La reforma al Poder Judicial y la extinción de los organismos autónomos dieron inicio a una nueva era institucional en México. Todavía no desciframos qué tan lejos va a llegar esta era, ni qué tanto va a debilitar o deshabilitar a los mecanismos de gobernanza democrática y el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Pero lo poco que hemos visto no nos augura un buen desenlace.
La débil legalidad que nos caracteriza fue, es y seguirá siendo un argumento valioso en la narrativa pública para que el régimen que gobierna intervenga instituciones, las reforme y hasta las destruya —irónicamente, para “mejorarlas”—. Pero, por increíble que parezca, también esa débil legalidad (quizás menos débil de lo que asumimos) puede ser un estorbo real para materializar las ambiciones de discrecionalidad y concentración del poder del régimen que nos gobierna. Por eso seguiremos viendo cómo se debilitan los mecanismos de gobernanza democrática, pues ese proceso es requisito para asegurar la expansión y consolidación del régimen político.
El colapso de la legalidad institucional
Se documentó y difundió públicamente que la reforma judicial ya derivó en la salida masiva de cientos de jueces federales, lo que confirma la caída del contrapeso más relevante para los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación (hoy dominados por miembros provenientes de distintas facciones de Morena; pero al final, por la misma fuerza política): el Poder Judicial de la Federación (PJF), la institución más relevante de la legalidad en México. Con esa caída, se destruye el balance de poderes.
Así, en la segunda parte del año pasado colapsó el régimen de la transición democrática, y dio lugar a esta nueva era institucional. Sus características podrán entenderse a partir de las reformas que se impulsen. Será pertinente examinar qué funciones o mecanismos se busca reducir, eliminar o modificar en las instituciones y cuáles son las motivaciones detrás de los cambios, el para qué.
Lo que debe preocuparnos de la reforma al Infonavit
En ese tenor, recomiendo analizar la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) propuesta al cierre del año pasado, porque reúne una buena variedad de cambios o reformas que de manera muy obvia buscan debilitar el sistema de contrapesos del Instituto.
Se trata de un caso emblemático, pues postula reformas que evidentemente socavan la gobernanza democrática e implican un grave riesgo de pérdida patrimonial para los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con subcuenta de vivienda del Infonavit.
Por un lado, propone que el Infonavit pueda usar el patrimonio ahorrado de la subcuenta de vivienda de los trabajadores y, por el otro, debilita los mecanismos de gobernanza democrática que hoy le permiten transparentar, vigilar y auditar el uso de sus recursos.
Actualmente la ley establece que las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio exclusivo de los trabajadores. Sin embargo, la reforma propone que tales subcuentas se conjunten para conformar el Fondo Nacional de la Vivienda. Es decir, se desdibuja la individualización del patrimonio de los trabajadores y el Infonavit se vuelve “socio” de ese patrimonio. Además, la reforma propone un cambio en el uso de ese recurso. Se pretende que el Infonavit pueda adquirir inmuebles o suelo para la construcción de vivienda.
Actualmente, los recursos acumulados en las subcuentas individuales generan rendimientos al ser invertidos en instrumentos financieros, lo que beneficia a los trabajadores a largo plazo, ya sea para usar su crédito para adquirir una vivienda o como parte de su ahorro para el retiro. Con la reforma, la liquidez se gastará en adquirir tierra y construir vivienda, por lo que habrá menos dinero acumulado y por ende menos rendimientos. Además, el dinero de los trabajadores asumirá el riesgo de pérdidas asociadas a los proyectos de construcción, los cuales estarán a cargo de una nueva empresa. Lo propio sería que si el Infonavit va a usar estos recursos, fuera a cambio de que pague a cada trabajador un mayor rendimiento al que hoy recibe. El trabajador no tiene por qué perder.
La gran pregunta sobre esta iniciativa
La gran pregunta es si los nuevos negocios de construcción del Infonavit tendrán una vigilancia reforzada o especial. La respuesta es no; de hecho, la reforma busca disminuir el peso de los trabajadores y de los empresarios en los comités de transparencia, vigilancia y auditoría del Infonavit, al tiempo que aumenta el número de representantes gubernamentales en esos comités. De esta forma, el gobierno tendría una supremacía en los asuntos que se sometan a votación de estos órganos. El Gobierno federal tendría la victoria asegurada.
No obstante lo anterior, dicha reforma se anunció como un vehículo para cumplir con una “noble” meta: construir en conjunto con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) un millón de viviendas para los próximos años.
Detrás del discurso, el régimen busca operar instituciones con una nueva lógica; la explotación de bienes públicos y privados para mantener y seguir consolidando una base político-clientelar que asegure su permanencia, expansión y consolidación, incluso a costa de los derechos (y recursos) de los individuos. Las subcuentas de vivienda del Infonavit no serán las primeras (recordemos que el Fondo de Pensiones para el Bienestar se fondea con recursos de las cuentas no reclamadas o inactivas de las Afores), ni serán las últimas. Entre las instituciones que aún quedan con ese tipo de mecanismos que permiten identificar y potencialmente limitar el uso discrecional de los recursos públicos, todavía está el Infonavit. Los mecanismos no han sido perfectos pero debemos aspirar a su mejora, no a su debilitamiento o extinción.
