La suma de trámites que sufren las empresas establecidas en México se ha convertido en sinónimo de ineficiencia, opacidad y en algunas casos hasta un obstáculo al crecimiento.
Las micro, pequeñas y medianas empresas lo saben bien. Abrir un negocio, obtener un permiso o regularizarse puede tomar hasta 60 días hábiles o tres meses naturales. Según el Índice de Burocracia 2024, publicado por el Adam Smith Center for Economic Freedom —y en el que México Evalúa colabora año con año—, el promedio es de 589 horas al año. Incluso, la tramitación puede costar más de lo que los negocios producen o venden en ese tiempo.
En este contexto, la propuesta de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos (LNETB) llega como una respuesta audaz, con la promesa de simplificar el aparato estatal y hacerlo más accesible para ciudadanos y empresas. México Evalúa, en alianza con Coparmex, ha impulsado un proceso de reflexión sobre esta propuesta legislativa. Este esfuerzo se refleja en el documento que presentamos recientemente: “Hacia una simplificación y digitalización de trámites a la altura del T-MEC”.
Lo positivo y lo negativo de la propuesta para la Ley de Trámites
La iniciativa tiene varios aspectos positivos. Por ejemplo, establece un Catálogo Nacional de Trámites y un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que podría estandarizar, digitalizar y reducir la duplicación de procedimientos burocráticos. También prohíbe exigir documentos en papel cuando ya existen versiones digitales. Incluso puede reducir el poder discrecional de funcionarios —y con ello incentivar la eficiencia— al otorgar la licencia en automático si la autoridad no responde en plazo.
Sin embargo, también hay motivos para la cautela. Uno muy importante es que la propuesta de ley exenta de forma amplia el análisis de impacto regulatorio. Sin este mecanismo no se puede garantizar la calidad de las regulaciones ni que sus beneficios sean superiores a los costos. Sobre todo, libera de este análisis a las regulaciones de sectores clave, como seguridad, fiscalidad, salud o medio ambiente. No sobra resaltar que gracias a la legislación aún vigente, México es reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como el tercer país mejor evaluado del mundo en el uso de esta herramienta de diagnóstico normativo.
No olvidar que esta ley puede impulsar el T-MEC
La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá lugar en el segundo semestre de 2025. Ese proceso será crucial para demostrar que nuestro país está a la altura de los compromisos que exige una economía competitiva y con capacidad plena para cumplir los compromisos del tratado. En estos momentos de escasa certeza jurídica (por la reforma judicial y la eliminación de reguladores autónomos), lo menos deseable es añadir elementos que magnifiquen la incertidumbre —que ya ha comenzado a debilitar a la economía mexicana.
El Capítulo 28 del T-MEC exige buenas prácticas normativas. Entre ellas: consulta pública, transparencia y evaluación técnica. Si debido a la nueva Ley se eliminan regulaciones sin esos pasos, podría haber consecuencias para la certeza jurídica de la inversión extranjera.
Por ejemplo, si se eliminan trámites sin estudios de impacto o sin consulta pública previa, se podría violar el Art. 28.9 (obligación de realizar análisis de impacto regulatorio) y el 28.10 (que establece mecanismos de consulta). Ello podría ocasionar consecuencias graves, desde riesgos sanitarios hasta pérdida de recaudación o daño ecológico. También preocupa la recentralización de decisiones regulatorias. Tal como está redactada, la iniciativa para la LNETB debilita o elimina los consejos locales de mejora regulatoria y los observatorios ciudadanos.
La oportunidad de modernizar al Estado no debe desaprovecharse
La LNETB busca eficiencia, pero sacrifica la vigilancia ciudadana, la retroalimentación de los usuarios y la adaptabilidad a contextos locales. En un país tan diverso como México, con marcadas brechas entre regiones, esto representa un riesgo de inoperancia. Nadie duda que la tramitología debe reducirse y digitalizarse, pero no a costa de la calidad del Estado.
La clave, entonces, está en el equilibrio. Eliminar trámites innecesarios es positivo, pero eliminar los filtros que garantizan su pertinencia puede ser contraproducente. Esta iniciativa de ley puede modernizar al Estado si se acompaña de criterios técnicos, participación ciudadana, transparencia y adaptabilidad a la diversidad en los niveles de desarrollo que existen en los gobiernos subnacionales.
Desde una óptica de comercio exterior, los riesgos son considerables. Si una reforma administrativa vulnera los principios del T-MEC, particularmente el derecho de los socios a participar en procesos regulatorios con impacto transfronterizo, se abre la puerta a controversias internacionales. La atracción de inversión extranjera y la integración productiva son estratégicas; no lo es en absoluto deteriorar aún más la certeza jurídica.
Una versión corregida de esta ley podría marcar un antes y un después en la actividad económica de las empresas más pequeñas, que son la gran mayoría. No es una oportunidad menor: se trata de que el Estado deje de ser un muro de papeles para convertirse en una plataforma de soluciones.
Directora general de México Evalúa
