cobro ya habían descontado previamente con la banca, causando millonarios quebrantos a las instituciones de crédito.
Las acciones de los posibles defraudados son lideradas por el despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont, por lo que el asunto no pinta fácil para la firma y su presidente, quien, además, a partir del incumplimiento generalizado de sus obligaciones con la banca y para evitar el embargo de la empresa, habría mudado la operación a una empresa fachada denominada Cartowood, que puso a nombre de algunos de sus cercanos.
Las autoridades federales han puesto el ojo en el tema, pues Bancomext tiene un alto riesgo, ya que garantizó varias de las operaciones en las que Cartograf habría defraudado a los bancos.
SCJN, propiedad industrial y empresas
El nuevo criterio que aplicó en enero la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al declarar inconstitucional el Artículo 151 fracción primera de la Ley de Propiedad Industrial, está causando problemas a las empresas y sus marcas.
Las compañías se quejan de que tras la determinación de la Corte ya no pueden apelar, ni las mexicanas ni las extranjeras, para defender sus marcas en el país, exigiendo anular los registros que otras personas hayan obtenido de manera ilegal.
El Pleno de la SCJN tiene en su agenda de esta semana analizar y votar una muy relevante contradicción de tesis sobre ese criterio, para definir si es correcto o rechaza la argumentación de los ministros Javier Laynez, Luis María Aguilar y Loretta Ortiz, quienes en enero definieron eso en una dividida votación tres a dos, porque no se señala un plazo máximo para demandar la nulidad de registros obtenidos de forma ilegal, lo que, según los ministros, genera inseguridad jurídica.
La importancia de este tema aumenta porque ya se dieron los primeros casos en los que jueces de tribunales aplicaron dicha consideración de inconstitucionalidad para desechar demandas de las trasnacionales SpaceX, de Elon Musk, y Formula One Licensing. Con base en el artículo 151 fracción primera de la Ley de la Propiedad Industrial, estas firmas buscaban anular la propiedad de sus marcas internacionales “Starlink” y “Fórmula 1” al empresario de Zacatecas, José de Jesús Aguirre Campos y a la empresa Bardhal, respectivamente. Expertos advierten que vienen muchos casos más como estos.
En un oficio dirigido al Pleno de la SCJN, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial advirtió que el artículo 151 fracción I último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial es una herramienta básica para garantizar el derecho sobre las marcas en México, además que especialistas alertan que la situación actual coloca al país en incumplimiento de tratados internacionales y genera inseguridad jurídica.
para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.