Cuatro de las reformas aprobadas en el periodo extraordinario que acaba de concluir son la de telecomunicaciones (Ley censura), de inteligencia en seguridad pública (Ley espía) así como la de población y la de desaparición forzada. En conjunto son una falsa promesa de modernización, seguridad y justicia. La realidad, es que consolida un modelo autoritario de vigilancia ciudadana sin límites ni garantías. Deben analizarse en conjunto porque coinciden en colocarnos bajo la lupa de un gobierno que concentra poder, debilita contrapesos y actúa sin supervisión judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en sus “mañaneras del pueblo” que estas reformas tienen el objetivo de facilitar trámites, combatir al crimen y encontrar desaparecidos, nada más lejos de la realidad.
La primera, la Ley de Telecomunicaciones, desaparece al IFT y crea una agencia bajo control del Ejecutivo, que podrá intervenir plataformas y contenidos sin orden judicial. La “neutralidad digital” es simbólica pues no hay mecanismos de vigilancia ni sanciones. No es una ley para ampliar el acceso a la libertad de expresión, sino para vigilar y controlar el discurso público.
La segunda, la Ley de Seguridad Pública, crea el Sistema Nacional de Inteligencia, que permite acceder a datos fiscales, bancarios, de salud y biométricos, también sin supervisión judicial clara. No profesionaliza la seguridad, ni mejora las capacidades de los policías, sino que institucionaliza el espionaje y amplía la capacidad del Estado para vigilar a quien considere incómodo.
La tercera, la Ley de Población, introduce la CURP biométrica, que incluirá huellas, rostro, voz y firma. Será obligatoria para acceder a servicios básicos y trámites. Al igual que las otras, no establece garantías de protección ni supervisión independiente; y lo más preocupante es que permite que militares, fiscales y policías consulten esta CURP biométrica de cualquier persona, sin orden judicial, cuando lo consideren “necesario”, sea lo que esto signifique.
Esta ley pudo ser valiosa en un gobierno democrático, pues permitiría auditar programas sociales, facilitar trámites y ampliar el acceso a derechos. De hecho, un grupo de ciudadanos la impulsamos en gobiernos anteriores. Sin embargo, en un régimen autoritario como el actual, una base de datos centralizada y sin controles se convierte en un arma peligrosa. No es una herramienta de inclusión, es una infraestructura de vigilancia total.
La cuarta reforma, la Ley de Desaparición Forzada, se aprobó invocando el dolor de las familias buscadoras, pero sin contar con su respaldo. La nueva ley permite a cualquier autoridad consultar la CURP biométrica sin orden judicial, con el argumento de búsqueda; incluso obliga a particulares e instituciones a entregar datos personales al gobierno. Lo más grave es que no fortalece las capacidades reales de búsqueda ni las forenses. Hoy hay más de 50 mil cadáveres sin identificar, y sin laboratorios, ni peritos, ni presupuesto, ninguna base de datos resolverá esa tragedia.
Estas reformas no son herramientas técnicas aisladas. Son parte de un sistema que permite al Estado acceder a tus datos, rastrear tus movimientos y vigilar tus acciones en nombre de tu seguridad o una supuesta empatía con las víctimas de desaparición. Esto ocurre mientras el INAI fue liquidado, el Poder Judicial amenazado y la militarización avanzando.
No necesitamos un Estado que sepa todo sobre nuestra vida. Necesitamos uno que nos proteja, que busque a los desaparecidos, y que respete la pluralidad, tus derechos y tus libertades. Pretenden hacernos creer que combaten la desaparición, pero en realidad están desapareciendo tu derecho a la privacidad.
Estas leyes tristemente no devolverán a los desaparecidos, pero sí nos convierten a todos en potenciales vigilados.
Presidenta de Causa en Común
