Desde los primeros minutos del sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo monitoreando en tiempo real las protestas convocadas por jóvenes de la llamada Generación Z y pidió informes detallados sobre los desplazamientos, riesgos y posibles focos de violencia. Había preocupación por tratarse de la primera manifestación en contra de su gobierno. El viernes, en las reuniones del Gabinete de Seguridad se anticiparon escenas de violencia. Las últimas grandes movilizaciones en el país habían derivado en episodios de confrontación, como ocurrió con la marcha del 2 de octubre y las manifestaciones del caso Ayotzinapa.
El sábado, sin embargo, la tensión fue mayor. En la Ciudad de México se esperaba una concentración heterogénea: jóvenes organizados vía redes sociales, estudiantes universitarios, víctimas de la violencia, colectivos feministas, activistas anticorrupción y grupos que han abanderado múltiples causas, pero que confluyeron en el mismo hartazgo por la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Y es que a pesar de que el gobierno presume una reducción del 32% en los homicidios dolosos —al pasar de un promedio de 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 59.5 en septiembre de 2025— los datos del Inegi muestran otra cara del problema: una de cada cinco víctimas de homicidio en México en 2025 es de entre 15 y 24 años, y casi la mitad de todos los asesinatos corresponde a población de entre 15 y 34 años. Ese fue el verdadero combustible de la protesta.
En privado, la presidenta y su equipo reconocen que la movilización del sábado superó sus expectativas, no solo en número de participantes, sino en intensidad de los enfrentamientos. Lo que tampoco vieron venir fue el impacto mediático global. Portadas, videos y análisis de CNN, BBC, Reuters, Bloomberg, El País, The Guardian, Los Angeles Times y The New York Times definieron la escena con palabras como “ruptura”, “hartazgo” y “generación sin miedo”. Para un gobierno acostumbrado a controlar la narrativa desde la conferencia matutina, así como el aparato mediático y digital, el golpe fue profundo. La indignación de los jóvenes y los opositores no se quedó en redes sociales, tomó las calles y se volvió noticia internacional.
El gobierno difundió que detrás de la protesta hubo bots, influencers pagados y cuentas coordinadas. Y algo de eso hubo. Los equipos de inteligencia digital detectaron operaciones de amplificación y financiamiento indirecto. Pero también quedó claro que las movilizaciones crecieron orgánicamente y que, más allá de los operadores tradicionales de la oposición, hubo un elemento que irritó particularmente a la 4T: la participación indirecta de grupos empresariales que han entrado en choque frontal con el gobierno. El nombre que más se mencionó en los reportes fue Ricardo Salinas Pliego, quien ese mismo fin de semana enfrentaba el fallo final de la Suprema Corte que obligó a Grupo Salinas a pagar más de 48 mil millones de pesos al SAT.
Todo esto ocurrió en un fin de semana particularmente cargado de simbolismo político por el cumpleaños 72 de Andrés Manuel López Obrador; la gira de la presidenta por Tabasco, Chiapas y Campeche; y la “ofrenda jurídica” de la Corte contra las empresas de Salinas Pliego. Y aun así, lo que terminó dominando la agenda fue la imagen de la policía encapsulando a jóvenes en el Zócalo, gases en la plancha y gritos de “¡no más violencia!” viralizados que el gobierno no pudo contener.
La respuesta de Sheinbaum fue tan rápida como arriesgada. Desde Tabasco, lanzó que “no hay divorcio entre pueblo y gobierno… somos invencibles. No hay fuerza que nos pueda detener”.
Con esa frase intentó proyectar fortaleza, pero terminó evidenciando desconexión. Porque mientras el discurso oficial hablaba de unidad e invencibilidad, los medios nacionales e internacionales y las redes describían un gobierno sorprendido por la primera rebelión política generacional de su mandato.
El gobierno podrá argumentar que hubo infiltrados, bots y manipulación. Quizá tenga razón. Pero lo que no puede negar es que por primera vez perdió el control total del discurso.
