A media década del cierre del Seguro Popular, la salud no es primero. Estamos atravesando uno de los capítulos más oscuros de la atención de la salud en México y nadie está a salvo. La atención de la salud hacia una población de alrededor de 50 millones de personas que no cuentan con seguro social, está echada a la suerte. La evidencia recabada permite cuestionar la efectividad del sistema de salud IMSS Bienestar.
El reclamo de los médicos y personal de salud, así como la falta de presupuesto en los hospitales y centros de atención, anuncian que ese programa no ha funcionado y no va por la ruta de la efectividad. El financiamiento de los servicios de salud, tan insuficiente como ineficiente ya ha cobrado efectos en la vida de las personas y mermado el bolsillo de los hogares con menores ingresos. El pronóstico es que estos efectos se intensificarán en el mediano y largo plazos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el país con las tasas de mortalidad evitable más altas: 435 fallecimientos por causas prevenibles y 230 por causas tratables por cada 100 mil habitantes, contra 158 y 79 respectivamente en el promedio de la OCDE. Además, la población mexicana está próxima a un envejecimiento acelerado.
Médicos y personal de salud que labora en hospitales del sistema IMSS Bienestar han intensificado sus manifestaciones y protestas. Acusan malas condiciones de trabajo y falta de insumos para atender a los pacientes. En las últimas semanas, notas periodísticas en medios como El Universal, Reforma y El País dan cuenta de las quejas del personal y de los pacientes, y han documentado la grave carencia de insumos básicos que atraviesan los centros de atención a la salud en diversos estados del país.
Entre las consecuencias de la falta de presupuesto en este rubro, está la suspensión de servicios como consultas y cirugías programadas por escasez de materiales de curación y medicamentos. También advierten carencias en el suministro de servicios básicos para operar las instalaciones. Por ejemplo, el gas para los servicios hospitalarios —sin el cual no es posible atender cirugías—, o el pago del arrendamiento de los inmuebles, del equipamiento de laboratorio y de los proveedores del servicio de alimentación.
Una tragedia autoinflingida
Esta tragedia es muy lamentable pero no sorprende. Este año fiscal en México está marcado por un duro recorte al gasto público en salud, de casi medio punto del producto interno bruto (PIB).
Medido en función de la totalidad del gasto del Gobierno, el presupuesto en este rubro representará sólo el 9.5%: se trata de la proporción más baja desde 2016.
Al analizar la evolución del gasto por organismo, encontramos que los diputados aprobaron que esos recortes se centraran principalmente en el “sistema” que atiende a las personas sin seguridad social formal: el IMSS Bienestar. En contraste, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las dos principales entidades que agrupan a la población asegurada, sí registraron incrementos.
Esta brecha entre asegurados y no asegurados se amplía porque el IMSS Bienestar no cuenta con una gobernanza lo suficientemente sólida, es decir, un modelo de toma de decisión que favorezca el cumplimiento de su mandato. La Secretaría de Salud, máxima autoridad sanitaria de nuestro país, no preside la junta de gobierno del IMSS Bienestar. Además, no están representados los pacientes y los médicos en la toma de decisión de este Instituto ni hay mecanismos que consideren su punto de vista.
Otro déficit en su diseño es la falta de criterios que rijan la formulación de su presupuesto. En lugar de estar sujeto a asignaciones discrecionales por parte del Ejecutivo, éste debería de ser proporcional al número de población, al número de usuarios y a la prevalencia de las enfermedades. Así, el presupuesto del IMSS Bienestar es tierra fértil para los recortes presupuestales cuando el erario está apretado… como ahora.
Sin pretender afirmar que el IMSS se encuentra en condiciones óptimas, al menos tiene una gobernanza tripartita en la que participan representantes del sector obrero y patronal, por lo que ha resistido más a la hora de recibir asignaciones presupuestales.
Más recortes a salud en estados y hospitales de alta especialidad
Es importante aclarar que el presupuesto específico para el organismo IMSS-Bienestar aumentará en 2025, pero no es el único cajón de gasto que debemos analizar. De hecho, ese aumento no compensará la magnitud de los recortes al gasto federalizado de dos importantes rubros que afectarán los servicios que atienden a los no asegurados. Hablamos de los recursos que se distribuyen a los estados por medio del Fondo de Aportaciones para la Salud y Recursos para Protección Social en Salud (FASSA), y de la Secretaría de Salud. Los primeros se desplomaron 42.5%, y los segundos cayeron otro tanto: 38%. A través de esta Secretaría se financia no solamente a los Institutos Nacionales de Salud —centros hospitalarios de alta especialidad que sufrirán recortes—, sino a programas de vital importancia, como el de vacunación, que tendrá 68.7% menos recursos.
Al desagregar los recortes por estado, llama la atención que los 23 estados signatarios del IMSS-Bienestar, en conjunto, tendrán un recorte fulminante de 53% (54.5 mmdp) en los recursos que reciben del FASSA. Sobresale el caso de Puebla con un recorte de 72%.
Hay que recordar que, en 1996, se suscribió el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud con el fin de transferir la responsabilidad y administración de la sanidad desde el Gobierno federal hacia los gobiernos estatales. Sin embargo, en el sexenio pasado, los estados signatarios del IMSS-Bienestar devolvieron la responsabilidad de la gestión de la plantilla médica a la Federación y, con ella, los recursos para ese fin. Se trató de una ruptura con el paradigma de la descentralización del gasto que inició a fines de la década de los noventa, para regresar a la centralización que caracterizó la política sanitaria en la mayor parte del siglo XX.
Irónicamente, los nueve estados no signatarios —que son gobernados por la oposición— tendrán un recorte significativamente menor de frente a lo autorizado en 2024: sólo 8.5% (2.7 mmdp).
Con semejantes machetazos al presupuesto de los hospitales y centros de atención a la salud del sistema IMSS Bienestar a nivel estatal, este año podemos esperar más unidades afectadas y más notas periodísticas que documentan las fallas y las tragedias en las que derivan. Desde luego afecta en mayor medida a quienes menos tienen, entre otros, con mayores gastos de bolsillo y empobrecimiento. Sin embargo, la población que tiene la posibilidad de atenderse en el sector privado no está exenta de ser afectada cuando la prevalencia de las enfermedades aumenta. Si algo nos enseñó la pandemia de covid es que la enfermedad no se limita a un grupo social.
Directora general de México Evalúa
