La Organización Mundial de la Salud ha impulsado una seria reflexión sobre cómo transformar la provisión de servicios de salud y su financiamiento. A nivel mundial, el manejo de la pandemia de covid-19 fue deficiente: alrededor de 20 millones de personas murieron, muchos de manera innecesaria y casi 100 millones cayeron en pobreza en 2020. Estos costos fueron excesivos, y detrás de ellos desde luego estuvieron las fallas de los sistemas de salud, especialmente en los países de desarrollo bajo y medio.
A estas alturas queda claro que si se hubiera priorizado el interés público e invertido anticipadamente recursos suficientes (contar con un sistema para prevenir pandemias costaría apenas 1.30 dólares por habitante en el mundo[1], monto radicalmente menor a lo que se terminó gastando durante los meses más duros), las pérdidas humanas y económicas habrían sido menores. Ésa es la lección más importante, junto con la constatación de que la salud no ha sido una prioridad en la agenda política, ni en la económica. Es decir, las fallas trascienden los sistemas de salud: la salud de calidad y para todos está limitada por los incentivos políticos que privilegian el corto plazo, y por una economía que ignora los costos que le hace pagar al planeta. La salud humana necesita un medioambiente sano, en equilibrio y sostenible.
La tarea hoy es aceptar y enmendar. Sin embargo, el Gobierno de México no acepta el problema, y está lejos de comenzar a enmendar sus políticas de protección a la salud. Los dichos de las autoridades que estuvieron al frente del combate a pandemia no nos dejan concluir otra cosa: Claudia Sheinbaum, por ejemplo, aseguró que nadie se quedó sin cama para ser atendido, aunque muchos supimos de algún familiar o conocido que luchó o perdió la vida mientras esperaba un lugar en algún hospital. A nadie parece extrañar que la cifra de muertes en exceso en México fuera de más de 833 mil personas, mientras que la cifra oficial de muertes por covid-19 es de 334 mil.
Lo que sí debe extrañarnos es que nuestro país siga enfrentando una crisis de salud pública a estas alturas, a pesar de que la pandemia por covid-19 en el mundo llegó a su fin. Con datos de la ENIGH 2022, el número de personas sin acceso a servicios de salud llegó a 50.3 millones en 2022, casi 40% de la población. Es un incremento de 151% con respecto de 2018, cuando ese dato fue 20 millones. Los hogares más pobres son los más afectados por la falta de cobertura: destinaron 4.2% de su ingreso a gastos en salud, 1.3 puntos más que en 2018.
En México, una visión politizada de la salud ha acabado por secuestrarla. Esa visión precipitó la cancelación del Seguro Popular sin ofrecer otra opción a sus usuarios, y arrebató a millones de ciudadanos (los más vulnerables) el acceso a los servicios de salud. Y entre los muchos efectos lamentables, impactó negativamente en la economía de los hogares.
El próximo Gobierno debe liberar a la salud pública del secuestro político, y convocar a la sociedad entera para redefinir el modelo de prevención y atención a la salud que merecemos, con cobertura universal. Ni hablar: tenemos que volver al futuro.
(Esta es mi primera columna, estimados lectores y lectoras, en El Universal. Espero alimentar una conversación rica con ustedes. Nos leemos cada 15 días.)
Directora general de México Evalúa
[1] WHO Council on the Economics of Health for All. Health for all: transforming economies to deliver what matters. Final report. Geneva: World Health Organization; 2023.
