El pasado 16 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley de Obras Públicas. Llegó con un discurso ambicioso: más transparencia, menos corrupción, procedimientos ágiles y una apuesta firme por la digitalización. Con esa enmienda, el Gobierno federal promete revolucionar la forma en que contrata y ejecuta sus obras públicas. Sin embargo, entre los avances esperanzadores, persisten sombras que podrían convertir esta reforma en otra promesa incumplida.
La promesa digital que podría cambiar las reglas del juego
La Plataforma Digital de Contrataciones Públicas es el corazón de esta reforma. Sustituirá a CompraNet, un sistema arcaico que durante años sirvió más como archivo digital que como herramienta de control.
Imagínese un mundo donde todas las etapas de una obra pública —desde la planeación hasta la última factura— puedan quedar registradas en un sistema único, accesible y a prueba de modificaciones opacas. Si la plataforma funciona, estaríamos ante un parteaguas: licitaciones en línea, contratos con firma electrónica, bitácoras que registren cada avance y cada peso gastado. Definitivamente, el gobierno y la sociedad tendrán un instrumento clave para mejorar la eficacia y eficiencia de las contrataciones de obra pública. El reto será la implementación.
La experiencia enseña que las plataformas gubernamentales suelen nacer con fallas: lentas, vulnerables, poco amigables. Deberá diseñarse y probarse de la mano de los múltiples usuarios: unidades de gobierno, proveedores, supervisores, periodistas, etcétera.
Sin embargo, la reforma nos quedó a deber en transparencia. Incluso a pesar de que la plataforma la hace tremendamente factible. La enmienda no se ciñó a los estándares internacionales, la ley seguirá siendo selectiva. No se obliga a las unidades gubernamentales a publicar documentos vitales para la rendición de cuentas de las contrataciones públicas. Entre ellos: los estudios de la planeación de las obras, los que permiten conocer su factibilidad, la justificación de por qué se entregan contratos de manera directa sin haber pasado por un concurso o licitación, y los informes de avance financiero, que son elementales para dar a conocer el gasto asociado el contrato.
Lo que sí mejora: más responsabilidad (pero no para todos)
Hay avances innegables. Se limita el uso de adjudicaciones directas, ese viejo truco para evitar concursos o licitaciones. Ahora solo podrán usarse para el 20% del presupuesto (antes era 30%), y los funcionarios que las autoricen deberán ser, al menos, directores generales. También se introducen diálogos estratégicos con los contratistas, una buena práctica internacional para ajustar proyectos antes de licitar, siempre y cuando haya un protocolo de contacto que se cumpla por todos los participantes, incluido el Gobierno.
Pero las excepciones siguen siendo demasiado amplias. Quince causales permiten saltarse la licitación, incluyendo una tan vaga como “caso fortuito o fuerza mayor”. Peor aún: el Ejército y la Marina quedan fuera de estas reglas. Sus proyectos "estratégicos" —como el Tren Maya o los hospitales del Bienestar— seguirán adjudicando contratos en la opacidad. Es un retroceso inexplicable en una reforma que presume transparencia.
Aquí está la gran contradicción. Mientras la ley exige más controles para obras convencionales, las Fuerzas Armadas (FFAA) operan en un vacío legal. En los últimos años, el Ejército ha manejado 191 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura. Ninguno pasó por licitaciones públicas. La reforma no sólo mantiene este privilegio, sino que lo blindó jurídicamente.
El argumento oficial —que los militares deben actuar con rapidez en obras prioritarias— podría tener sentido si hubiera contrapesos. Pero no los hay. No hay obligación de publicar contratos, ni de justificar precios, ni de rendir cuentas sobre modificaciones. Es la receta perfecta para el dispendio y la corrupción. El argumento de fondo: los militares usan dinero público y ejecutan tareas que están fuera de su mandato. No hay justificación para exentar a las FFAA en todas sus contrataciones.
Lo que faltó: planeación y fiscalización
Quizás la mayor oportunidad perdida para apuntalar la eficiencia y efectividad de las obras públicas de esta reforma es no atacar el mal crónico de la obra pública: la mala planeación. Se siguen permitiendo contrataciones sin presupuesto garantizado (Art. 24), lo que deriva en concursos fantasma y gastos inútiles. Aunque se habla de fortalecer la supervisión, los testigos sociales solo serán obligatorios en obras de más de 2,600 millones de pesos, dejando fuera una enorme cantidad de proyectos.
Son claros los motivos por los que el gobierno busca mantener un régimen de excepción para permitirse un manto de discrecionalidad y opacidad en el cual operar obras desastrosas, mal planeadas, aunque políticamente redituables. Pero no se justifica. Mientras no se atienda la falta de planeación, seguiremos viendo —y pagando— desastres.
¿Y ahora qué?
Esta reforma era la oportunidad para sentar las bases de un sistema moderno, donde cada peso público se rastree y donde las licitaciones sean realmente competitivas. Hay avances, sí, pero la puerta trasera queda abierta para las obras militares. Además, la falta de mecanismos sólidos de planeación y fiscalización, así como el tenue compromiso en materia de transparencia, manchan el balance.
La buena noticia es que hay margen para corregir. El reglamento pendiente podría detallar mejor los diálogos estratégicos, exigir estándares para los estudios de mercado y ampliar la transparencia en la plataforma digital. Además, el gobierno debería impulsar por fin una ley de infraestructura para crear un espacio institucional pertinente para la planeación de obras públicas. Pero si no se cierran estas grietas, la reforma no transformará nada.
Al final, la pregunta es simple: ¿queremos una obra pública eficiente y abierta, o seguiremos tolerando islas de opacidad y cuentas por pagar que pudieron ser evitables? La respuesta definirá si esta reforma fue un verdadero cambio o solo otro trámite legislativo.
Un acercamiento más a detalle de esta reforma puede consultarse en este enlace: https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2025/05/2025-04-23-mexicoevalua-gasto-nuevaleyobras.pdf