La presidenta Sheinbaum debería tomar con seriedad esta alerta de los colectivos de jóvenes, pues aunque no todos los manifestantes fueron de la Generación Z, las protestas sociales son el punto más débil de la 4T, simplemente porque así nació y creció su movimiento: capitalizando el hartazgo de la gente por los malos gobiernos.
Posdata 1
Mientras tanto en Palenque, Chiapas, el expresidente López Obrador celebró su cumpleaños 72 y, aunque fue muy familiar, también reunió a operadores políticos y mediáticos clave del lopezobradorismo.
Entre ellos Alejandro Esquer —su enlace permanente con Palacio Nacional, gobernadores y el Congreso— y Jesús Ramírez Cuevas, estratega y vocero del proyecto desde los años de campaña. Ambos estuvieron presentes en Palenque en medio de la crisis provocada por la marcha y los disturbios encabezados por jóvenes de la llamada Generación Z.
López Obrador confirmó que sí realizará una gira para presentar su nuevo libro, que saldrá a la venta en diciembre. Hace unos díaz, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no tener información sobre esos planes. El anuncio, compartido en confianza, revela que el expresidente no solo no planea desaparecer de la escena pública, sino que prepara su retorno al territorio con un formato que le resulta familiar: mítines disfrazados de presentaciones editoriales.
Más que un recorrido literario, la gira se perfila como una operación política de reposicionamiento, una forma de mantener viva su base y enviar mensajes internos justo cuando el nuevo gobierno enfrenta el primer gran desafío social de su sexenio.
Posdata 2
La elección en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX se consumó como se anticipaba. Rafael Guerra Álvarez fue ratificado como presidente del Poder Judicial capitalino con 60 de 79 votos en la primera ronda. Pese al desgaste interno, las denuncias de corrupción y el creciente malestar entre magistrados, su reelección confirma la fuerza del grupo que opera dentro del Tribunal desde hace casi siete años y que busca prolongar su influencia, al menos, hasta 2027.
No es solo una victoria personal. De fondo, está el andamiaje legal que Guerra impulsó en 2021 y 2022, cuando promovió reformas internas que este fin de semana le permitieron su reelección y seguir operando prácticamente sin contrapesos.
El problema no es solo la permanencia, sino el deterioro. Dentro del TSJ-CDMX crece la percepción de que la continuidad de Guerra no garantiza estabilidad sino una profundización del desgaste, las prácticas opacas y la corrupción, como lo denuncian abiertamente magistrados y trabajadores. A esto se suma la fractura con la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján.
En la contienda quedaron en el camino perfiles que buscaban una ruptura o, al menos, una alternancia interna. Arturo Eduardo García Salcedo, Rosalba Guerrero Rodríguez, Celia Marín Sasaki y Ramón Alejandro Sentíes Carriles. Algunos de ellos llegaron con respaldo de bloques específicos al interior del Tribunal, pero no lograron superar la estructura de control que ha consolidado el actual presidente.
Posdata 3
Este fin de semana, de gira por Tijuana, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, lanzó una advertencia que resonó fuerte entre el empresariado y tuvo eco en los medios. “No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado”, declaró al hablar sobre la extorsión como mecanismo de control económico y político.
“La extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios… cada semana, cada día hay hechos dolorosos que nos confirman que vivimos en un país donde la violencia cotidiana crece, la extorsión estrangula economías locales y la impunidad alimenta el enojo social”, lanzó.
El líder patronal exigió una estrategia nacional contra dicho delito, más allá de ciclos, partidos o filias políticas; que el gobierno federal encabece el esfuerzo, que se armonicen leyes y presupuestos, que se refuercen corporaciones policiales locales. “México merece ser tratado mejor con justicia, presupuesto y un estado que actúe”, apuntó.
Esto se da en el contexto de la próxima llegada de José Medina Mora a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), procedente también de la Coparmex, cuyo aterrizaje al organismo cúpula del sector privado anticipa un giro hacia un tono más firme del empresariado frente al gobierno. El pronunciamiento de Sierra Álvarez suena como el preludio de una nueva era en las exigencias de la IP al gobierno en turno.
@MarioMal