Carlos, un joven empresario sinaloense, fundó junto a unos amigos una empresa de productos tecnológicos. Les tomó años de esfuerzo consolidarla pero hoy está al borde de la quiebra. En medio de la violencia entre grupos criminales, les han robado la mitad de la flotilla de camionetas. Ni la estrategia del gobierno federal, ni el gobierno estatal han sido capaces de encontrar los miles de vehículos robados o al menos de contener el robo de más de 25 vehículos diarios en el estado.
Desde septiembre pasado, Sinaloa vive en el terror. Aunque Culiacán es el epicentro, la violencia también ha golpeado a Navolato, Guamúchil, Mazatlán, Los Mochis, Choix, Badiraguato, entre otras ciudades. La violencia no es homogénea, en algunos casos son homicidios masivos; en otros, control del espacio social, desapariciones, desplazamientos forzados, robo de vehículos y extorsiones. Si esto continúa, 2025 será el año más violento en la historia del estado.
Lo más alarmante es el reclutamiento y la victimización de los jóvenes. El 43 % de los detenidos durante esta crisis tienen menos de 29 años, incluso son niños. Según cifras oficiales, las personas entre 14 y 30 años representan más del 50 % de las víctimas de homicidio y desaparición.
En Sinaloa los grupos criminales no operan al margen del gobierno, sino que muchas veces operan a través de él. No es solo un estado violento, es una red de poderes públicos y privados capturados por el crimen. La Fiscalía apenas tiene capacidades de investigación; hay menos de mil policías estatales -algunos coludidos, muchos mal preparados-, cuando deberían ser al menos cinco mil, bien seleccionados y profesionalizados. Las cárceles, además, son también un desastre. A pesar de todo ello, el gobernador Rubén Rocha Moya prefiere construir camellones que instituciones. La impunidad le es funcional.
Los sinaloenses no nacieron para vivir bajo la sombra del crimen. Fueron empujados por el abandono institucional, la normalización del miedo y la impunidad, aprendieron a convivir con los criminales, a volverse espectadores pasivos y a normalizar lo atroz. Al igual que en otros estados, esa pasividad es clave para que políticos corruptos sigan operando y los criminales sean parte del gobierno.
No obstante, eso no significa que no puedan elegir otra historia. Desde la sociedad civil y el sector empresarial hay esfuerzos auténticos. En enero, miles se manifestaron, hay organizaciones que documentan desapariciones, participan en mesas de seguridad y acompañan a las madres buscadoras y empresarios que han impulsado iniciativas de cultura, legalidad corporativa y alianzas cívicas. Lamentablemente, todas enfrentan un muro, la permanencia de autoridades cómplices.
¿Se puede vivir en paz si las estructuras políticas siguen capturadas? No.
Recomponer el poder local es indispensable. Los empresarios honestos y las madres buscadoras de Sinaloa tienen legitimidad para exigir que se hagan auditorías institucionales, que realmente se invierta en la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y que haya mecanismos verídicos de evaluación pública. Es urgente adaptar modelos exitosos de otros países con cooperación internacional. También lo es crear un sistema de bienestar emocional que apoye a romper los ciclos de violencia en las familias y los jóvenes. Así como recuperar espacios abandonados para convertirlos en espacios biofílicos que reconstruyan la comunidad.
La intervención del secretario Omar García Harfuch y del Ejército pueden contener pero no transformar. No es suficiente, porque no resolverán ni la impunidad cotidiana ni la crisis emocional que impide la convivencia pacífica.
Si quienes hoy resisten encuentran protección, legitimidad y futuro, entonces Sinaloa puede ser el lugar donde la legalidad tenga sentido. A los sinaloenses no les faltan ideas ni fuerza, les falta gobierno. Mientras sigan mandando los que pactaron con el crimen, cualquier esperanza será precaria.
Presidenta de Causa en Común