Hoy sabemos cuántos mexicanos sufren privaciones en sus derechos sociales o carecen de ingresos suficientes. Con la desaparición del Coneval, ese conocimiento no debe perderse.
Por Mariana Campos
México enfrenta una paradoja. Mientras se desmantela al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Gobierno sigue necesitando una directriz social efectiva. La relevancia de no dejar de evaluar las políticas sociales se incrementa con los cambios en las estrategias y modelos de intervención surgidos en el sexenio anterior.
Desde ese periodo y hasta la fecha, el Estado prioriza la entrega de transferencias universales —como las pensiones— en detrimento del financiamiento a servicios públicos esenciales o de infraestructura. Además, se canceló el seguro médico para las personas que no cuentan con registro en los servicios de los sistemas de seguridad social, y no ha logrado consolidarse la transición hacia un nuevo modelo de cobertura a través del programa IMSS–Bienestar. Las consecuencias de todos estos cambios en la equidad intergeneracional y en la desigualdad no pueden ser ignoradas. Requieren monitoreo y evaluación constantes.
Los datos siguen revelando que una porción relevante de mexicanos sufre privaciones en sus derechos sociales y muchos carecen de ingresos suficientes para una vida digna. Al mismo tiempo, el gasto en transferencias directas a la población ocupa una porción relevante del presupuesto. De hecho, en 2024 alcanzó niveles históricos. La decisión de desmantelar el Coneval se convierte entonces en una apuesta que no debe fallar.
Un punto de inflexión en la medición de política social
Desde 2004, el Coneval ha evaluado y producido evidencia para informar la toma decisiones en la conducción de medidas que impulsan el bienestar de la población. Su creación, bajo el amparo de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), respondió a la necesidad de medir la pobreza con un método robusto, transparente y replicable. Así, este organismo publicaba bases de datos, programas de cálculo y metodologías para verificar y reproducir sus resultados —un estándar que esperamos sea adoptado en el nuevo andamiaje institucional.
Las evaluaciones en el marco del Coneval evidenciaban, por ejemplo, qué programas del gobierno tenían un buen diseño, cuáles operaban de acuerdo con sus metodologías así como los resultados que arrojaban y sus áreas de mejora. En cuanto a la medición de la pobreza, sentó un precedente a nivel internacional al adoptar un enfoque multidimensional. Éste incorporaba el acceso a educación, salud y seguridad alimentaria para garantizar el cumplimiento de derechos sociales.
Hoy, la extinción de este Consejo también plantea interrogantes sobre el futuro de la evaluación independiente de políticas públicas en México, y por ende, de la toma de decisiones informada y la calidad institucional. Su desaparición marca un punto de inflexión en la historia de las instituciones mexicanas.
Autonomía y credibilidad son las piezas torales a salvaguardar
El Coneval se distinguió por su estructura colegiada y apartidista: seis consejeros académicos, elegidos mediante un proceso reforzado ante la injerencia política, garantizaban que sus mediciones y evaluaciones estuvieran sustentadas con evidencia, no sujetas a la agenda política del Gobierno. Esta autonomía, que logró de facto, le permitió alertar sobre retrocesos —como el aumento de 30 millones de personas sin acceso a salud entre 2018 y 2022— incluso cuando ya había cambiado su liderazgo y los datos eran incómodos al Poder Ejecutivo.
La reforma transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El INEGI, aunque cuenta con autonomía y ha demostrado ser un órgano técnicamente sólido en la producción de información estadística, no cuenta con experiencia en la medición de la pobreza ni en la evaluación de políticas públicas. Tampoco con un órgano o función que valide metodologías para ese fin, y que emita o promueva la generación de recomendaciones de política social. Estas limitantes imponen un desafío natural a la identidad y capacidad actuales de este Instituto.
La medición de la pobreza es una tarea políticamente sensible. Sus resultados impactan la percepción ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos. Por eso es indispensable preservar un espacio neutral donde se analice la metodología, se repliquen los cálculos y se interpreten los resultados desde un punto de vista técnico.
Nace el Consorcio por la Medición y la Evidencia
Ante este escenario, un grupo de centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas conformamos el Consorcio por la Medición y la Evidencia. Está integrado por: México Evalúa, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana, México ¿cómo vamos?, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Estos son nuestros objetivos:
- Buscar el diálogo continuo. Como organizaciones comprometidas con la evaluación de las políticas públicas, estamos convencidas de que este momento requiere construir espacios formales de colaboración continua con las instituciones responsables, particularmente el INEGI. Es indispensable conocer a fondo su planteamiento técnico, sus definiciones operativas y las acciones que emprenderá para garantizar la calidad y la coherencia de las mediciones.
- Analizar los resultados de manera independiente. Como lo hemos hecho durante años, analizaremos la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), para comprender las dinámicas económicas y sociales de los hogares y evaluar con rigor la evolución de la pobreza multidimensional en el país.
- Aportar métricas y análisis complementarios desde cada una de nuestras organizaciones, con el fin de enriquecer el debate público, alimentar el diseño de política social y fortalecer la confianza en los resultados que se presenten.
- Ver a esta nueva etapa como una oportunidad para mejorar continuamente las mediciones y evaluaciones. La política social necesita instrumentos que evolucionen al ritmo de los fenómenos que buscan captar. Esa mejora requiere apertura, evidencia y diálogo.
Mantener lo que está bien construido
La desaparición del Coneval envía una señal de pérdida o retroceso institucional: la evaluación técnica podría subordinarse a la coyuntura política. Desde el Consorcio buscamos preservar su legado: demostrar que es posible evaluar con rigor, incluso cuando la evidencia contradice a las narrativas oficiales. Nuestro compromiso es contribuir a que esa cultura de evaluación no se pierda.
