El 1º de septiembre no solo comenzó un nuevo periodo en la Cámara de Diputados. Comenzó también la oportunidad de romper de una vez por todas con la simulación que durante décadas ha hecho de la política un espacio cómodo para los privilegios, pero violento y hostil para las mujeres.
La política no puede seguir siendo un club de poder donde se decide sobre nuestros cuerpos y se nos manda callar en la tribuna. O se convierte en un instrumento real de justicia social, o seguirá siendo un teatro vacío al servicio de unos cuantos.
En mi Primer Informe Legislativo presenté 20 iniciativas y 3 puntos de acuerdo. Todas nacen de la voz de la ciudadanía, pero hoy quiero hablar de dos que no admiten medias tintas ni regateos: acabar con la violencia política contra las mujeres y garantizar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
La primera, porque ser mujer en la política en México es todavía sinónimo de sobrevivir. Sobrevivir a amenazas, a difamaciones, a hostigamiento digital, a presiones para renunciar. Nos quieren fuera, nos quieren intimidadas, nos quieren calladas. No lo vamos a permitir. Mi propuesta es directa: sanciones más severas, expulsión inmediata de los agresores de cualquier cargo e inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. El mensaje es claro: quien violente a una mujer no tiene cabida en la democracia. Punto.
La segunda, porque en México los derechos aún dependen del código postal. En 18 estados las mujeres pueden interrumpir legalmente un embarazo hasta las 12 semanas; en el resto siguen siendo perseguidas como criminales, obligadas a viajar, a esconderse o a arriesgar la vida en la clandestinidad. Eso no es justicia, es tortura. Por eso nuestra iniciativa busca un piso parejo: que la Interrupción Legal del Embarazo sea un derecho en todo el país: seguro, gratuito y libre de estigmas. Ninguna mujer debería ser tratada como delincuente por decidir sobre su propio cuerpo.
Ambas luchas tocan la misma raíz: el control sobre las mujeres. En lo público, la violencia política intenta silenciarnos. En lo privado, la penalización del aborto intenta controlarnos. Una democracia que calla a las mujeres en la tribuna y las criminaliza en los hospitales es una democracia falsa.
Por eso lo digo sin rodeos: estas reformas no se negocian, no son moneda de cambio, no son “temas secundarios”. Son la frontera entre un México de simulación y un México de igualdad real.
La política no está para espectáculos ni para shows de gritos y sirenas en el Pleno. Está para garantizar que cada mujer pueda caminar libre, decidir sobre su cuerpo y participar en la vida pública sin miedo.
Ese es mi mandato. Y debe ser el mandato de todas y todos los que juramos representar al pueblo.
Porque si la democracia nos quiere calladas o criminalizadas, entonces no es democracia: es opresión. Y frente a la opresión, las mujeres no vamos a retroceder. Nunca más.
Diputada Federal LXVI Legislatura
