En la agenda pública se encuentra la función judicial: desde analizar si los(as) ministros(as), magistrados(as) y jueces deben ser nombrados por alguno o algunos de los poderes públicos o directamente por la ciudadanía, hasta dar a conocer los costos y la eficacia de la justicia. Para su análisis, es necesario considerar que la Constitución obliga al Estado a garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y a la tutela efectiva, además de una defensa adecuada.
La impartición de justicia es una actividad que da soporte —entre muchas otras—, a los países y sociedades democráticas. Constituye la base para el Estado de derecho. Entre sus costos, se integran los salarios y prestaciones de los(as) jueces, magistrados(as) y ministros(as), además de sus instalaciones y equipamiento; el monto de los salarios genera debate si se considera que, en general, son salarios que están por arriba de la media, aunque hay excepciones como ahora veremos.
En el ámbito federal opera el Poder Judicial de la Federación, desagregado en Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal (que agrupa a todos los juzgados federales Tribunales de Apelación y de Circuito), y Tribunal Electoral, además las defensorías correspondientes. Adicionalmente, como órganos autónomos especializados, los Tribunales Agrarios, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
De acuerdo con el INEGI según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023, durante 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó 13,762 asuntos; los órganos judiciales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), 1,214,806; el Tribunal Electoral (TEPJF) 14,066; los Tribunales Agrarios, 53,419. Considerando como fuente los informes de labores para el mismo periodo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó 174,564, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,11,468 asuntos.
El presupuesto de egresos para el año 2022 fue del orden siguiente: Poder Judicial de la Federación (incluyendo SCJ, CJF y TEPJF): 73,723,020,424.00 pesos; Tribunales Agrarios: 841,831,136.00; Tribunal Federal de Justicia Administrativa: 2,986,075,575.00, y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje: 361,601,384.00 pesos.
Con base en el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para dicho ejercicio —considerando que pudo haber tenido algún ajuste durante el ejercicio—, en promedio, un expediente jurisdiccional concluido en los Tribunales Agrarios tuvo un costo de solo 15,759.00 pesos; en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un costo unitario de 17,106.00 pesos; en el Tribunal Electoral, de 198,859.00; en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, de 56,450.00, tomando en cuenta un valor igual promedio para juzgados y tribunales, y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 388,744.57 pesos.
De lo anterior podemos destacar que, en la jurisdicción federal, la justicia agraria es la más bajo costo para el Estado mexicano. No obstante, es la que tiene sedes en los lugares más apartados del país; que lleva a cabo Jornadas de Justicia Agraria Itinerante —que implica acudir a ejidos, comunidades y/o presidencias municipales ubicadas en zonas remotas—, con la finalidad de desahogar la audiencia de ley,——, y resolver controversias derivadas de la aplicación de la Ley Agraria en el 51% del territorio nacional, relacionadas con los 32,204 ejidos y comunidades en los que habita la población más vulnerable.
El costo menor se debe —entre otros factores—, a que los salarios de su personal son menores respecto de otros órganos jurisdiccionales, principalmente a partir de las secretarías de acuerdos y de estudio y cuenta, jefaturas de unidad y, particularmente, de las personas que se desempeñan como actuarios. Por ejemplo, según los datos publicados en las páginas oficiales del portal de transparencia, un actuario del Poder Judicial de la Federación percibe mensualmente 47,053.00 pesos, y el de los Tribunales Agrarios, 13,973.00. Además, en los Tribunales Agrarios ninguna persona tiene seguro de gastos médicos mayores, ni el de separación individualizado, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Austeridad Republicana. Desde su creación en el año de 1992, tiene una inercia presupuestal en la que anualmente se le asignan poco menos de mil millones de pesos.
Los promedios son generales, pero son útiles para comparar los costos de la justicia y confrontarlos con la calidad de las sentencias y con los plazos para su resolución. Al respecto, en juicios sucesorios, los Tribunales Agrarios normalmente ingresan y concluyen con sentencia en el mismo mes, quedando pendiente la expedición de documentos que corresponde, generalmente, a las autoridades administrativas.
Si bien el presupuesto es determinante para la impartición de justicia, lo cierto es que se requiere un cambio de paradigma en la justicia, con un sistema de medición del desempeño homologado. México requiere de una gran reforma judicial en todas las jurisdicciones, que tenga en el centro a las personas justiciables, que contribuya a erradicar la impunidad, que simplifique los procesos, con personas juzgadoras más cercanas a la sociedad, sensibles, y que resuelvan de forma más ágil para reducir la incertidumbre jurídica y finalizar el conflicto y que prevalezca el Estado de derecho, con sentencias justas y completas.
Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario
TW: Maribelmendezd3
