Dos días, dos reuniones de alto nivel. El martes, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Hubo acuerdos importantes, pero —como ya nos acostumbró la 4T— nada sobre el presupuesto para llevarlos a cabo. Un día después, Marco Rubio, secretario de Estado de EU, se reunió con ella y presentó un programa de seguridad fronteriza cargado de exigencias y presión desde Washington.
En el Consejo, Omar García Harfuch resaltó que “el futuro de la seguridad pública depende del fortalecimiento de las policías estatales y municipales” y de las fiscalías; el trabajo del CNSP, dijo, consiste en generar acuerdos con lineamientos y plazos específicos para presentar y ejecutar instrumentos, lo que en teoría facilitará dar seguimiento a su cumplimiento. El secretario tiene claro que, pese a la disminución en algunos delitos, la violencia es intolerable; pero sin policías locales profesionales y sin fiscalías capaces armar carpetas robustas, el esfuerzo federal es insuficiente. Se acordó armonizar leyes estatales, profesionalizar a las policías, mejorar la inteligencia y reforzar la búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, sin recursos ni sanciones a gobernadores que incumplan, todo corre el riesgo de quedarse en papel. Basta recordar que antes, a pesar de llegar a acuerdos específicos en el Consejo, estos se quedaban en el cajón de los gobernadores mientras la violencia seguía creciendo. Esa falta de compromiso mina cualquier esfuerzo.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en su intervención habló de la prevención como si fuera la panacea; sin un solo dato que la respalde, más pareció un discurso de ocurrencias para nutrir clientelas que una estrategia con impacto. Sobre los desaparecidos, presumió la CURP biométrica —que aún no existe— y aseguró que “la mejor respuesta es atender a las víctimas”, aunque rara vez se reúne con ellas. Sin métricas de búsquedas, identificaciones o casos judicializados, el gobierno puede presumir planes tecnológicos mientras las familias siguen buscando con picos y palas. La distancia entre discurso y realidad es obscena.
El miércoles, Rubio llegó tras el ataque aéreo y naval de EU contra un bote supuestamente vinculado al Tren de Aragua en el Caribe, donde murieron 11 personas. Trump y Rubio justificaron la acción bajo la narrativa de “terrorismo”; bastó la presunción de pertenencia criminal para hundirlo. Ese precedente de “amenaza inminente” no solo afecta a México, también a Centroamérica y al Caribe, donde cualquier embarcación pesquera puede ser vista como sospechosa. La inseguridad jurídica abre un vacío legal tan grave que puede desestabilizar tanto como lo hace la violencia criminal.
El acuerdo que Sheinbaum esperaba se redujo a un memorando de entendimiento. Un compromiso político útil como señal de cooperación, pero sin sanciones ni mecanismos de exigibilidad. Incluye lo que ya se viene haciendo: intercambio de información, operaciones conjuntas, combate a drogas, armas, trata de personas, finanzas ilícitas y huachicol. Todo bajo un discurso de respeto a la soberanía, en medio de una militarización regional que eleva la tensión.
El balance de la semana desnuda la paradoja: en el CNSP hubo acuerdos puntuales, pero sin recursos ni certeza de que los gobernadores los cumplirán. La visita de Rubio, en cambio, evocó la Iniciativa Mérida, miles de millones invertidos, capos detenidos, pero sin impacto en la disminución de la violencia o en el aumento en la confianza en la justicia. Repetir esa historia sin cambiar la raíz sería condenarnos al mismo fracaso. Lo que el gobierno mexicano debería entender es que, por más criminales que se extraditen, para Trump nunca será suficiente. Sin instituciones sólidas y sin cortar la corrupción política vinculada a los criminales, no tendremos estrategia que funcione, México seguirá pagando la violencia y la agenda de seguridad binacional continuará dictada desde Washington.
Presidenta de Causa en Común