El próximo 1º de junio, México vivirá un momento histórico: por primera vez, elegiremos a quienes integrarán una parte fundamental del Poder Judicial de la Federación. Esta elección no sólo es un ejercicio democrático sin precedentes, sino también una oportunidad ineludible para abrir paso a una transformación urgente: la incorporación plena de reformas feministas que garanticen justicia real para las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país.
Durante décadas, las mexicanas hemos luchado contra un sistema judicial que, en muchas ocasiones, nos ha dado la espalda. Un sistema que ha normalizado la impunidad, que ha invisibilizado el dolor de las víctimas y que, tristemente, ha sido incapaz de ofrecer respuestas a la altura de las violencias que enfrentamos. Por eso, desde el Congreso y como representante comprometida con los derechos de las mujeres, levanto la voz para insistir: necesitamos una reforma feminista al sistema de justicia, y la necesitamos ya.
Uno de los ejes centrales de esta reforma debe ser la mejora sustantiva en el acceso a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes, particularmente aquellas que viven en contextos de vulnerabilidad. No es aceptable que la pobreza, la marginación o el origen étnico sigan siendo obstáculos para denunciar una agresión o recibir una sentencia justa.
Asimismo, es fundamental que el sistema judicial sea profundamente sensibilizado respecto a los derechos humanos de las mujeres. No basta con leyes progresistas en papel; necesitamos jueces, magistradas y operadores de justicia que entiendan —con perspectiva de género— lo que significa ser mujer en México, lo que significa enfrentar violencia, discriminación o abandono institucional.
Lo digo no solo como legisladora, sino como víctima: en 2023 presenté una denuncia por violencia familiar y violación. Desde entonces, he librado una dura batalla en los tribunales. Al inicio, se dictó prisión preventiva justificada para protegerme, pero pronto el proceso se vio entorpecido por la corrupción de uno de los jueces. Aquel juez cometió irregularidades graves: favoreció abiertamente a mi agresor e ignoró las evidencias —“montañas de pruebas”, como él mismo las calificó— que documentaban los hechos. A pesar de ello, y posterior a que tres veces justificó la prisión preventiva debido al riesgo que significaba para mí, finalmente resolvió no vincularlo a proceso. Hoy, con órdenes de aprehensión activas y ficha roja emitida, sigo esperando justicia. Y lo digo con claridad: ninguna mujer debería atravesar lo que yo he vivido. No podemos permitir que el sistema judicial siga revictimizando a quienes se atreven a denunciar. Exijo que esta historia no se repita con ninguna otra.
Mi agresor sigue fugado, ocultándose de la justicia, protegido por el silencio y la complicidad. Permanece en contacto con su familia, quienes lejos de colaborar con las autoridades, parecen facilitarle el continuar actuando con cobardía. No basta con que no esté enfrentando la justicia por el daño que me causó; no basta con el dolor que ha provocado y por el que aún no ha pagado. A pesar de todo, continúa buscando formas de violentarme, incluso desde el anonimato de las redes sociales, extendiendo sus amenazas hacia las personas que me rodean. Esta impunidad no puede seguir siendo la norma. La justicia debe llegar, y debe hacerlo de manera firme y ejemplar, no sólo por mí, sino por todas las mujeres que merecen vivir libres de miedo.
Estoy convencida de que las reformas feministas también permitirán fortalecer la confianza en nuestras instituciones. Las mujeres, niñas y adolescentes mexicanas merecen creer que la justicia existe, que su palabra vale, y que sus derechos serán defendidos con firmeza. Sólo así podremos comenzar a cerrar la brecha entre la justicia que soñamos y la que hoy, muchas veces, nos es negada.
Este 1º de junio es una fecha crucial. No sólo elegiremos a quienes determinarán la justicia de los procedimientos de cada ciudadano; también se espera que quienes resulten electos sean personas competentes, sensibles y preparadas para otorgar esa protección, seguridad y justicia que tantas veces nos ha sido negada como sociedad. Es hora de que el Poder Judicial deje de ser una barrera y se convierta en una garantía real para los derechos de todas y todos los mexicanos.
La ciudadanía exige y merece ver un cambio de verdad en México. Esta elección no es sólo una formalidad: es la oportunidad de construir un país más justo, más empático y profundamente feminista. Apostemos por un sistema que nos represente y que, de una vez por todas, esté a la altura del pueblo que dice servir.
Diputada Federal LXVI Legislatura
