En México, la narrativa oficial en materia de seguridad pública se reduce con frecuencia a un solo indicador: la cifra de homicidios dolosos. Cada descenso en este número se presenta como una señal de avance. Sin embargo, esta forma de medir no refleja la magnitud del horror que enfrentamos.
Tanto la cifra como su variación en el tiempo no capturan la complejidad del fenómeno homicida ni sus múltiples dimensiones. Esta simplificación revela vacíos en el sistema: si no logramos registrar la realidad con rigor, difícilmente podremos enfrentarla de forma efectiva.
¿Qué ocurre al comparar los datos de forma distinta?
Según datos oficiales, los homicidios dolosos disminuyeron un 24.5% entre septiembre de 2024 y junio de 2025. No obstante, al realizar comparaciones anuales —metodológicamente válidas—, los resultados presentan matices importantes.
Si se comparan los registros del primer semestre de 2025 con los del mismo periodo del año anterior, la reducción de homicidios dolosos es sólo del 15.6%. Además, otros indicadores de violencia mostraron tendencias contrarias: las víctimas de delitos contra la vida aumentaron un 2.5%, mientras que las personas desaparecidas crecieron un 14%.
Estas variaciones son aún más marcadas si se toma como año base el año 2019, pues los porcentajes se disparan 93.2% y 70.3%, respectivamente.
Esto expone una realidad incómoda: la disminución de homicidios dolosos no refleja el panorama completo, ya que otras formas de violencia letal continúan en ascenso.
Medir mejor para entender (y combatir) la violencia
Uno de los principales problemas para documentar adecuadamente los crímenes, radica en las limitaciones operativas que tienen las instituciones. Me refiero a las debilidades estructurales de las policías y fiscalías. Entre ellas, su falta de capacidad para identificar restos humanos o investigar exhaustivamente. Tales carencias se combinan con las estrategias de los grupos criminales para desaparecer los cuerpos de sus víctimas. La suma de ambos frentes es una distorsión estadística que puede generar una falsa percepción de seguridad.
Ante este panorama, México Evalúa creó Violencia y Pacifícación: Homicidios a nivel local, un instrumento para medir mes a mes la violencia homicida a nivel estatal. Amén de incluir víctimas de homicidios dolosos, el análisis también abarca los culposos, feminicidios, otros delitos contra la vida y, de manera crucial, personas desaparecidas y no localizadas.
A diferencia de otros indicadores, incluidos aquellos utilizados por el gobierno, este enfoque compara de manera simultánea la magnitud actual de la violencia homicida y su comportamiento a lo largo del tiempo, contrastándolo con los datos registrados en el mismo periodo del año anterior.
El instrumento evalúa el contexto de inseguridad de cada estado bajo cuatro categorías y desde un punto de vista dinámico: 1) Muy negativo, entidades con tasas superiores al promedio nacional del año anterior y una tendencia anual al alza. 2) Negativo, estados con tasas superiores al promedio nacional pero con una tendencia anual a la baja. 3) Regular, tasas inferiores al promedio nacional pero con tendencia al alza. Por último: 4) Positivo, para los estados que registran tasas inferiores al promedio nacional y una tendencia anual a la baja.
Este método permite una comprensión más detallada de la evolución de la violencia, ofreciendo una herramienta valiosa para el análisis y la toma de decisiones en materia de seguridad.
Violencia y pacificación a nivel local
Así, encontramos que entre enero y junio de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, tres entidades —Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa— presentan un balance muy negativo, resultado de la fragmentación de los cárteles. Un caso emblemático es Sinaloa, donde, a pesar del despliegue de 100 soldados de élite y 11 mil efectivos federales, la violencia letal sigue en aumento. Esto sugiere que la estrategia actual no sólo está fallando en contener el problema, sino que podría estar agravándolo.
Además de estas entidades, otras 16 muestran indicios de conflictos criminales con alto riesgo de intensificarse en el corto o mediano plazo. De no mediar intervenciones efectivas, podrían surgir otras guerras entre grupos delictivos, extendiendo la inestabilidad a más regiones. En contraste, apenas un tercio del país presenta un balance positivo.
A nivel regional, se evidencia un país profundamente fragmentado, donde la violencia se agudiza en regiones de alta disputa estratégica, mientras que otras áreas experimentan un control criminal más estable o menor interés por parte de las organizaciones. Sin embargo, es posible identificar, a grandes rasgos, dos patrones espaciales: el corredor del Pacífico, con niveles elevados de violencia, y el corredor del Golfo, en aparente pacificación.
Esta configuración demanda enfoques diferenciados en materia de política pública, con estrategias territoriales específicas que consideren la lógica criminal detrás de cada conflicto.
Por qué importa contar bien
Si las autoridades se enfocan únicamente en los homicidios dolosos, ignoran una parte significativa de la violencia y, por ende, de las posibles soluciones. Sí el gobierno asume la reducción de asesinatos, pero ignora el aumento de personas desaparecidas, estará fallando en su obligación de proteger a la población.
Los datos no deben percibirse como herramientas de propaganda. Deben ser sólidos para que la toma de decisiones también lo sea. Deben ser pertinentes para inspirar confianza ante una diversidad de actores que demandan cuentas; ante autoridades mexicanas y de otros países, expertos, los medios y la sociedad en general. Hay una oportunidad para construir metodologías, analizar el fenómeno de la violencia en toda su extensión y diseñar soluciones más efectivas.
