La orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de priorizar a las empresas de Estado en los más grandes contratos del sector público se han seguido al pie de la letra también en el negocio de los seguros. Sin importar que esto represente contratar servicios no especializados, de alto riesgo financiero y manchados con señalamientos de corrupción.
Este es el caso de la aseguradora Agroasemex, que ha monopolizado las adjudicaciones para asegurar bienes patrimoniales de las dependencias y organismos del gobierno federal para acumular contratos por 7 mil 200 millones de pesos en lo que va de 2023.
La firma que dirige Breno Lorenzo Madero Salmerón nació para proteger la capacidad productiva del sector rural, pero modificó en el presente sexenio su cartera de servicios para apropiarse de un mercado que estaba en mano de brokers y firmas de seguros privadas.
Actualmente, la nueva aseguradora del Estado opera 148 contratos vigentes hasta el 31 de diciembre del 2024. Son el 94% de las 158 pólizas totales que adquirió el gobierno para asegurar sus bienes en este y el siguiente año. En valores, sus más de 7 mil millones de pesos representan el 98% de lo que invierte la administración pública federal en este servicio.
Entre los mejores clientes de Agroasemex se encuentran el ISSSTE, de Pedro Zenteno, con tres pólizas que acumulan un monto de contratos por casi 2 mil 500 millones de pesos; la SEP, de Leticia Ramírez, con una adjudicación por más de mil 900 millones de pesos, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Diego Prieto, que le contrata una póliza por alrededor de 500 millones de pesos.
También son importantes para el equipo de Madero Salmerón los contratos que se obtuvieron con el Fonatur y la Guardia Nacional, por 252 millones de pesos y 160 millones, respectivamente. Estas dos instituciones son controladas por el Ejército y aun así las Fuerzas Armadas han señalado a Agroasemex de vender sus servicios a sobreprecio.
En 2022 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la asesoría de la Sedena, tuvo que contratar los servicios de Agroasemex para el aseguramiento de sus aeronaves, con un sobreprecio de hasta 50 millones de pesos sobre las ofertas de las aseguradoras privadas.
Los pocos grupos privados que siguen en el negocio también están ligados de alguna manera a la 4T. Grupo Financiero Afirme licitó la póliza del Banco del Bienestar, cuyas sucursales bancarias también construye el Ejército. Por esos dos servicios la empresa de Julio Villarreal cobró 267 millones de pesos, cuando Agroasemex los ofertó en 272 millones.
En dicha licitación, identificada con el folio LA-006000993-E25-2022, se entregó también el contrato para el aseguramiento de los bienes del Centro Nacional de Inteligencia, antes Cisen.
Más allá de esta desconfianza que la Sedena tiene por los servicios de Agroasemex, son pocos los jugadores privados que logran acceder a este mercado. Además de Afirme y Banorte, Seguros Azteca tiene la póliza del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, por 73 millones de pesos, y de ahí para abajo se encuentran marcas como Sura, Grupo Mexicano de Seguros, ANA, HDI Seguros y Seguros Inbursa, con contratos no mayores a los 3 millones de pesos.
En ocasiones, tanto Agroasemex como sus competidores privados siguen participando en los concursos de gobierno a través de brokers, por lo que, a diferencia de lo que prometió López Obrador con las compras entre entes del Estado, en el proceso sí hay intermediarios. A esto se suma que en el sector asegurador se señala que la firma oficial no cumple al 100% con la regulación y que opera únicamente con el favor y gracia de la Secretaría de Hacienda.
Posdata
Lo dicho el jueves pasado: para quien no lo ha querido ver así, el enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación es más que eso: es la guerra.
Los mensajes de WhatsApp que intercambió la presidenta de la Corte, Norma Piña, con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, evidencian que el conflicto no ha hecho más que escalar. La ministra presidenta mordió el anzuelo: se quitó la toga y le salió lo opositora; justo lo que quería el Presidente y sus allegados para que la pelea entre Poderes de la Unión se dé en el terreno electoral del próximo año.
Quién sabe qué tan eficaz va a ser la estrategia de la ministra presidenta —si es que fue planeado o un simple acto visceral—, pero lo que es una realidad es que, le guste o no al resto de l@s ministr@s de la Corte, su presidenta ya le declaró abiertamente la guerra a la 4T.
@MarioMal
