La celebración de la Independencia de México nos recuerda las deudas históricas en materia de libertades democráticas y el incumplimiento de derechos sociales del pueblo mexicano. Sin duda, nos encontramos en un momento histórico que abre posibilidades para un cambio, la pregunta es ¿Desde dónde se esta pensando ese cambio? ¿Un cambio para qué?
En el primer informe de gobierno, se colocó como uno de los ejes de acción de la 4T, la contrucción de un país con bienestar, señalando la necesidad de garantizar los principales derechos de los mexicanos, como medio para alcanzar ese bienestar. En ese sentido la educación y salud pública, han estado presentes en la agenda de Andres Manuel López Obrador.
En el tema educativo, el presidente estableció el compromiso de garantizar el derecho a la educación, que derivó en la derogación de la Reforma Educativa de Peña Nieto; posteriormente, planteó una reforma al artículo tercero constitucional y sus leyes secundarias, que medianamente buscaban separse de las propuestas neoliberales. Sin embargo, pensando en la educación como un espacio en disputa, las tensiones han sido evidentes, y hay dos vertientes: un proyecto que dé continuidad a lo que inició Peña Nieto, o un proyecto que responda a una educación puesta al servicio de la transformación social.
Lo que tenemos como resultado de los procesos de negociación, son la persistencia de definiciones de la OCDE sobre educación para la excelencia, el máximo logro de aprendizaje como el objetivo central de los docentes, la persistencia de la evaluación con fijación de estándares sin considerar la diversidad y la multiculturalidad de nuestro país, apertura de los consejos de participación social a la injerencia empresarial y un régimen de excepción laboral para los trabajadores de la educación.
En el proyecto educativo, el horizonte de la política continúa siendo la preparación de los niños y jóvenes para las evaluaciones estandarizadas. Los resultados de los distintos instrumentos que se aplican reiteran que el desempeño de nuestros niños y jóvenes, no es idóneo. Un ejemplo es el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), aplicado en junio de 2019, que “programó evaluar a 1,231,447 alumnos de tercer grado, de 36,567 escuelas secundarias públicas y privadas” (Primer Informe de gobierno, p.159). Los resultados para este año reiteran el bajo desempeño escolar, especialmente en matemáticas y comprensión lectora. Pero no podemos limitarnos sólo a los resultados, debemos poner nuestra atención a la situación actual de la educación pública y los factores que influyen en el proceso educativo.
El impacto de las evaluaciones estandarizadas es profundo y, ha obligado a organismos internacionales como la Unesco a analizar el estado que guardan. En su informe “La promesa de las evaluaciones de aprendizaje a gran escala” plantea el impacto de la masificación de las evaluaciones del aprendizaje, y la limitación que representa, asociar los resultados con la rendición de cuentas. (https://bit.ly/2lQRb02)
La educación de la 4T requiere de un debate amplio, especialmente cuando el esquema de evaluación neoliberal sigue presente, y corre un riesgo eminente frente a los intereses de la OCDE, pues su agenda sigue abierta y caminando para nuestro país, “Educación 2030”, el gran proyecto con el que intenta definir una visión estandarizada y mercantilista de la educación a escala global. La educación está en disputa: una educación para una formación integral para los niños y jóvenes, o una educación estandarizada al servicio de las empresas transnacionales.
Profesora Facultad de Economía /
CACEPS.caceps@gmail.com
