El próximo domingo tenemos una fiesta democrática. ¡Todos a votar! para elegir a quienes creamos nos pueden llevar a un futuro democrático, de libertades y derechos, es nuestra responsabilidad cívica; pero pasando el 2 de junio, no podemos dejar nuestro futuro en unas cuantas manos, debemos exigir se realicen cambios contundentes en materia de seguridad y justicia.
Para disminuir la impunidad del 99%, además de cambiar las leyes y mejorar las policías, las fiscalías y el poder judicial es urgente tener una estrategia para disminuir la violencia homicida, los mexicanos no podemos seguir normalizándola. Al mismo tiempo se debe discutir en el Congreso, entre otros, la legalización de las drogas, porque la estrategia punitiva solo ha servido a la autoridad para escudarse y no para solucionar.
En nuestra sociedad las drogas estén sobrecargadas de un contenido simbólico, asociadas con un profundo malestar moral. Así lo muestra la encuesta realizada por la Cámara de Diputados en 2020, donde señala que el 70.9% de los encuestados cree que si él consumiera marihuana su familia no confiaría en él.
Esto es el resultado cultural del régimen prohibicionista promovido por EUA y que domina la agenda global en contra de las drogas desde mediados del siglo XX. Sin embargo, todos los reportes disponibles, hablan del fracaso de la prohibición, evidenciando una enorme lista de consecuencias negativas, que en México hemos pagado con creces, entre ellas: el aumento del consumo y del enorme tamaño de la economía ilegal de las drogas; la conformación de organizaciones delictivas violentas para defender territorios y la diversificación a otros delitos; la corrupción de políticos, militares, policías, fiscales y jueces; la militarización de la seguridad que a su vez alimenta un círculo vicioso de violencia que genera una enorme cantidad de víctimas.
Una de las mayores consecuencias de la prohibición tiene que ver con el número de gente encarcelada. La inmensa mayoría no son los grandes traficantes líderes de los cárteles, ni tampoco son intermediarios en las redes de producción, comercio y contrabando de drogas (7,962 personas), sino los pobres que han sido encarcelados por posesión de cantidades menores (15,767 personas) con enormes repercusiones familiares y sociales.
Pero a pesar de los enormes costos que hemos pagado y de los años de retraso y retroceso, ningún presidente se ha atrevido a hacer cambios sustanciales. Aún con algunos avances, la penalización se mantiene intacta. Entretanto, iniciando por Uruguay en 2013, diversas naciones han implementado políticas alternativas a la prohibición, que tienen como fin la consolidación de un mercado regulado y fiscalizado de las drogas para abrir paso a su uso con fines industriales, médicos y recreativos, con éxito en disminuir las consecuencias negativas de la prohibición.
Aquí tenemos mucho por hacer, en los últimos sexenios las drogas han sido utilizadas por las autoridades y la prensa para explicar del alza delictiva y de la violencia contemporánea. Esto, le permite a los gobiernos justificar las muertes. Incluso, gran parte de los mexicanos siguen convencidos, a pesar de la evidencia, que el encarcelamiento de productores, distribuidores y adictos nos traerá paz evitando profundizar en las causas que hacen a México un país tan violento.
Exijamos a quien gane la presidencia, que tome distancia de discursos moralistas y se enfoque en los cambios necesarios para tener un país de libertades y derechos. Un país donde los mexicanos comprendamos las razones de la violencia homicida, en el que la política de drogas esté principalmente enfocada en la salud y la educación y en el que tengamos un sistema integral que evite que nos sigamos matando. (Colaboró Fernando Escobar Ayala)
