El sistema de justicia penal mexicano se aproxima a una coyuntura definitoria a medida que se acerca el final de 2025. Por un lado, el Poder Legislativo tiene agendada para febrero de 2026 la deliberación de una reforma presidencial al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Por otro, la llegada de una nueva persona al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) representa un punto de inflexión operativo.
Este escenario abre una oportunidad para que los legisladores impulsen un debate público que evalúe los riesgos de la iniciativa de reforma y explore alternativas para mejorar la eficacia del sistema. Si el verdadero objetivo es fortalecer la justicia —y no debilitar sus contrapesos—, existen alternativas con potencial, como la gestión del archivo.
¿Reformar a qué costo?
La iniciativa de reforma al CNPP propone cambios estructurales que han encendido alertas. Cuatro de sus puntos muestran una clara incompatibilidad con los principios de una democracia constitucional, pues representan retrocesos en garantías individuales y transparencia judicial.
Primero, amplía los supuestos para detener en flagrancia, permitiendo la detención basada únicamente en el señalamiento de una víctima, testigo o coimputado, sin corroboración externa. Esta medida contraviene el principio de presunción de inocencia, pilar fundamental del debido proceso.
Segundo, amplía el catálogo de prisión preventiva oficiosa, lo que profundiza el uso de la detención automática. Además, autoriza a la fiscalía a obtener muestras biológicas y practicar exámenes físicos en casos de delitos con prisión preventiva oficiosa, sin una autorización judicial previa y motivada. Esto otorga a peritos y policías, sin control externo, la facultad de decidir intervenciones sobre el cuerpo de probables imputados.
Finalmente, se introduce la figura de los “jueces sin rostro”, que actúan de forma anónima en procesos penales. Aplicada en Perú, Colombia o El Salvador, se justifica en contextos de violencia generalizada y amenaza de la delincuencia organizada. Sin embargo, no hay evidencia de que garantice la integridad judicial, sino que ha derivado en violaciones de derechos y ha permitido a los Estados eludir su deber de proteger al personal judicial. Ahora, Claudia Sheinbaum la propone bajo el mismo argumento.
En conjunto, estos elementos sugieren un modelo que prioriza la eficiencia aparente por encima del debido proceso. Lo más preocupante es que no se abordan las causas estructurales de la impunidad, como la falta de capacidad operativa para investigar y el excedido margen de discrecionalidad para archivar casos.
Otra ruta para atender la impunidad es posible
No toda la justicia está politizada, me atrevo a decir que la mayoría de los casos penales que quedaron impunes fue por otras causas. Una es la gran ineficiencia en las fiscalías, que no se dan abasto y cuentan con pocas herramientas tecnológicas y de gestión. Pienso que una cantidad importante de procedimientos de investigación no avanzan pero podrían hacerlo si se abrieran los archivos para clasificar los casos que permanecen y aquellos en donde sea viable y deseable que se resuelvan mediante mecanismos de justicia alternativa.
Existe un cuello de botella que ya ahoga al sistema penal: el archivo temporal. México Evalúa documentó que en 2023 hubo más de 2.7 millones de procedimientos de investigación iniciados en las fiscalías del país. De estos, alrededor de 1.5 millones seguían en investigación, pero 950 mil fueron determinaciones ministeriales distintas de la acción penal. Es decir, no se continuó con la investigación por distintas razones. Seis de cada 10 de esas determinaciones son investigaciones que se van al archivo “temporal”. Estamos hablando de que poco más de 500 mil casos fueron enviados a este limbo procesal.
Diseñado como herramienta provisional, el Ministerio Público puede archivar casos que en su fase inicial carecen de elementos para seguirse. En teoría, la investigación debe continuar hasta reactivarlos; en la práctica, una vez que una causa ingresa a esta categoría, rara vez sale de ella. Estados como Yucatán, Hidalgo y Jalisco registran una carga de archivo temporal abrumadora.
Incluso para delitos como el homicidio o feminicidio, la ley permite que puedan archivarse sin supervisión jerárquica, normalizando la inacción.
El archivo temporal, en los hechos, representa millones de denuncias que, tras un trámite inicial, quedan suspendidas en el vacío, sin esperanza de esclarecimiento ni justicia para las víctimas. Es el presente que la reforma ignora.
Una oportunidad estratégica: gestionar lo que ya existe
La nueva administración de la FGR podría abordar esta crisis desde un enfoque operativo, tecnológico y con enfoque ciudadano. Un paso audaz sería entender de fondo el uso del archivo para identificar mecanismos que permitan de manera sistemática controlar la impunidad de facto. Esto implicaría reactivar investigaciones prioritarias o canalizar otras de menor impacto hacia mecanismos de justicia alternativos, como los acuerdos reparatorios.
Delitos como robos, fraudes o lesiones —que rara vez captan titulares— son la experiencia cotidiana de la ciudadanía con la justicia. Transformar la percepción y efectividad del sistema podría empezar por ahí, demostrando capacidad de respuesta.
Esta estrategia no requiere reformas controversiales. Necesita voluntad política, transparencia y tecnología. La inteligencia artificial, por ejemplo, podría ser un aliado clave para el análisis masivo de casos, como ya se explora en otros países y como México Evalúa ha diagnosticado para el contexto local.
Desentrañar el nudo del archivo temporal es una tarea menos monumental y politizada que reformar el código penal, pero significa responder a millones de víctimas para las que el sistema hoy solo ofrece un número de carpeta y un callejón sin salida.
Directora general de México Evalúa