Las políticas ambientales más avanzadas en el mundo, realizan cada vez más intervenciones y acciones de lo que se ha denominado “Restauración Ambiental”. De acuerdo con sus objetivos y el nivel de degradación de los ecosistemas, existen diversos niveles de restauración. Existe por ejemplo la restauración productiva, que tiene por objeto fortalecer actividades productivas sustentables como es la agroecología; la rehabilitación ecológica por otra parte, consiste en recuperar ciertos componentes o atributos de los ecosistemas, frecuentemente asociados con la provisión de servicios ambientales como los que provee un humedal, que van desde el abastecimiento de agua al control de inundaciones.
La reforestación, es una forma de restauración ambiental pero enfocada en el restablecimiento de diversas especies de árboles para terrenos forestales; de manera similar existe la refaunación, que persigue la reintroducción pero de poblaciones de fauna silvestre nativa para reinstalar sus funciones ecológicas. Otra posible intervención ambiental es la remediación, que se emplea en sitios severamente afectados y degradados como son minas a cielo abierto o vertederos de residuos.
No obstante, la intervención más amplia se ha llamado restauración ambiental, ya que contempla acciones para recuperar el nivel máximo de componentes, funciones y procesos de los ecosistemas degradados, con el interés de contribuir al mismo tiempo con la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales para las personas.
Sirva lo anterior para compartir que la Comunidad Económica Europea aprobó en junio de este año, una nueva Ley de Restauración de la Naturaleza, mediante la que buscan que todas las naciones de la Unión Europea, restauren al menos el 20% de sus zonas terrestres y marinas para el año 2030 y todos los ecosistemas que lo requieran para el 2050.
Los Estados de la Comunidad Europea elaboraron un diagnóstico con el que se reconoce que más del 80% de los hábitats europeos se encuentran en mal estado. Ahora lo que se busca, es que los Estados inviertan para restaurar y regenerar todos estos ecosistemas degradados por las actividades humanas y de esa forma contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad, así como garantizar la seguridad alimentaria. De hecho, se proponen intervenir en prácticamente todo tipo de ecosistemas y hábitats, desde humedales, bosques, pastizales, ríos y lagos, matorrales, así como hábitats rocosos y dunas.
Entre muchos de los objetivos que se proponen está el revertir la disminución de las poblaciones de insectos y animales polinizadores para 2030; revertir la tendencia creciente de madera muerta en pie para sustituirla por bosques con conectividad forestal y abundancia de aves forestales, que sirvan como reservas de carbono. También se han propuesta tener detener la pérdida de espacio verde urbano y de la cubierta forestal para 2030.
La nueva Ley de Restauración de la Naturaleza busca además la restauración de hábitats marinos como lechos de pastos marinos o fondos de sedimentos que brindan beneficios significativos para mitigar del cambio climático y restaurar los hábitats de especies marinas icónicas como delfines, marsopas, tiburones y aves marinas.
En nuestro país, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya ha comenzado a aplicar proyectos de restauración ambiental especialmente en microcuencas y terrenos forestales, pero es un modelo de intervención e inversión de recursos públicos, que me parece que debe continuar a fin de recuperar ecosistemas y cuerpos de agua degradados y contaminados en nuestro país, como por ejemplo la cuenca del Río Santiago en Jalisco.
Otro aspecto central, es asegurarnos de aplicar la legislación ambiental de forma preventiva para evitar que se sigan deteriorando más los ecosistemas. No tendría sentido invertir en grandes proyectos de restauración, si no impedimos al mismo tiempo que continúe el deterioro de humedales, cuerpos de agua, bosques o selvas, mediante actividades como la tala ilegal o las descargas ilícitas de residuos.