La designación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs) y la amenaza de imponer tarifas a las importaciones mexicanas en Estados Unidos, son la respuesta al conjunto de políticas de seguridad y justicia fallidas que dieron cuenta de la inmensa indiferencia de parte del Gobierno de México ante el avance del dominio criminal.
En los últimos años observamos un recrudecimiento de la violencia y de la actividad criminal que ha generado una gran presión pública. Al cierre del sexenio anterior, se observó en México una cifra récord de homicidios y de víctimas de violencia política. Incluso, la violencia generó rezago educativo pues repercute de forma directa en la asistencia a clases. Estados Unidos, por su parte, ha reclamado el saldo de cientos de miles de personas muertas por el consumo de fentanilo.
El Gobierno de México implementó políticas que permitieron la expansión y dominio territorial del crimen. El enfoque de “abrazos, no balazos”, la militarización innecesaria, y los recortes a los presupuestos tanto en seguridad —por ejemplo, la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg)— como en impartición de justicia, son ejemplos de intervenciones públicas que, lejos de atender el problema, le han permitido y hasta facilitado crecer. Para culminar, el año pasado se aprobó la reforma judicial que busca acabar con la independencia de las personas jueces y magistradas, y facilitará la intervención de las organizaciones criminales en ese poder.
La "trompada”
El 20 de enero, el presidente Donald Trump arrancó su segunda administración e impuso su agenda en todo el mundo, pero México está en sus prioridades. Además de designar a los cárteles como FTOs, amenazó con imponer tarifas a las importaciones mexicanas en ese país. Sabemos que la integración comercial entre ambas naciones es un hecho; incluso, México está a punto de convertirse en el país del que más importa bienes y servicios. Esas tarifas tendrían consecuencias serias en la inflación, el crecimiento y la competitividad no sólo de nuestro país, sino del suyo, lo que podría restarle popularidad. Sin embargo, también creo que él y su gobierno están dispuestos a pagar un precio con tal de ejercer una presión efectiva para obtener cooperación.
Esta crisis, pese a todo, también es una oportunidad para México. Me parece que la “trompada” puede servirle a nuestro Gobierno como el mejor pretexto para terminar con las malas políticas públicas heredadas del sexenio anterior, especialmente en el ámbito del Estado de derecho, y con ello abrir un nueva era de prevención y combate al crimen.
Ahora, las posibles implicaciones legales de la designación de los carteles como FTOs son vastas: se prohíbe que toda persona sujeta a jurisdicción de EE. UU. proporcione prácticamente cualquier apoyo o recursos a alguna de estas organizaciones. Esto significa que las personas, pero sobre todo las empresas, deberán cumplir con controles y verificaciones para probar que no están vinculadas al crimen. Esto ralentizará las transacciones financieras y comerciales, generando costos de cumplimiento a las empresas y haciendo menos eficiente a la economía. Los activos vinculados serán congelados, y casi cualquier apoyo será considerado un delito. La extorsión o el impuesto criminal, que ha escalado en México, y que muchas empresas se ven obligadas a pagar para mantener sus operaciones, también podría causarles penalizaciones bajo la ley estadounidense.
La necesidad de una estrategia inteligente
Ante este escenario, el Gobierno de México no puede darse el lujo de caer en improvisaciones ni en discursos nacionalistas que ignoren las acciones de Estados Unidos, especialmente por la profunda dependencia que tenemos de nuestro vecino y porque sí cuenta con poderosas herramientas para responder contundentemente. Trump podría imponer tarifas un tiempo, para presionar. Mejor será que no exploremos el precio que está dispuesto a pagar para ser creíble.
Se requiere una estrategia efectiva para contrarrestar tanto la narrativa como las acciones derivadas de la denominada “invasión suave” planteada por Donald Trump. Se debe demostrar una sólida capacidad para enfrentar al crimen organizado. En México, esto implica ir más allá de la simple detención de generadores de violencia o el decomiso de armas y fentanilo. Es imperativo fortalecer integralmente el sistema de seguridad pública, con especial atención al desarrollo de las policías y fiscalías locales.
La estrategia de combate a la delincuencia de Claudia Sheinbaum cuenta con un sello propio basado en el mando civil y el uso de la inteligencia, y hay evidencia de que en esta administración se está combatiendo directamente al crimen organizado mediante el debilitamiento operativo y el combate frontal. Este giro podría alinearse con los objetivos de Trump, quien se ha fijado endurecer sus políticas frente a las amenazas de los cárteles.
Este contexto ofrece a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad de implementar una estrategia de seguridad pública que cambie el rumbo y comience por responder a las presiones externas, así como atender el principal problema que afecta a la población mexicana. Se trata no sólo de contener las iniciativas de Trump, sino de generar mayor seguridad y estabilidad, a la altura de las demandas ciudadanas.
Directora General de México Evalúa
