Tengo la ligera impresión de que el actual proceso de reforma al poder judicial en México, iniciado hace más de un año -y que ha sido largo y tormentoso-, no tiene contentos ni satisfechos a nadie, especialmente por todos los recursos, amparos y trampas realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -y todo el poder judicial en su conjunto-, en su afán de detener, descarrilar y ensuciar la transformación de ese poder, al igual de todos los malabares y maromas que han tenido que realizar MORENA al interior del congreso, así como el Instituto Nacional Electoral (INE) para seguir su cauce. No, nadie está contento o contenta.
Por un lado, el gobierno de Claudia hereda este pendiente de su antecesor, al que estoy seguro, ella habría dado otro tratamiento, menos complicado y más pragmático, incluso sin la elección de por medio, que es el factor que desde el inicio ha metido mucho ruido. Ahí me parece que el objetivo de Claudia y AMLO si bien era el mismo: transformar ese corrupto poder del estado, diferían en la forma de hacerlo.
En el caso de Claudia, hubiera sido fundamental conceder en el proceso de aprobación del congreso el tema de la elección de candidatos, que habría allanado el camino, las acciones de la corte y las críticas de la derechiza a la reforma, para quizá, hacer lo mismo que hizo Zedillo en 1999, que renovó la CSJN de un tajo, aunque, luego, debiera realizar una reforma profunda a su interior. En su lugar, la obstinación de AMLO y la línea dura de MORENA por imponer la elección de jueces, magistrados y ministros a como diera lugar, nos tiene en este empedrado camino.
De cualquier forma, la premisa que predomina es que tanto Claudia, como AMLO, como gobiernos democráticamente electos, están en su derecho de reformar ese poder del estado, al igual que lo hizo el PRIAN en su momento.
Por otro lado, si bien la actuación de la CSJN y la crítica de la derechiza se han centrado en tratar de detener, descarrilar y ensuciar el proceso, incluso en sus intentos por involucrar a actores internacionales a su favor, no han podido deslegitimizar el derecho que le asiste al nuevo gobierno en rescatar dicho poder de la corrupción y obscuros intereses
que han quedado a la vista, precisamente en estos meses de confrontación.
Primero, una corte políticamente incorrecta, donde sus miembros tuvieron todo el tiempo para analizar y reflexionar sobre la nueva coyuntura política, el nuevo gobierno y, sobre todo, la necesidad de reforma de dicho poder ante la revolución que se avecinaba. Nada, prefirieron cerrar la puerta a los cambios y encerrar a la señora justicia en el sótano. Ni siquiera hubo la intención para coordinarse con los otros poderes y establecer mínimas relaciones institucionales. Ni el saludo brindó la presidenta ministra a sus colegas -ya no se diga al presidente AMLO-, estableciendo desde el inicio una actitud hostil de la corte y de ella en particular. Hoy, la derechiza -con quien sí se alió- se queja tiernamente y sin congruencia alguna de que ella no fue invitada al acto último del 5 de febrero.
Segundo, una corte jurídicamente derrotada, donde el pasado 5 de noviembre se libró una de las batallas más importantes en la disputa por el proyecto de país, donde 11 ministros y ministras se enfrascaron en una interesante discusión sobre la procedencia o no de las acciones de inconstitucionalidad en contra de la ya aprobada reforma judicial, la cual había sido publicada -incluso- en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la fecha simbólica del 15 de septiembre.
Tres ministras -Lenia, Jazmín y Loretta- lograron convencer y doblegar jurídicamente a una clara mayoría, con base a argumentos, precedentes y ejemplos convincentes de cómo esa corte -legalmente turbia-, intentaba cambiar a su conveniencia no sólo el criterio histórico de colocar a la constitución por encima de cualquier otra ley general o federal, sino ponerla ahora a nivel de cualquier otra ley y justificar así la aprobación de la ponencia del ministro Carrancá, es decir, echar atrás la reforma judicial. Ya ni mencionar la burda intentona de la ministra presidenta de cambiar el número (de 8 a 6) de la mayoría para que le salieran las cuentas y seguir peleando, que igual fue vergonzosamente derrotada, incluso con el voto en contra de algunos ministros aliados.
Tercero, una corte y un poder judicial socialmente evidenciados, cuando decidieron detener la reforma judicial con más recursos legales y movilización social, que paralizó actividades de la justicia en defensa de sus ministros derrotados, que ahora sólo defendían sus prerrogativas y canonjías, sin importar para nada el destino de ese cuerpo judicial. De
esa forma, se sacrificó a la gente de ese poder, pues su imagen de desprestigio histórico, corrupción, tráfico de influencias y nepotismo quedó en total evidencia. Ya nadie dudo de la necesidad de transformación de ese poder, incluso con una elección de por medio, pues todo era mejor que seguir en esa situación.
Finalmente, la corte ha comprobado que también es legalmente turbia, cuando decidió abandonar el proceso de selección de candidatos del poder judicial y declararse casi en rebeldía, al considerar que era imposible seguir con los trabajos, con la finalidad de descarrilar el proceso. Afortunadamente, los otros poderes actuaron en consecuencia y han logrado rescatar la tarea del poder judicial, a fin de cumplir con los objetivos y fechas de cada etapa. Más que dañar o ensuciar los trabajos, el desacato de la corte los ha confirmado como legalmente turbios, especialmente a su presidenta, cuya actitud en todo este tiempo la hace totalmente responsable del vergonzoso papel de ese poder del estado.
Por todo ello, creo que nadie quedará totalmente satisfecho con el proceso, aunque al final el objetivo se cumplirá: transformar ese poder corrupto del estado, que deberá legitimarse de inmediato, una vez concluya la votación.
Me imagino que la única que se irá contenta será la propia ministra presidenta, no sólo por todo el desgarriate que armó en todo este tiempo, sino por su cuantiosa jubilación, que seguramente utilizará para atender clases de protocolo y saber ahora sí a quién saludar, pararse o sentarse y mover el abanico; respingarse la nariz para tener mejor olfato político; cambiar esos horribles lentes de fondo de botella y pueda ver mejor el panorama social; pintarse el cabello de rubio para lograr otro look y la gente no la moleste; y, sobre todo, demandar a todos sus enemigos, en el nuevo poder judicial, por llamarla legalmente turbia.
Mario Alberto Puga
Politólogo y exdiplomático
